La obtención del permiso de residencia es un proceso tedioso para la amplia mayoría de la población inmigrante; sin embargo, si eres rico y estás dispuesto a desembolsar una gran cantidad de dinero, esto no supone un problema. El visado oro, conocido comúnmente como Golden Visa, es un mecanismo contemplado en múltiples Estados a través del cual las personas con grandes fortunas pueden obtener el permiso de residencia a cambio de realizar una gran inversión en el mercado inmobiliario. En España, el umbral establecido para que un inversor pueda obtener el visado se sitúa en los 500.000 euros. Al menos hasta ahora, pues el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el fin de este trampolín al permiso de residencia.
El concepto Golden Visa, llamado formalmente como “visado de residencia para inversores”, se aprobó en España en verano de 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, como un mecanismo para atraer capital extranjero en un contexto de crisis financiera mundial. Para ello, se abrieron dos vías. Por un lado, se ofrecía la posibilidad de adquirir inmuebles, siempre que estos superasen los 500.000 euros. Por otro, la compra de más de dos millones de euros en títulos de deuda pública o bien más de un millón de euros en depósitos bancarios o acciones de empresas.
El Ejecutivo, antes del anuncio de este lunes, ya limitó la concesión de la Golden Visa tras la invasión de Ucrania, dejando fuera de la lista a los ciudadanos rusos. Según datos del Gobierno de España, los visados expedidos entre 2013 y 2022, incluidos los permisos de residencia para inversores en capital, inmuebles y acciones empresariales, se cifraba en torno a los 4.940, tal y como consta en una respuesta al diputado de Más País entonces, Íñigo Errejón. De esa cifra total de visados, en torno a un 20% corresponde a inversores rusos (969). La mayoría, en cambio, corresponde a ciudadanos chinos, con un total de 2.263 visados expedidos; mientras que el 2,7% son de ucranianos.
Qué es la Golden Visa
El visado oro es una autorización de residencia para aquellos extranjeros no residentes en la Unión Europea que acometan una inversión significativa de capital. A través de este mecanismo, se pueden recortar los plazos de adquisición, en virtud de la Ley 14/2013. Este texto permite la agilización de la tramitación, con carácter general, en un plazo de 10 días para todos aquellos visados que se incluyen el articulado y de 20 días para la autorización de residencia. Esta vía permite residir en España durante un año sin necesidad de tramitar la tarjeta de identidad de extranjero, cuya renovación podrá efectuarse aun existiendo ausencias superiores a seis meses al año.
A la Golden Visa se podía acceder por diversas vías. Por un lado, a través de activos financieros, realizando una inversión inicial por valor igual o superior a dos millones de euros en títulos de deuda pública o un millón en acciones o participaciones sociales de empresas españolas con una actividad real de negocio. Asimismo, también se podría conseguir en un escenario de inversión de un millón de euros en fondos, ya sea de carácter cerrado o de capital riesgo, pero siempre que sean constituidos en España.
Otro de los caminos posibles se situaba en la compra de inmuebles en España con un valor superior a 500.000 euros de inversión por cada solicitante. Por otro lado, en el caso de invertir en un proyecto empresarial, la operación debe estar sujeta a un informe favorable que debe obtener previamente a la solicitud del visado o la autorización de la residencia. En este punto, se acompañaba de un impreso de la solicitud de informe de proyecto empresarial, una copia del DNI o Pasaporte, o, en caso de que no se presente por el solicitante, los documentos pertinentes que acrediten al representante.
El fin de las golden visa
Pese a ser una práctica generalizada en Europa, las instituciones comunitarias, tanto el Parlamento como la Comisión, han solicitado ya en múltiples ocasiones a los países miembros que acaben con esta herramienta. Desde entonces, gran parte de los Veintisiete han escuchado a Bruselas y han puesto fin a esta medida que, más allá de su carácter desigual y elitista, facilita y fomenta la especulación inmobiliaria, encareciendo aún más la vivienda.
Uno de los últimos países en cambiar su normativa para atender al tirón de orejas de Bruselas fue Portugal. Concretamente lo hizo bajo el mandato del socialista Antonio Costa, otrora primer ministro del país vecino. Irlanda o Chipre, dentro de las fronteras de la UE, Canadá o Reino Unido, fuera de estas, son otros países que han decidido eliminar este visado. España, Grecia, Bulgaria o Malta son los únicos que lo mantienen con la única condición de la inversión inmobiliaria (en Italia, por ejemplo, se exigen también una inversión empresarial).
A pesar de que en España se puede conseguir el visado oro por invertir medio millón de euros en bienes inmuebles, existen otras modalidades para obtener ventajas a cambio de realizar desembolsos millonarios. Los extranjeros también podrán recibir la residencia si se convierten en inversores de capital y desembolsan dos millones de euros o más en títulos de deuda pública o, por la mitad, si invierten en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital españolas. Lo abultado de estas inversiones introduce otro inconveniente que se suma a la desigualdad y su afectación negativa en el mercado inmobiliario: el blanqueo de capitales.
