Tras el adelanto de las elecciones catalanas, en la dirección del PSOE no acababan de ver la posibilidad de que Carles Puigdemont fuese el candidato de Junts. Entendían que no entraba en sus planes y que no asumiría el riesgo de apagar su épica con una derrota en las urnas. Cuando todo apuntaba a que daría el paso, los días antes del anuncio, lo rebajaban a una candidatura simbólica. No como candidato efectivo, sino de “postureo”, interpretando que se presentaría a las elecciones europeas. Puigdemont volvió a romper los esquemas a los socialistas, renunciando a la candidatura de las europeas y asegurando que acudiría a la investidura. En el PSOE asumieron el reto como una especie de todo o nada, viendo la oportunidad de derrotarlo en las urnas y romper la mayoría independentista para cerrar definitivamente el ‘procés’. Eso sí, reconociendo la imprevisibilidad del expresident con el riesgo de una ruptura con Junts tras las elecciones del 12-M que haga descabalgar la legislatura.
En Moncloa confían en que las catalanas no sean un punto de inflexión en su relación con los independentistas. La visión más optimista es que si Salvador Illa lidera el Govern, con apoyos externos o en coalición, los socialistas entienden que los perdedores deberán reconocer la posición en la que los sitúan las urnas y el mandato de los electores.
En privado, algunos ministros señalan sus temores sobre lo que deciden hacer los posconvergentes si no forman parte del próximo Govern. Si se ven tentados a retomar su estrategia rupturista de antes de la investidura. Este será, según añade un miembro socialista del Consejo de Ministros, lo que determinará la legislatura y el elemento más disruptivo del ciclo electoral. Frente a ello relativizan todo lo demás. Desde el fantasma de una victoria aplastante del PP en las europeas a que EH Bildu se convierta en la fuerza hegemónica en Euskadi.
El PP enfoca las europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio como una segunda vuelta de las generales. Si los socialistas sufren una derrota contundente, la hoja de ruta de Sánchez con los pactos de investidura quedaría cuestionada. Alberto Núñez Feijóo tendría así abonado el terreno para exigir elecciones anticipadas frente a unas políticas sin el respaldo de las urnas. Sin embargo, no es lo que más preocupa a los socialistas. Aunque ven la oportunidad de revertir esta tendencia si avalan su estrategia en las vascas y, principalmente en las catalanas, cuentan con toda la legislatura por delante para desplegar su programa y sin más elecciones hasta 2026, con las autonómicas en Castilla y León y Andalucía.
Para ello, el Gobierno necesitará mantener el apoyo de los socios de investidura. Primero deberá resolverse si Junts tiene incentivos para hacerlo tras las catalanas, según el escenario de gobernabilidad en la Generalitat, y qué estrategia decide seguir. Sobre ERC no se extiende esta incógnita, pues se considera una formación más pragmática y menos imprevisible. Además los republicanos serían un aliado más natural para pactar con el PSC de Salvador Illa si gana las elecciones y los independentistas no suman.
Menos margen para pactar
La competición propia del contexto preelectoral de las catalanas está llevando además al Gobierno a cerrar algunas puertas a la agenda independentista que tanto ERC como Junts pretenden desplegar tras aprobarse la amnistía. Ni negociación sobre la “financiación singular” de Cataluña fuera del marco multilateral ni, mucho menos, sobre un referéndum pactado. El Ejecutivo no solo a aparcar la relación con sus socios de investidura y actores imprescindibles para la gobernabilidad, sino que acota el margen para pactar tras los comicios del 12 de mayo, tanto en el Congreso como en el Parlament.
La negociación sobre la financiación y el “reconocimiento nacional” está recogida en el pacto de investidura de Junts, mientras que en el de ERC se incluye la negociación sobre el “futuro político de Cataluña” para que pueda ser “refrendado por el pueblo catalán”. Tras las catalanas, además, Sánchez deberá abordar ya la negociación de los próximos Presupuestos, piedra angular de la legislatura tras gastar el comodín de prorrogar las actuales cuentas públicas, y para lo que el apoyo de Junts es imprescindible. La negociación de los próximos Presupuestos medirá hasta qué punto están dispuestas a ceder ambas partes y si las puertas que ha ido cerrando el Ejecutivo vuelven o no a entreabrirse.
El cobro en diferido de EH Bildu
El escenario tras las elecciones vascas del 21 de abril tampoco genera preocupación. En el Gobierno tildan su relación con el PNV de alianza “estratégica” y los socialistas vascos aspiran a revalidar su coalición, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de apoyar a EH Bildu. El objetivo en las elecciones vascas se reduce a mantener la estabilidad institucional. Continuidad, aun con la aspiración de ser más determinantes para condicionar las políticas de un futuro ejecutivo liderado por Imanol Pradales, el relevo en el PNV de Iñigo Urkullu para la Lehendakaritza.
Si bien se descartan repercusiones en la gobernabilidad de Madrid que EH Bildu se convierta en fuerza hegemónica, se apunta a que subiría el precio para pactar con el Gobierno. Los abertzales no firmaron ningún acuerdo de investidura con el PSOE a cambio de sus votos para Sánchez. Su objetivo era arrancar acuerdos en la negociación de los Presupuestos. Con la decisión de prorrogarlos, Eh Bildu no ha podido esgrimir su utilizar en Madrid con medidas materiales frente a las arrancadas por el PNV con un primer paquete de traspasos en el arranque de la legislatura. Todo ello hace presagiar que aumenten las exigencias a cambio de sus votos, máxime si las urnas los legitiman como primera fuerza. Cobrarse lo que no pudo rentabilizar en campaña.
