Los ayuntamientos granadinos de Alhendín, Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias y Ogíjares, en cuyos términos municipales se asienta la base aérea, pedirán al Gobierno que desista de instalar en esos terrenos un campamento temporal para inmigrantes que soliciten asilo o protección internacional.
Lo harán a través de declaraciones institucionales que elevarán a sus respectivos plenos, según han acordado durante un encuentro institucional celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Alhendín para abordar la situación generada después de que la empresa Tragsa registrara el pasado martes una comunicación sobre el inicio de estas «obras de emergencia» para la construcción de las citadas instalaciones en unos terrenos anexos a la base aérea de Armilla.
Los alcaldes de los cinco municipios implicados -todos del PP salvo el de Armilla, del PSOE- coinciden en que el emplazamiento no es el idóneo porque no cumple con la normativa urbanística, al tener la consideración de suelo rústico, como tampoco reúne, sostienen, los requisitos necesarios para la prestación de este tipo de ayuda humanitaria.
Por ello han acordado redactar una declaración institucional conjunta para solicitar al Gobierno de España que desista utilizar este espacio para ello.
También pedirán una reunión al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, con la intención de abordar la situación generada.
Marcha de protesta convocada por los vecinos
La posible instalación de este campamento temporal, que según el Gobierno es una posibilidad en estudio sobre la que no se ha tomado aún una decisión final, cuenta también con el rechazo de los vecinos de los municipios afectados, que se han organizado en una plataforma y han convocado para mañana sábado al mediodía una marcha de protesta que discurrirá desde el pabellón de los Llanos hasta el ayuntamiento de Armilla.
Previamente se reunirán con los alcaldes para abordar la situación.
El alcalde de Alhendín, Francis Rodríguez (PP), promotor del encuentro mantenido este viernes entre los regidores de los cinco municipios, ha precisado que ninguno de ellos se niega a que se le dé cobertura a estas personas: «Lo que estamos trasladando es que este espacio no es un sitio para albergar a 1.200 personas», añade.
Ha confiado en que no se produzca una «imposición a la fuerza» para ubicar este proyecto, y ha asegurado que llegarán hasta donde sea necesario para paralizarlo.
