¿Qué le parece que lo llamen a declarar a la comisión de investigación por el caso Koldo?
Al saltar este asunto, el primer partido que aprobó pedir una comisión de investigación fue el PSOE. Espero que vayamos todos los presidentes y digamos cómo fueron las cosas, que el PP no ponga pegas a que vaya la de Madrid, el de Galicia y resto de las comunidades porque todos sufrimos un momento muy difícil.
¿Le llamó Koldo García para que contratase con la empresa de la trama investigada?
No. Pero nos llamaban alcaldes de todos los colores, diputados, empresas e instituciones de todos partes. En Canarias, se gestionó a través del Servicio Canario de Salud. El material llegó, se pagó más barato que en otros sitios y, por tanto, el expediente es correcto. Es legal.
¿Usted dice no haber tenido ningún contacto con García?
Se pone mucho énfasis en quién llamó a quién, cuando creo que lo importante es si los procedimientos son reglados o irregulares y perseguir al que haya cometido una ilegalidad. Si hubo comisionistas que se lucraron del dolor que lo paguen. Por eso soy exigente con el PP; no lo está haciendo con la presidenta de Madrid. He dicho claramente cómo fue la gestión para contratar a esa empresa. El material llegó en los primeros meses de la pandemia.
La Fiscalía Europea investiga esos contratos. ¿Teme que pueda hallar alguna irregularidad?
Ninguna. Jamás ordené que se contratara a una empresa u otra. Se hizo con los servicios técnicos y funcionariales, que hicieron un trabajo tremendo. Un momento difícil, había que buscar material; empresas que vendían bebidas alcohólicas pasaron a vender hidroalcohólicas; las que nunca habían hecho mascarillas las hicieron; las que hacían parabrisas, respiradores. No podemos olvidar aquello. Algunos parece que se han olvidado para dañar en lo político.
¿La comisión debería citar a todos los presidentes durante la pandemia, incluido Feijóo?
Incluido Feijóo. El PP, que está siendo tremendamente duro con el Gobierno, luego se abstiene en el Congreso para que se investigue o se requiera a todos los presidentes. Toda acusación del PP al Gobierno o a los presidentes socialistas queda deslegitimada cuando es incapaz de votar a favor de investigar a los del PP.
«Jamás ordené que se contratara a una empresa u otra, se hizo con los técnicos y funcionarios»
¿Para cuándo la reforma de la ley de Extranjería y cómo distribuirán a los menores no acompañados que llegan a Canarias?
Estamos avanzando con reuniones con el Gobierno de Canarias y con partidos políticos porque esto acaba en las Cortes Generales. Se modificará el artículo 35 de la ley y debemos establecer los criterios que deberíamos llevar a una conferencia sectorial donde están todas las comunidades para proponer una distribución de los menores. Ahora estamos determinando los cupos, las posibilidades de los territorios y terminando este trabajo con el Ministerio de Infancia. Espero tenerlo rematado en dos semanas.
¿Confía en tener el consenso?
Podemos tener un acuerdo sobre la propuesta pero no se desarrollará sin apoyo político previo. No tramitaremos la ley sin amplio consenso. Es una modificación histórica de una competencia autonómica, nunca estuvimos tan cerca. El Gobierno apoyará el texto acordado ¿El PP aceptará la imposición en sus territorios de Vox, que dice que mientras gobierne no acogerá inmigrantes de otros sitios? Deberá posicionarse.
El informe que llevó al Consejo de Ministros sostiene que la ley de concordia aprobada por las Cortes de Aragón vulnera la Constitución y el Derecho Internacional.
Es una ley de derogación de la ley de memoria democrática de 2018 aprobada por Javier Lambán. Elimina muchos artículos relacionados con el Derecho Internacional: una disposición adicional que obliga a homenajear a aragoneses que perdieron la vida en los campos de exterminio nazi. Eso va mucho más allá de la guerra de España. Es un derecho internacional, una vulneración de los derechos humanos. También elimina el mapa de fosas comunes, una obligación de derechos humanos en cualquier parte del mundo, e incluso los lugares de memoria dentro y fuera de Europa.
«En dos semanas estarán los criterios para modificar la Ley de Extranjería por los menores»
¿Sin haber analizado las leyes de Castilla y León y Comunidad Valenciana, aún no aprobadas, por qué son inconstitucionales?
Llevan consigo una anulación de una ley anterior de ámbito estatal, que en su primer punto condena la dictadura. No me vale que el presidente de Castilla y León o el de la Comunidad Valenciana digan que hubo dictadura. ¿Si es así, por qué lo retiran del texto?
El Gobierno de Aragón aduce que su norma es «jurídicamente intachable». ¿Qué pasos van a dar?
Estamos culminando el expediente, activaremos el artículo 33.2 [el mecanismo de la ley del Tribunal Constitucional para abrir un proceso de negociación] porque hay discrepancias, muchas jurídicas, entre una administración y otra, e intentamos llegar a un acuerdo. Si están tan seguros, no tendrán problema en sentarse con nosotros.
¿Si no se sientan, acudirán directamente al Constitucional?
Lo lógico es que se sienten para que, en los seis meses que marca la ley, intentemos ponernos de acuerdo. Si no, iríamos al Constitucional y a estamentos internacionales. Si la respuesta es no, automáticamente se activaría la vía del Constitucional con un informe previo del Consejo de Estado. Un órgano con pluralidad política y jurídica deberá manifestarse al respecto; su informe será muy importante.
«Feijóo quiere ser presidente, ve que solo podría hacerlo con la ultraderecha y se entrega a ella»
¿El Gobierno cubrirá aspectos de la ley que se deroguen durante ese tiempo?
Si cualquier autonomía elimina, por ejemplo, el mapa de fosas o el que las administraciones colaboremos para la recuperación de las víctimas, deberíamos activarlo de oficio en la ley de memoria democrática. Ya se adelantó en 2007 con la ley de memoria histórica y se consolidó con la ley de memoria democrática de 2022. Hasta 2007 no había ayudas públicas para exhumaciones en fosas de víctimas de la guerra y de la dictadura. Eso también lo deroga el Gobierno de Aragón.
¿Se haría a través de un decreto?
Es una modificación legislativa, se haría a través del cauce que nos digan los servicios jurídicos. Activaremos los mecanismos de oficio. Desarrollaremos la ley de memoria democrática si hay comunidades que quieren poner palos en las ruedas, donde gobiernan PP y Vox.
La derogación de las leyes de memoria también se recoge en los programas de coalición de los gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana o Islas Baleares.
Es una sumisión del PP a Vox. La prueba es que muchos artículos de la ley de Aragón fueron enmiendas del PP. Ahora, obligado por Vox y abrazando sus principios, que quieren una involución democrática, acepta derogar aquello que antes aprobó. Un paso atrás que debería hacer reflexionar al PP sobre los pagos que debe hacer a la ultraderecha para, por ejemplo, no condenar lo que pasó en los campos de exterminio o por qué de manera expresa no dicen que la dictadura debe ser condenada.
«El PP abraza la involución democrática de Vox y deroga lo que antes aprobó»
¿El marcaje a las comunidades de PP y Vox tiene que ver con un intento de desviar el foco de asuntos como el caso Koldo o de condicionar el debate electoral a tres meses de las elecciones europeas? Feijóo habla de «cortina de humo».
No fuimos nosotros, sino el Gobierno de Aragón, quien aprobó en febrero la derogación de la ley de Lambán. Y tampoco fuimos nosotros, sino el PP y Vox en Castilla y León o en la Comunidad Valenciana, quienes registraron una proposición de ley en Semana Santa para igualar la dictadura con la democracia de la Segunda República y blanquearla. ¿En qué ley cabe igualar una etapa sin libertad con otra donde los representantes eran elegidos por el pueblo? Me gustaría saber qué opina el Parlamento Europeo de que una comunidad autónoma elimine el homenaje a víctimas de los campos de exterminio nazi.
El PP votó contra la ley de memoria democrática y Feijóo ya dijo antes de las generales que la derogaría si gobierna.
Hay dos Feijóo. El que presidió la Xunta y el que llega a Madrid, quiere ser presidente, ve que solo podría hacerlo con la ultraderecha y se entrega a ella. El nuevo presidente de la Xunta no piensa en ninguna ley de concordia. En otras comunidades donde gobierna con mayoría absoluta o en otras circunstancias, como Canarias, el PP tampoco tiene en la cabeza derogar ninguna ley de memoria democrática. Lo hace obligado por Vox, cediendo a sus principios. En Castilla y León derogando un decreto del propio [Alfonso Fernández] Mañueco. No le importa claudicar e ir contra sí mismo porque le obliga Vox. Hay un PP que quiere gobernar como sea, incluso con la ultraderecha, y otros PP que aceptan las partidas económicas de la comisión sectorial con las autonomías.
¿Cómo garantizarán los recursos económicos para que no se pare ninguna exhumación?
Hay tres millones de euros acordados con las comunidades autónomas por cada ejercicio presupuestario, más otro millón para la FEMP, y subvenciones para ayuntamientos. Todo ese dinero para exhumar. Si hay comunidades que no quieren los fondos del Gobierno o no ponen fondos propios, lo haremos nosotros.
Las leyes de concordia dicen tener que no diferencian a las víctimas de uno y otro bando.
No es verdad que estemos exhumando a unas víctimas y a otras no. Lo que es real es que durante la dictadura, Franco ordenó exhumar a los de su bando, el nacional, los que vencieron, los que estuvieron del bando que dio un golpe de Estado. Fueron exhumados y sus familias, recompensadas económicamente. No se exhumó a los que estaban en fosas y defendieron la República ni se recompensó a sus familias. Por suerte, llegó una ley de memoria histórica que puso las primeras bases para compensar a quienes perdieron a los suyos con un tiro en la nuca, en fosas, en pozos.
«Culminaremos la resignificación de Cuelgamuros con un centro de interpretación»
Visitó Cuelgamuros con el presidente del Gobierno el jueves ¿Cómo está siendo el proceso de identificación de víctimas?
Hay restos de 33.000 personas. Las del bando nacional venían en cajas individuales y con su nombre. Las que llegaban de fosas comunes, en cajas compartidas que podían tener restos de 10 o 12 personas sin saber quiénes eran. Los del bando nacional están identificadas. Los 12.000 del republicano, no. Hay quien que ha estado 30 años poniendo flores en una fosa para acabar sabiendo que estaban en Cuelgamuros.
La ley de memoria democrática incluyó la resignificación el Cuelgamuros, pero siguen allí los monjes benedictinos.
El Gobierno está avanzando ello y el 23 de abril irán varios acuerdos al Consejo de Ministros. Aparte de la creación de tres comisiones de reparación del pueblo gitano, de víctimas republicanas y de otras en los primeros años de la transición, irá un decreto para seguir avanzando en las exhumaciones de Cuelgamuros. Ya son casi 200 peticiones para identificar restos con el ADN gracias a un trabajo científico magnífico. Hay que dar pasos que no son sencillos pero lo hacemos con premura para culminar con un centro de interpretación.
¿Para cuándo?
Entre este año y 2025. Tendremos algunos problemas. Ante quienes quieran frenar las actuaciones, recurriremos.
¿Y la extinción de la Fundación Francisco Franco?
La extinción de esta fundación y las que enaltecen a figuras o hechos de la guerra civil y la dictadura es cuestión del Patronato, dependiente del ministerio de Cultura. Se están dando los últimos pasos. Ha habido expedientes a otras fundaciones y han recurrido pero desarrollaremos la ley.
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 encabeza la contraofensiva del Gobierno frente a la derogación de las leyes de memoria democrática por parte de ejecutivos autonómicos de PP y Vox){kind=link}