En la reunión de alcaldes que propició LA NUEVA ESPAÑA, Alfredo Canteli, al frente de la corporación en Oviedo, hizo las veces de portavoz de sus 77 colegas en Asturias. Criticó la «vigilancia excesiva» por parte de la administración autonómica, «la quimera» que supone la independencia de los municipios y las «gravosas competencias impropias» que los ayuntamientos asturianos asumen para responder a las necesidades de sus vecinos. En un discurso corto y directo, reclamó, como suele hacer, «diálogo», señaló a los ayuntamientos como «la administración pobre del sistema político de nuestro país» y votó por una conjura entre las administraciones locales y la regional «para solucionar el déficit de autonomía municipal que padecemos».
En su papel de voz de los alcaldes, Alfredo Canteli, huyó de polémicas partidistas y puso en el lugar de las necesidades ineludibles revertir la situación. «Es imprescindible avanzar hacia una posición más justa para los ayuntamientos, teniendo en cuenta que lo sufrimos desde hace mucho tiempo y que no hay culpabilidades únicas para uno u otro gobierno, ni para uno u otro partido», afirmó.
Reclamó Canteli que, ante las competencias impropias que asumen los ayuntamientos y sus correspondientes costes, es necesario «más compromiso del Estado y de la administración autonómica para mejorar los canales de financiación de nuestros ayuntamientos». Pidió además, bien quedar liberados de esas gravosas competencias impropias, o recibir «compensaciones adecuadas» por asumirlas. Y encontró Canteli el ejemplo en el reciente acuerdo para la gestión de las escuelas infantiles, por el que el Principado asume casi todo su coste y libera de una importante carga a los ayuntamientos. Canteli explicó que ese «casi» excluye el mantenimiento de las instalaciones y el sobrecoste del personal docente. «Es decir, que vamos a seguir financiando competencias que no nos corresponden, soy consciente de que las soluciones mágicas no existen, por eso acepté el acuerdo».
El alcalde de Oviedo reclamó el «derecho a tomar las decisiones que afectan a nuestros ciudadanos sin ninguna supervisión o trámite que, en muchos casos, llega con tintes políticos y no objetivamente técnicos». El marco legal en el que se mueven las administraciones locales es el lastre que señala Canteli para justificar la lentitud a la que se ven abocados. «Estamos encorsetados por leyes y organismos externos de control que ralentizan, cuando no impiden, muchos de nuestros proyectos. Sufrimos una legislación en materia de contratación que parece hecha para que no se contrate nada, eternizando hasta los más sencillos trámites»
Campo San Francisco
Para ilustrar esas injerencias que denuncia, Canteli acude a una reciente comunicación del Principado, en la que su servicio de patrimonio avisa de que todas las actividades que se hagan en el campo San Francisco deben contar con la autorización de la Consejería. «¿Cómo se puede cuestionar la independencia del ayuntamiento para decidir qué se puede hacer o no allí, cuando es evidente que durante años se ha utilizado sin ponerlo en peligro? Y cuando hubo algún desperfecto, se resolvió al día siguiente». Son ese tipo de actuaciones las que encienden los ánimos en los municipios, por cómo frenan su actividad. «Es una injerencia que solo sirve para incrementar la burocracia y hacer imposible cualquier uso, dados los plazos para estas gestiones», zanjó Canteli.
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