España ha concedido 6.200 ‘golden visas’ a inversores extranjeros desde 2013, la mayoría a compradores de inmuebles por un valor superior a medio millón de euros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este lunes que eliminará esta fórmula, que permite conseguir el permiso de residencia en España, «para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo».
Por nacionalidad, los que más se han beneficiado de estos visados han sido los ciudadanos chinos y rusos, seguidos de los iraníes, estadounidenses y británicos. Los datos, que abarcan hasta septiembre de 2023, proceden de un informe de Transparencia Internacional España, una asociación que se los pidió a Exteriores mediante una solicitud de información pública.
Las ‘golden visa’ o visados de oro se introdujeron en nuestro país durante el gobierno de Mariano Rajoy con la idea de atraer talento e inversión internacional. Los supuestos que contempla la ley que los regula (14/2013) son varios: además de inversores, el Ejecutivo pretendía que vinieran emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y trabajadores de empresas extranjeras.
De hecho, otros datos sobre este tipo de visados a los que ha accedido El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, muestran que se conceden anualmente muchos más visados a familiares de emprendedores, profesionales altamente cualificados y empleados extranjeros que a inversores y compradores de vivienda.
Una respuesta parlamentaria formulada por Bildu en 2020 reveló que, durante sus seis primeros años de aplicación, se concedieron 15.447 visados a familiares de emprededores, 7.205 a profesionales cualificados y 5.648 a trabajadores extranjeros solicitando el traslado en su empresa, frente a los 3.725 visados a inversores expedidos en el mismo período. Juntando ambas fuentes de información y una tercera respuesta parlamentaria (a PDeCat) se extrae que, de media, se conceden unos 630 visados a inversores cada año. La mayoría son por inversiones inmobiliarias, no por otro tipo de inversiones.
Inversor chino busca piso
Para acceder a una ‘golden visa’ de inversor basta comprar un inmueble en España que valga más de medio millón de euros o, en su defecto, varios que sumen esa cantidad (aunque no es lo habitual). La otra opción es invertir dos millones de euros en títulos de deuda pública española o un millón de euros en acciones de empresas, fondos de inversión o depósitos de bancos españoles.
La introducción de estos visados creó un nicho de mercado. Algunas inmobiliarias se han especializado en los últimos años en traer a compradores de China, gestionarles la compra del inmueble y la obtención de la tarjeta.
«Recogemos a los clientes inversores en el aeropuerto con nuestro chófer y asesores chinos, que se les acompañan durante su estancia en la capital», se publicita Bafre, una empresa destacada del segmento. «Realizamos visitas a nuestros inmuebles. Finalmente, les asesoramos en su compra y la obtención del permiso de residencia o ‘golden visa’, todo a través de nuestro departamento y asesoría legal. Podemos cerrar ventas en la misma semana».
Una táctica habitual de Bafre para captar potenciales vendedores de vivienda es dejar octavillas en barrios madrileños con el eslogan «grupo inversor chino busca piso».
Los inversores rusos son los segundos beneficiarios de las ‘golden visa’ españolas, aunque tras el estallido de la guerra de Ucrania el Gobierno dejó de concedérselos. Así lo acredita una respuesta parlamentaria de marzo de 2022 a una pregunta formulada por Joan Baldoví (Compromís), Íñigo Errejón e Inés Sabanés (Más País). «En la actualidad no se están expidiendo visados amparados en la Ley 14/2013 a inversores de capital, inmobiliarios y de proyectos empresariales, así como a emprendedores, de nacionalidad rusa».
Las ‘golden visa’ para compradores de vivienda han recibido críticas tanto a la izquierda como a la derecha del arco político. El ahora portavoz de Sumar Íñigo Errejón dijo de ellas que eran «un coladero de dinero negro» en España y que encarecían «brutalmente» los precios de la vivienda. Ciudadanos, por su parte, registró en 2022 una proposición no de ley instando al Gobierno a eliminarlos y a limitar la concesión de este tipo de visados a «inversiones productivas en la economía española».