La Fiscalía se opone a la concesión de los indultos para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el resto de condenados en el caso de los ERE que han solicitado esta medida de gracia. En el escrito de la Fiscalía, señalan que “el ejercicio de la gracia de indulto” está justificado de forma excepcional ante situaciones consideras de “injusticia notoria” y cuando “la pena deja de cumplir la función de resocialización” que encomienda la Constitución.
“El examen detenido de los argumentos esgrimidos en cada uno de los apartados para justificar la solicitud de indulto parcial de las penas impuestas en sentencia” del caso ERE, señala el escrito, “revela que ninguna de ellas guarda relación con la naturaleza y finalidad del instituto del indulto y su norma reguladora”, concluye.
No hace falta enriquecimiento propio
Anticorrupción repasa algunos de los motivos sobre los que sustenta su rechazo a la petición de indulto de Griñán y el resto de condenados. El expresidente de la Junta, condenado en su calidad de exconsejero de Hacienda, reclama que se anule la pena de malversación, que es la que conlleva seis años de cárcel. Griñán no entró en prisión por tener un cáncer que impide el cumplimiento de la pena. En este sentido, la Fiscalía asegura que la pena “no requiere un enriquecimiento económico propio”. Añade además que puede “incluso” llegar “incluso a ser más privilegiado el receptor no cargo público de los fondos atendiendo precisamente al especial deber que se conculca”.
Considera el escrito que “ninguna de las sentencias recoge la presencia de dilaciones en el procedimiento atendiendo a la extensión temporal –10 años– y complejidad de los hechos”. Las cuestiones presupuestarias y de ayudas públicas requieren, sostienen los fiscales, un estudio detenido que conlleva su tiempo.
Honestidad y honradez
Entre los motivos alegados por el expresidente andaluz para solicitar se detalla su “trayectoria personal y profesional», con un reconocimiento público de la misma, y de su “honestidad y honradez”. La Fiscalía es dura con este punto: “No puede ser éste apreciado cuando se le condena por los delitos más graves cometidos en el seno de la Administración Pública y en su ejecución se detecta un evidente y flagrante quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública”. Añade el escrito de los fiscales: “La malversación tiende a hacer posible la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos y a garantizar los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de la administración y no debe de olvidarse que durante el mandato del acusado en los cargos ya detallados se dispuso de créditos presupuestarios para la concesión de ayudas ilegales por un importe superior a 427 millones de euros”.
«En definitiva, la conducta enjuiciada no puede quedar sin respuesta punitiva mediante la conmutación parcial de la pena privativa de libertad impuesta, pretensión que excede del carácter excepcional que configura la gracia de indulto”, concluyen los fiscales. A su juicio, “la corrupción política” es incompatible con la concesión de un indulto.
En paralelo al Constitucional
La petición de indulto, que debe conceder el Consejo de Gobierno, es una de las vías abiertas por los ocho ex altos cargos condenados por malversación en el caso de los ERE. Todos han presentado además peticiones de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional. El pronunciamiento de los fiscales se produce después de que la Audiencia pidiera el informe para pronunciarse ante el Ministerio de Justicia, que debe tramitar el indulto.
Los ocho condenados por malversación son José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de prisión pero cuya pena de prisión está suspendida por enfermedad; el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de prisión; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión; el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión. En el caso del exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, goza de su lado del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios tras haber cumplido varios meses de prisión.
