España se prepara para afrontar el gran rompecabezas -legislativo, político, social y también estrictamente operativo- de elegir dónde y cómo construir el enorme almacén que guardará todos los residuos de alta radiactividad durante milenios. El nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), recién aprobado por el Gobierno, confirma el cierre de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035; establece la edificación de siete almacenes temporales de deshechos radiactivos, uno en cada central, para tenerlos allí durante cinco décadas; y contempla también la construcción futura de un almacén geológico profundo (AGP) para guardar los residuos para siempre.
El cementerio nuclear definitivo -una suerte de gran agujero en el terreno en el que descansarán los residuos de manera permanente- debe estar listo en principio para 2073 y aún está por decidir su diseño y también su localización. Un auténtico ‘megaproyecto’ con un presupuesto previsto de casi 4.100 millones de euros de aquí hasta el año 2100, según se contempla en el plan de residuos aprobado por el Gobierno y elaborado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
El cálculo del plan que aún falta para su puesta en marcha, de casi cincuenta años a contar desde ahora, es conservador, basado en la experiencia internacional. Los trabajos para tenerlo listo durarán décadas, pero el Ejecutivo ha decidido activar ya de facto el proceso por la complejidad técnica del proyecto y, sobre todo, por la enorme dificultad de conseguir en los próximos años el apoyo social y político necesarios para elegir una ubicación para el futuro almacén.
Fichaje de la única empresa del mundo con un AGP
Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares en España y que formalmente depende del Ministerio para la Transición Ecológica -comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera-, acaba de adjudicar el primer contrato vinculado directamente a la futura construcción del AGP. La empresa ha contratado como asesor del proyecto a la compañía Posiva Oy, la única del mundo titular de un almacén geológico profundo ya en construcción y que estará en funcionamiento en Finlandia en 2025, tras dos décadas de obras.
Enresa ficha a Posiva para que le ayude a definir el contenido y la organización de toda la información previa necesaria para iniciar el proceso de evaluación de la seguridad del proyecto del futuro almacén y para que el grupo nórdico comparta toda su experiencia en el procedimiento de licenciamiento de su proyecto de almacén Onkalo, en la localidad finlandesa de Olkiluto, según se recoge en documentación oficial de Enresa adelantada por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. Posiva trabajará para ayudar al proyecto español como asesor durante dos años, en un contrato adjudicado por importe de casi 103.000 euros.
La empresa pública española ha decidido contratar al grupo finlandés en un proceso sin publicidad al entender que era el único proveedor posible para los servicios que hacían falta. Al ser la única empresa del mundo con un AGP tan avanzado y que ha superado la evaluación de seguridad y comportamiento del proyecto, se ha considerado que era la única que podía garantizar una transmisión del conocimiento necesario.
El almacenamiento geológico profundo es la solución técnica actualmente aceptada internacionalmente para guardar de manera definitiva los residuos nucleares, y países como Finlandia, Suecia, Suiza o Francia ya han activado sus procesos para contar con este tipo de instalaciones. Por lo general, el proyecto consiste en aislar de manera definitiva, para siempre, los residuos en cavidades a unos 500 metros de profundidad en terrenos con condiciones concretas, fundamentalmente arcillosos o graníticos.
Estudios en los ochenta y los noventa
El PGRR contempla ocho etapas para el largo proceso hasta tener operativo el almacén definitivo de los desechos nucleares. Desde este mismo año y hasta 2025, se actualizará todo el conocimiento disponible sobre el asunto, con la revisión de la información realizada hasta el momento (en esta fase es en la que participará Posiva Oy); entre 2026 y 2028 será el momento de desarrollar la ley para regular el proceso de elección del emplazamiento e identificar a los actores que deben participar en el proceso; entre 2029 y 2032 tocará elegir de facto un listado de ubicaciones posibles del futuro cementerio nuclear; entre 2033 y 2039 se realizará un análisis completo de los emplazamientos y se elegirá el localización candidata final; entre 2040 y 2059 se realizarán los trabajos de caracterización y verificación de la idoneidad del emplazamiento; entre 2060 y 2071 se ejecutará los trabajos de construcción del almacén y se activará el proceso para recibir la autorización de explotación; y tras una operación en pruebas desde 2072, el objetivo es que el almacenamiento esté operativo desde el año 2073.
Entre los ochenta y los noventa del siglo pasado, Enresa ya desarrolló trabajos de preparación del futuro AGP. La compañía realizó entonces un estudio primigenio de áreas de toda España con características geológicas (tener terrenos arcillosas, graníticas o salinas) y de estabilidad como para acoger el almacén, y también realizó diseños genéricos de cómo debería ser la instalación en función de los diferentes tipo de terreno. En el desarrollo de esos trabajos Enresa ya invirtió en total unos 113 millones de euros, y ahora Posiva Oy colaborará en determinar qué parte de esa información acumulada sigue siendo útil. En 1996 el plan de búsqueda de emplazamientos se paralizó por el ruido social que generaba la posible ubicación de la instalación definitiva y para apostar por la construcción de un almacén temporal.
En busca del consenso social
Hasta la última versión del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, el Ministerio para la Transición Ecológica mantuvo abiertas dos alternativas para guardar los residuos durante unas décadas: construir siete almacenes por toda España o levantar un único cementerio centralizado temporal (que era el proyecto que ha estado vigente durante años, con la elección de Villar de Cañas en Cuenca como ubicación, y que ahora ha quedado por completo descartado).
El Gobierno ha alegado que la “falta de consenso social, político e institucional” demostrada durante el periodo de tramitación del nuevo plan de residuos hizo “inviable” la opción de un único almacén centralizado. Desde el sector nuclear se apunta que se debe a que ninguna comunidad autónoma respaldaba la posibilidad de acoger el cementerio nuclear, a pesar del interés de algunos ayuntamientos. España ahora afronta el gran debate de dónde estará su cementerio nuclear definitivo y se prepara para activar nuevas fórmulas para asegurar ese consenso social y político exigible.
El Gobierno, Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reconocen que conseguir esos consensos políticos y sociales es el mayor reto para impulsar el proyecto del almacén definitivo y que el proceso no descarrile. El plan para conseguirlo pasa por dar estabilidad máxima al proceso mediante una ley con un apoyo claro en las Cortes para articular un procedimiento de participación institucional y social que sea la base del consenso para la selección con éxito de una ubicación para el AGP.
Adelantar la puesta en marcha
Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales, defiende haber incluido en el PGRR el plazo de tener listo el almacén final en 2073 por prudencia. La experiencia internacional actual muestra que el tiempo que hay que destinar para desarrollar todo el proceso hasta la puesta en marcha de un almacén geológico se sitúa entre los 40 y los 50 años. Y Enresa optó por ese plazo mayor, aunque entiende que podrá acortarse.
El Gobierno, Enresa y también el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han respaldado públicamente, no obstante, el objetivo de adelantar el cementerio nuclear definitivo para liberar lo antes posible los terrenos que hoy ocupan las centrales nucleares para dedicarlos a otros proyectos industriales, como exigen las grandes eléctricas propietarias de los reactores.
Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, dueñas de los reactores ubicados en España, presentaron un documento conjunto de observaciones al borrador PGRR en el que pedían mantener sólo durante dos décadas los residuos nucleares en cada una de las centrales y activar directamente la construcción del cementerio definitivo para adelantar su puesta en marcha 25 años antes de lo previsto por el Ejecutivo, para que esté operativo como tarde en 2050 y no en 2073, como adelantó este medio.
Todas las centrales nucleares españolas, salvo Vandellós II, ya cuentan con sus propios almacenes temporales individualizados (ATI). Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP apostaron en sus alegaciones por utilizar estos almacenes individuales como solución intermedia durante un par de décadas, hasta que se puedan trasladar todos los residuos al gran cementerio final, el AGP, en 2050.
La propuesta de las grandes eléctricas es utilizar los ATI de cada central para dejar allí los residuos durante dos décadas, pero sin llegar a realizar los trabajos para su conversión en almacenes más completos y con instalaciones complementarias en las que albergar los desechos durante más de cincuenta años, como contempla el PGRR para convertirlos en almacenes temporales descentralizados (ATD).
La pretensión de las compañías es adelantar el almacén definitivo para liberar los terrenos en que estarán los silos temporales y así poder utilizarlos para otros usos industriales de manera adelantada. El Gobierno se ha mostrado abierto a adelantar la puesta en operación del almacén definitivo y acelerar los plazos, pero sin marcar otra fecha que no sea la de 2073 oficialmente prevista.
Las grandes eléctricas están protagonizando ahora un choque con el Gobierno a cuenta de la subida de la tasa que pagan las centrales nucleares paga financiar el coste de desmantelar las plantas y de gestionar los residuos radiactivos que generan. El Ministerio para la Transición Ecológica propone una subida de la tasa del 30% (y eso después de rebajar su aspiración, hasta hace unas semanas la propuesta oficial era aumentarla un 40%), que las propietarias de las centrales rechazan y contra la que ya han emprendido una batalla legal en el Tribunal Supremo para tumbar el PGRR y el carpetazo definitivo del proyecto de almacén de Villar de Cañas.
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