Al renunciar a presentar los Presupuestos Generales de este año, el Gobierno ha tenido que recalcular la ruta y buscar otras formas de compensar a sus socios. Uno de los más agraviados por la situación es Bildu, así que el Ejecutivo incluirá partidas económicas en otras leyes que sirvan para contentarle.
Tras las elecciones del 23 de junio, Bildu siguió una estrategia distinta a otros socios del Gobierno. Los separatistas vascos se convirtieron en la única formación que no invistió a Pedro Sánchez mediante la firma de un pacto. De existir, nunca se ha hecho público.
Dado que sus votos eran necesarios para Sánchez, el objetivo de Bildu era ir consiguiendo distintas cesiones a lo largo de la legislatura. Gran parte de su estrategia se centraba en lograrlo a través de los Presupuestos Generales del Estado, algo que les ha funcionado bien otros años.
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De haber salido adelante los Presupuestos, Bildu podría haberse presentado a las elecciones vascas con una retahíla de compromisos arrancados al Gobierno, principalmente en materia de infraestructuras. Sin embargo, de manera inesperada, la convocatoria de las elecciones en Cataluña llevaron al Ejecutivo a obviar las cuentas de este año por la inestabilidad que aporta una convocatoria electoral.
La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, verbalizó en la última sesión de control al Gobierno su malestar y denunció el «evidente perjuicio» a la mayoría social por renunciar a presentar las cuentas públicas y dijo que estaban llegando a un «buen acuerdo presupuestario».
Aizpurua pidió a Sánchez, además, que el Gobierno encontrase «otras vías y fórmulas» para llevar a cabo lo que estaban acordando y «no tener que esperar más estas mejoras». Dicho y hecho: el Gobierno se compromete a esas «otras vías».
Fuentes del Ejecutivo reconocen que en Bildu están «molestos, porque los compromisos que habíamos adquirido con ellos decaen». El PSOE ya había avanzado mucho en la negociación de los Presupuestos con Bildu y, aunque aseguran que servirá para sacar adelante las cuentas de 2025, a los separatistas vascos no les sirve como munición para sus elecciones.
«A los de Bildu, aunque no suelen hablar de los nacionalistas de Cataluña, les da rabia que la situación catalana les acabe perjudicando«, explica una persona del Gobierno acostumbrada a negociar con ellos. «Bildu había fiado todo a los Presupuestos y querían rentabilizarlo ahora, pero no podrán», añade.
«Se puede meter»
Según explican desde el Ejecutivo, para la investidura de Pedro Sánchez no se llegó a ningún acuerdo de relevancia que implicara directamente a los Presupuestos Generales. «No hay nada ineludible», aseguran.
Sin embargo, entienden la necesidad de mantener a Bildu entre sus apoyos. A fin de cuentas, la aritmética parlamentaria es tan ajustada que el PSOE no se puede permitir dar por hecho a ningún socio si quiere aprobar leyes y mantener la legislatura rodando.
«Si hay algún reclamo económico, se puede meter en otras leyes», explican. Es decir, que si bien no hay Presupuestos, se pueden acordar también para que los independentistas vascos puedan sacar pecho. Y se hará en la negociación habitual con Bildu para sacar adelante otras normas.
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«Aunque estemos con los Presupuestos de 2023 prorrogados, sobre esas mismas cuentas puede haber cierta movilidad, se puede ser flexible en alguna partida de las cuentas prorrogadas», explican. Recuerdan, eso sí, que el Gobierno ha cumplido con las transferencias del primer trimestre.
Como ejemplo de lo que podría pasar, sirve el acuerdo del año pasado entre Gobierno y Bildu para subir las pensiones mínimas de viudedad y equipararlas a las contributivas. Aunque el Ejecutivo estaba dispuesto al aumento, el partido de Arnaldo Otegi se apuntó el tanto.
En un comunicado, la formación aseguró que había conseguido «mejorar la propuesta del Gobierno». Los socialistas esperan que este año pasen cosas similares, pero también con «inversiones», el principal interés de Bildu.
Eso sí, tienen que hacer un cierto equilibrio, ya que si Bildu intenta conseguir esas cesiones antes de las elecciones vascas, podría ir en detrimento del propio PSOE en el País Vasco. Lo más seguro es que sean cesiones que tengan lugar después de las elecciones.
