«Lo que me estaban haciendo no era humano». Estas palabras resonaron este lunes en una sala de la Audiencia de Barcelona donde cuatro mossos d’esquadra se han sentado en el banquillo de los acusados por la detención violenta de un joven chileno, Ignacio A. F. C. en el barrio de El Raval el 13 de noviembre del 2020, cuando todavía se aplicaban restricciones por la pandemia del covid. La fiscalía reclama ocho y medio de prisión para cada uno de los agentes por un delito contra la integridad moral, detención ilegal, lesiones y falsedad por supuestamente haberse inventado un atestado policial para justificar el arresto. Para intentar disminuir la pena, los imputados han pagado la indemnización de 3.400 euros a la víctima para que, de esta manera, se le aplique la atenuante de reparación del daño. Este dinero va directamente al joven y, como apreció el tribunal, no se le será devuelto a los acusados aunque sean absueltos.