Al menos una persona murió y otras dos quedaron heridas tras un enfrentamiento que se produjo este viernes entre trabajadores de la mina de oro Poderosa y mineros ilegales que intentan tomar una bocamina de esa explotación, ubicada en la provincia de Pataz, en la región de La Libertad, en el norte de Perú, informó la empresa.
El gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, Pablo de la Flor, denunció en el Canal N de televisión que en los choques «lamentablemente se ha registrado un primer deceso» y también se tiene el reporte de que hay otros dos trabajadores de la empresa heridos. «Estamos en una situación francamente preocupante, que ya aboca no solo resultados materiales, sino que ha cobrado vidas», enfatizó De la Flor, quien horas antes había informado que dos torres de alta tensión de la mina sufrieron un atentado con explosivos que provocaron su derrumbe, a pesar de que la zona está resguardada por militares.
El representante dijo que «es una situación difícil de entender» que esto haya sucedido a pesar de la presencia de militares en la provincia, que ha sido declarada en estado de emergencia, y que los atacantes han ocupado el 40% de una de las bocaminas de la minera. Indicó que el lugar está siendo defendido por los guardias de seguridad de la empresa, junto con mineros artesanales y «sin contar con la cooperación de la Policía, que lamentablemente no lo ha hecho» a pesar de sus pedidos. «Esperemos retomar el control con apoyo de la Policía, lamentablemente aún no se ha presentado», dijo antes de indicar que los atacantes conforman «un grupo variopinto de bandas criminales ilegales, algunas con vínculos internacionales».
De la Flor afirmó a primera hora de este viernes que volvieron a «ser víctimas de un nuevo atentado», después del ataque que sufrieron en diciembre pasado y que provocó la muerte de nueve trabajadores. El gerente consideró que este ataque es una aparente consecuencia de la derogatoria de un decreto legislativo en el Congreso que permitía el combate en forma «más contundente» de la minería ilegal en zonas como Pataz, ubicada a unos 880 kilómetros al norte de Lima. «Ya llevamos 15 torres dinamitadas y a esto hay que sumar la lamentable pérdida de vidas que ha generado estos enfrentamientos en el pasado», sostuvo.
En febrero pasado, el Gobierno declaró en estado de emergencia a las provincias de Trujillo y Pataz, en la región La Libertad, por un plazo de 60 días, para enfrentar la ola de violencia vinculada a organizaciones criminales y la minería ilegal. Tras conocerse la información difundida por De la Flor, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, mostró su «repudio ante cualquier tipo de acciones de esta naturaleza que no hacen sino generar terror». «El Ejército está coordinando las acciones con apoyo de la Policía Nacional y la criminalidad no va a pasar», sostuvo en el Canal N antes de decir que aún no tiene información detallada sobre el último ataque, pero pedirá que las fuerzas de seguridad intervengan de inmediato.
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