Por segunda vez en medio año, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, desfilará este lunes por los pasillos del Senado. Su objetivo, el mismo del pasado octubre, será defender la amnistía ante los ataques del PP en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Los populares han convocado este foro para sumar un ladrillo más al muro que pretenden construir contra la medida de gracia y la argamasa será un informe devastador en el que denuncian el «precedente peligroso» que supone para el Estado autonómico. Pero, ¿qué se debate en realidad y qué implicaciones tiene?
Un texto del PP sin consecuencias
Lo primero es comprender que el informe que va a aprobar la Comisión General de Comunidades Autónomas está redactado únicamente por el PP y no tiene en cuenta las opiniones ni propuestas del resto de formaciones políticas. Con su mayoría absoluta, los populares han impuesto este texto y este lunes lo pondrán en boca de la Cámara Alta. Además, no tiene ninguna implicación real, ya que no es vinculante y solo servirá para mostrar el parecer del Senado ante la amnistía. Eso sí, el informe acompañará a la norma durante el resto de la tramitación y hasta su llegada al Tribunal Constitucional o a instancias europeas.
La dimensión autonómica
El PP se aferró a un artículo del reglamento del Congreso para solicitar un informe a esta comisión sobre las repercusiones autonómicas que puede tener la amnistía. No obstante, el documento desarrolla escasamente este aspecto. Subraya que es un «precedente peligroso» para el Estado autonómico porque ofrece «una expectativa de impunidad a todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales» futuros que desafíen «los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad».
También detallan que la medida de gracia afectaría económicamente al resto de comunidades al perdonarse los delitos de malversación que dañan a la Hacienda única del Estado, de la cual se financian todas las autonomías, vulnerando el principio de igualdad.
Tramitación e inconstitucionalidad
El grueso del informe se centra en denunciar la tramitación «fraudulenta» de la ley, detallando distintos incidentes que han ocurrido en su paso por el Congreso, y su «inconstitucionalidad«. En este sentido, el PP sostiene que la amnistía no está recogida en la Constitución; que durante la redacción de la Carta Magna se rechazaron dos enmiendas para incluirla; y que están prohibidos los indultos generales y, por tanto, implícitamente las amnistías. Sobre este argumento, los populares apuntan que la ley es, en realidad, una reforma encubierta de la Constitución, ya que viene a ocupar un vacío. Esta es la base sobre la que este miércoles aprobarán en el pleno del Senado un choque con el Congreso por usurpación de funciones que, previsiblemente, acabará en el Tribunal Constitucional.
Principio de igualdad y separación de poderes
«La amnistía implica una flagrante violación del principio de igualdad«, asevera el informe. Según los populares esto se debe a que exime a «un colectivo de ciudadanos, los amnistiados, de la observancia de una norma». Además, el PP afirma que supone también una «alteración del principio de división de poderes«, ya que se «rectifican decisiones judiciales previas e incluso se impide la legítima actuación del Poder Judicial». Y, por último, sostienen que «destruye la certeza del derecho y la previsibilidad de las consecuencias jurídicas anudadas a su aplicación». Todo esto, insisten, se podría hacer si estuviera en la Constitución.
Aviso al TC y conclusiones
Tras esta crítica exhaustiva, el informe asegura que la amnistía supone la «deslegitimación del Estado, de su Derecho y de sus Instituciones». En este sentido, avisan al Tribunal Constitucional de que si no anula la norma cuando esta sea aprobada se creará un «precedente nefasto» y «nada impedirá a otra mayoría coyuntural en el futuro aprobar otras amnistías» y ofrecer impunidad a «todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales«. «Nos encontramos, por ello, ante el mayor atentado contra el principio de seguridad jurídica que se ha producido en España desde la aprobación de la Constitución de 1978», concluyen los populares.
