Las cinco proposiciones de ley presentadas por PP y Vox en las Cortes Valencianas avanzan en su tramitación. El pleno del Consell, formado por los mismos partidos, ha emitido en su reunión de este martes su criterio favorable a las cinco iniciativas, como era previsible, por lo que este miércoles la Mesa del parlamento podrá fijar el calendario para su debate en el hemiciclo. El ritmo de llegada de estas a las Cortes está por definir, si bien la izquierda sospecha que aterrizarán todas de una tacada, lo que «diluiría» su negociación según alertan desde PSPV y Compromís.
Esta batería legal (Libertad Educativa, Concordia, À Punt, Transparencia e incompatibilidades y la de la Agencia Valenciana Antifraude) ha sido ampliamente criticada por los grupos de la oposición en las Corts e incluso el Gobierno de España ha anunciado recursos contra una de las iniciativas, la conocida como Ley de Concordia, por considerar que van contra la ley estatal que regula la memoria democrática.
PSPV y Compromís presentarán, por su parte, enmiendas a la totalidad a las cinco leyes y los valencianistas, que no descartan impulsar otro recurso de inconstitucionalidad desde el Congreso, preparan también movilizaciones con colectivos afectados.
«Se preocupan por leyes que todavía no existen»
Tras la reunión semanal del Consell, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Ruth Merino, ha vuelto a cuestionar esta ofensiva judicial de la izquierda como ya hiciera hace dos semanas tras la presentación de las iniciativas legislativas. «Están muy preocupados por leyes que todavía no existen y en las que tendrán la oportunidad de intervenir», ha señalado la también consellera de Hacieda.
El propio president, Carlos Mazón, también se pronunció entonces en términos similares, abogando por el «diálogo legislativo» en la carta remitida a la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant.
«La ley de concordia amplía derechos»
Según Merino, la ley de Concordia «no restringe derechos sino que los amplía», ya que «reconoce a víctimas que antes no tenían este sustento legal», ha dicho en referencia a las víctimas de ETA, que según el Consell quedaban excluidas con la normativa vigente y que pasan a estar amparadas por esta nueva ley. Así, pese a las quejas de colectivos memorialistas, ha subrayado que el Consell entiende que esta norma «no hace daño a nadie» sino «al contrario». «No entendemos que el Gobierno esté preocupado por lo que no existe y no por las leyes que sí existen y que llevan años caducadas, como la de la financiación autonómica», ha criticado Merino.
Contra el fin de la ‘golden visa’
La portavoz también ha confrontado directamente con el Gobierno al ser preguntada sobre el anuncio de Pedro Sánchez, que este lunes abrió la puerta a la eliminación de las llamadas ‘golden visa’, los permisos de residencia que se otorgan a ciudadanos extranjeros que invierten más de 500.000 euros por la compra de bienes inmuebles.
Un anuncio electoralista
Merino ha considerado que el anuncio, que ha tildado de «ocurrencia» y de «electoralista», evidencia que Sánchez «no entiende el problema de la vivienda». Según ha explicado, «solo el 0,7 % de la compra de vivienda de extranjeros en la Comunidad Valenciana durante 2022 tuvo aparejada una golden visa».
Por ello, la consellera ha recomendado a Sánchez «fijarse en el Consell», que según ella «tiene un plan que sí que ofrece una posibilidad cierta de construir vivienda», ha dicho en referencia al plan Vive presentado la pasada semana por Carlos Mazón.
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