Este jueves la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, afirmaba que esperaba que el informe de Función Pública estuviera listo esta misma semana. Solo han pasado unas horas, y la Consejería de Justicia, de la que depende este departamento, ha difundido su dictamen desfavorable sobre la compatibilidad del nuevo nombramiento como director médico de Asisa en Andalucía de Miguel Ángel Guzmán, el exconsejero del ramo, que cesó de su cargo en diciembre de 2023. Según Función Pública, esta incompatibilidad persistirá hasta dentro de tres meses.
El informe determina que «de materializarse, constituiría un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos siempre y cuando la misma se produjera antes del 29 de julio de este año«, fecha en la que se cumplirían los dos años desde su cese en el SAS, según un comunicado de la Consejería difundido por Europa Press.
El exviceconsejero anunció horas antes que si el informe era de incompatibilidad paralizaría su salto a la compañia privada. En este caso, Asisa ya no contratará a Guzmán.
Según el documento, la incompatibilidad estaría motivada por los catorces contratos que desde el Servicio Andaluz de Salud se firmaron con las entidades vinculadas al grupo de la empresa aseguradora entre noviembre de 2019 y junio de 2022. En esta etapa, «aunque los contratos no fueron firmados directamente por Guzmán», sino por el Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados por delegación de firma, «esto no altera la competencia».
Por tanto, «de materializarse dicha relación contractual, constituirá un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos«, concluye. En cambio, considera que «los datos de que se dispone no indican que pueda existir incumplimiento de la norma en la etapa de Miguel Ángel Guzmán Ruiz como viceconsejero».
Delegación de firmas de los contratos
Según este pronunciamiento, Guzmán delegó las firmas de los polémicos contratos con la aseguradora privada por el procedimiento de urgencia habilitado en la pandemia. Contratos de conciertos sanitarios rubricados desde 2021, que se prorrogaron automáticamente hasta 2023, y que supusieron un montante de casi 44 millones de euros.
Sin embargo, desde el departamento del Gobierno andaluz, se puntualiza ahora que la delegación de esas firmas no lo exime de haber ostentado las competencias de Salud durante esos años. Para que eso hubiera ocurrido, debía haber cedido las competencias.
Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, «aquí la clave está en la firma de los expedientes y en si se pudiera demostrar que el alto cargo ha dictado resoluciones para prepararse el camino. Es decir, si ha prevaricado». «La ley recoge que en el caso de haber tenido relación anterior con las empresas debe abstenerse en los expedientes relacionados», puntualizan.
La Ley de incompatibilidades
El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial, ya adelantó este martes que el anterior gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sorteaba con su nuevo nombramiento los artículos 6 y 8 de la Ley de incompatibilidades de Andalucía.
En el primero, la norma puntualiza la incompatibilidad de altos cargos públicos con otros trabajos directos o de representación de empresas relacionadas con servicios públicos o que tengan relaciones contractuales con la administración pública.
La incompatibilidad alude directamente a «la relación directa» de las funciones y los ámbitos de actuación, en este caso el sanitario. Además, el artículo 8 extiende la prohibición de compatibilizar estas funciones a los dos años siguientes al cese.
Fuentes de la Consejería de Salud aseguraron desde un primer momento que «Asisa no tiene en estos momentos contratos directos con la Junta de Andalucía». Ese ha sido el único argumento de la Junta sobre esta cuestión durante varios días, aunque ya el miércoles anunciaron la investigación de oficio de Función Pública, tal como recoge la Ley de incompatibilidades.
La titular del ramo, Catalina García, ha insistido este jueves en que «cuando una persona accede a un cargo público político, tiene que tener la posibilidad de volver a trabajar». Además, ha recordado que Miguel Ángel Guzmán «viene del ámbito privado» y que «tiene que volver a trabajar siempre de acuerdo con la Ley».
La incompatibilidad afecta a Asisa
García también aludía a la posibilidad de que la incompatibilidad de las funciones de Guzmán afectará a la posibilidad de Asisa de acceder a licitaciones o adjudicaciones de la Junta de Andalucía. La consejera se limitó a aclarar que eso corresponde al órgano de contratación del SAS.
La ley de contratos del sector público prohíbe que una empresa trate con la administración de donde proceda uno de sus directivos, si no ha respetado los dos años de prohibición que marca la Ley de incompatibilidades. Este jueves por la tarde, antes de conocerse el parecer de Función Pública, Asisa mantenía que Miguel Ángel Guzmán «se incorporará a su puesto en los próximos días».
Un cese por «motivos personales»
El pasado 27 de diciembre, el viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, y el gerente del SAS, Diego Vargas, presentaron su dimisión alegando “motivos personales”. La consejera andaluza de Salud, Catalina García, evitó hablar de ceses, pero el problema de las listas de espera en Andalucía y los problemas generados por los contratos de emergencia utilizados para hacer conciertos con hospitales privados, utilizando todavía una fórmula de urgencia que viene desde la pandemia, estaban detrás de la crisis en la Consejería.
