El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este viernes que España tiene «un Gobierno que no gobierna» y que está «atrapado entre el chantaje y la corrupción», a pesar de que él mismo está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades en contratos durante la época de la pandemia.
«Ésa es la realidad: un Gobierno que no gobierna, que está atrapado entre el chantaje y la corrupción que le corroe cada día más», ha expresado Bendodo en una rueda de prensa en Málaga, quien ha sostenido que «en este país ahora mismo gobiernan las comunidades autónomas y los ayuntamientos y las diputaciones«, administraciones de las que ha indicado que «son los que toman decisiones, aprueban presupuestos y tiran del carro hacia adelante».
Bendodo ha asegurado que «el Gobierno de España dedica el 50% de su tiempo a negociar con los independentistas para mantenerse en el Gobierno y el otro 50% a defenderse de la corrupción«. «No tiene tiempo para más, no hay tiempo para gobernar», ha opinado.
El dirigente del PP ha insistido en que el Ejecutivo dedica la mitad de su tiempo de gestión «a aceptar chantajes del independentismo catalán para mantenerse en la Moncloa«, y la otra mitad para «achicar agua de la corrupción que inunda al Gobierno, al Partido Socialista y cerca a la Moncloa».
Sobre las comisiones de investigación creadas en el Congreso y el Senado acerca de las comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, en el marco del caso Koldo, ha sostenido que están ante «un caso gravísimo de corrupción, con cada vez más ramificaciones, que se extiende ya por seis ministerios».
Bendodo, investigado por Anticorrupción
Sin embargo, estos reproches y lecciones de Bendodo se caen por su propio peso al conocerse que él mismo está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de miles de contratos exprés que la Junta de Andalucía efectuó durante la pandemia. Una investigación que se abrió en mayo de 2022, tal y como publicó en exclusiva ElPlural.com, y cuyos plazos han sido ampliados hasta en dos ocasiones por la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón.
«Las Diligencias de Investigación siguen abiertas, ya que se ha ampliado el plazo para la investigación hasta mayo de este año, pues la prórroga se firmó en el mes de diciembre», explicaron fuentes del Ministerio Público a este medio. Con esta última prórroga, Luzón mantiene “en tramitación” la investigación relativa a los contratos efectuados por la Junta de Andalucía durante la pandemia. En marzo de 2020, en el primer mes de Covid, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior emitió nuevas normas de contratación de personal, poniendo con ello en el foco de la polémica al que por aquel entonces era hombre fuerte del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla.
El sistema para captar personal temporal, conocido como contrataciones exprés, había sido rechazado por la justicia en el plano Contencioso-Administrativo, pero las actuaciones pasaron a ser objeto de estudio por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, lo que implicaba la existencia de indicios penales en el asunto. El modelo de contratación de la Junta permitía que, después de la publicación de la oferta de empleo en la web de la administración, y solo con la presentación de emails por parte de los concurrentes en un plazo de 24 horas, con titulación y declaración responsable, pudieran hacerse con la plaza. Para ello, está claro, tenían que haberse enterado de la existencia de una convocatoria que tan solo estaba abierta durante un día.
¿El resultado de estos procedimientos? Más de 3.400 plazas en distintas convocatorias, ya que en algunas ofertas no se concretaron el número de puestos a cubrir, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la justicia Contencioso-Administrativa anularon las bautizadas como ‘contrataciones de los vigilantes de la playa’, al considerar que vulneraban derechos “constitucionalmente consagrados”.
La Junta obedeció con las cautelares dictaminadas por la Justicia y los interinos exprés pasarían a mantener solo, al menos, sus retribuciones y cotizaciones. Los gabinetes jurídicos de la administración recurrieron las sentencias, con el rechazo generalizado de los tribunales y sin recurso de amparo por parte de los servicios jurídicos del gobierno andaluz, que trató de borrar cualquier rastro de las contrataciones a través de una resolución de la Dirección general de Recursos Humanos de febrero de 2022, que anulaba las contrataciones y derechos a los interinos, desapareciendo así los puntos para baremación, antigüedad o experiencia obtenidos por estos contratos.
Esta medida no sirvió para que se corriera un tupido velo sobre los contratos de Bendodo, ya que los sindicatos pusieron el foco en la anulación que decretó Recursos Humanos, defendiendo que la carga agravante no podía recaer sobre los trabajadores que habían visto mermados unos derechos que habían conseguido a través de su puesto de trabajo en la administración. Pero del caso se desprenden otras actuaciones que fueron objeto de polémica, como que se hiciera pública una orden para deshacer el entuerto -normalmente las administraciones recurren sistemáticamente o cuentan con el respaldo del Consejo Consultivo o técnicos o letrados propios- o que del proceso se excluyera a ciertas personas –mujeres embarazadas, enfermos oncológicos, portadores de VIH o mayores de 60 años– a pesar de que el trabajo a desempeñar nada tenía que ver con la gestión sanitaria.
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