Arévalo denuncia que en medio «del asedio por la enfermedad los corruptos vieron la oportunidad de beneficarse impunemente»
El Gobierno de Guatemala ha anunciado este miércoles que ha presentado una denuncia contra Amelia Flores, exministra de Sanidad durante el mandato de Alejandro Giammattei, por un contrato de vacunas rusas contra el COVID-19 «perjudicial» que «no cumplía con los requerimientos legales y comprometió la salud y el bienestar de los guatemaltecos».
«El gran caso de corrupción del contrato ilegal para la compra de las vacunas Sputnik afectó gravemente a cientos de familias guatemaltecas. Todo hallazgo será denunciado», ha señalado el Ejecutivo guatemalteco a través de su perfil en la red social X, antes Twitter. Las autoridades han recordado que Giammattei declaró entonces que no podía decir «cuánto cuesta la vacuna» y que Flores se excusó en un contrato de confidencialidad.
El procurador general de la nación, Julio Saavedra, y el ministro de Salud, Óscar Cordón, han entregado la denuncia en Gestión Legal para que se remita al Ministerio Público «por instrucciones» del presidente del país, Bernardo Arévalo, considerando que se cometieron delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y malversación de fondos.
«Es una serie de hechos que estamos convencidos que son constitutivos de delito», ha declarado el procurador general. Así, ha indicado que fue ilegal suscribir un contrato con un ente que no era productor de vacunas y que no se ha corroborado quién firmó el documento por parte de la compañía rusa.
Además, ha precisado que es ilegal haber firmado el contrato en inglés y que se negociaron condiciones desfavorables para el Estado guatemalteco al haber aceptado todas las condiciones impuestas al Ministerio. También se incluyó que Guatemala debía pagar regalías, lo que podía haber incurrido en fraude fiscal.
Saavedra ha agregado que se fijó como límite 100.000 dólares (92.200 euros) en caso de que exigieran una indemnización a la empresa, no se respetó la jerarquía de las leyes nacionales ni los preceptos legales al haber sometido el contrato a arbitraje, y que se aceptó una vacuna cuyo uso no estaba autorizado ni certificado según las leyes del país.
Con todo, la cláusula de confidencialidad en el contrato «no fue justificada» porque los actos de la Administración Pública deben ser públicos. A esto se suma que se desconoce el lugar en el que se firmó el documento, según ha recogido el periódico guatemalteco ‘Prensa Libre’.
«LOS CORRUPTOS VIERON LA OPORTUNIDAD DE BENEFICIARSE IMPUNEMENTE»
Arévalo ha afirmado que el caso es «trágico» por el alcance y daño que causó a la población del país, denunciando que «quienes cometieron estos actos han demostrado su falta de compromiso con la función pública» y su disposición «a afectar la vida, salud y bienestar de sus compatriotas».
En medio del «asedio de una terrible enfermedad, los corruptos vieron la oportunidad de beneficiarse impunemente a costa de la salud de la población», ha manifestado, antes de remarcar que «son varios» los casos de corrupción que se han encontrado de la Administración anterior durante sus meses en el poder.
«Que encontremos casos de tal magnitud, no es una buena noticia. No es algo que nos enorgullezca como país. Es algo que no podemos permitir ni aceptar», ha concluido el mandatario del país latinoamericano.
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Flores indicó en 2021 que se había negociado con la empresa ‘Human Vaccine LLC’, una compra de ocho millones de dosis de vacunas por la cual se desembolsarían 614,5 millones de quetzales guatemalecos (72,7 millones de euros) correspondientes al 50 por ciento de lo negociado.
El contrato entre el Estado y la empresa rusa se mantuvo bajo confidencialidad pese a las solicitudes realizadas por parte de diversos sectores. Las dudas de la negociación aumentaron debido a que los envíos de las vacunas fueron pausados en medio de la pandemia, si bien el total de las dosis se completó a finales de año.
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