El PP ha diseñado una semana de infarto contra la amnistía. Tras meses urdiendo su respuesta contra la medida de gracia, los populares materializarán la próxima semana en el Senado un triple rechazo a la norma: aprobarán un informe contra la ley en la Comisión General de Comunidades Autónomas, registrarán su propuesta de veto y activarán el conflicto con el Congreso para acudir al Tribunal Constitucional por el choque de competencias. Ninguno permitirá frenar la tramitación de la amnistía, pero los populares consideran que todo ello servirá para fundamentar sus futuros recursos ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Si algo tiene el PP en esta legislatura es la mayoría absoluta en el Senado y un gran poder autonómico. El lunes harán valer ambos en la Comisión General de Comunidades Autónomas donde aprobará un informe en el que denuncian que la amnistía sienta un «precedente peligroso» para el Estado autonómico ante futuros «actos insurreccionales». El texto, aunque no es vinculante, acompañará a la norma durante el resto de la tramitación y llegará hasta el TC cuando el PP recurra la ley.
Habrá siete presidentes autonómicos del PP presentes para mostrar el rechazo de su formación, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. Sin embargo, habrá cinco bajas, entre ellas las de los presidentes de Galicia y Andalucía, Alfonso Rueda y Juanma Moreno, respectivamente. Tampoco estarán los tres presidentes socialistas. Quien sí acudirá, como ya hizo hace seis meses, es el president de la Generalitat, Pere Aragonès, para «trolear al PP». El PSOE, ERC y Junts defenderán sus votos particulares ante el informe del PP. Las tres formaciones defienden la constitucionalidad y conveniencia de la amnistía.
Choque institucional
Entre las 26 páginas del informe, los populares insisten en que la amnistía no está recogida en la Constitución y que, por tanto, la ley actual es una «reforma encubierta» de la Carta Magna. Este argumento es la base sobre la que el PP aprobará el miércoles un escrito en el pleno del Senado pidiendo al Congreso que retire la norma, ya que le usurpa competencia. De lo contrario, llevarán el conflicto entre ambas instituciones hasta el Tribunal Constitucional. No obstante, la respuesta del tribunal de garantías tardará entre tres y cinco meses por lo que llegará cuando la ley ya haya sido aprobada.
Este mismo argumento ya lo utilizaron hace casi 20 años, cuando recurrieron la ley de matrimonio homosexual y el TC lo rechazó. En la sentencia de 2012 aclaró que una ley puede ser constitucional o no, pero que «lo que no es posible es hablar de alteración de la Constitución en el sentido de modificación de su contenido normativo, puesto que cualquier contradicción entre un enunciado legal y otro constitucional se salda con la declaración de inconstitucionalidad del primero». Es decir, dejó claro que si un texto es inconstitucional será derogado, pero en ningún caso modificaría la Constitución, por lo que el argumento era rechazado.
El veto parlamentario
Y, por último, pondrán en marcha el tercero de los rechazos, el de la vía parlamentaria, cuando registren su enmienda a la ley con el objetivo de vetarla. A falta de que el PP se decida por rechazar la norma directamente o modificarla para dejarla sin efecto, este martes termina el plazo para que registren la iniciativa con la que tumbar la norma en la Cámara Alta. Nuevamente, este movimiento será simbólico porque el voto negativo del Senado será levantado semanas después por el pleno del Congreso.
Las tres iniciativas, aunque carentes de efectos a corto plazo, servirán al PP para construir sus recursos ante distintas instancias. Fuentes populares recuerdan que la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, apuntó a la necesidad de que la amnistía fuera refrendada por una amplia mayoría. Así, blandirán el informe de la Comisión de Comunidades Autónomas como prueba de la división que genera la medida de gracia. También les servirá para elevarlo al TC cuando presente el recurso de inconstitucionalidad.
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