El Gobierno activa a los embajadores españoles en la batalla alrededor de la Ley de Memoria Democrática. El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha ordenado a los jefes de misión ante la ONU y el Consejo de Europa que se pongan en contacto con los responsables de derechos humanos de esas instituciones, para tratar de frenar las «leyes de reconciliación» y las derogaciones de la memoria histórica de los gobiernos regionales de Partido Popular y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
«Hoy mismo mismo hemos empezado a actuar diplomáticamente», ha dicho José Manuel Albares ante la prensa reunida en Bruselas este jueves. «Esta misma mañana he dado instrucciones a nuestra embajada ante las Naciones Unidas en Ginebra, donde se encuentran el relator para ejecuciones extrajudiciales y el relator para la reparación la justicia y la libertad, para que entren en contacto con ellos y puedan analizar las acciones que están llevando a cabo los gobiernos del PP y Vox contra la Ley de Memoria Democrática».
También ha dado instrucciones a la Embajada ante el Consejo de Europa (un organismo con sede en Estrasburgo de salvaguardar de los ideales y los principios de Derechos Humanos, Democracia y Estado de derecho en Europa) para que hablen con el comisario de derechos humanos y el secretario general y les informen de la «situación», con el objetivo de que «puedan analizarla y se vayan determinando las medidas que vamos a ir adoptando».
El jefe de la diplomacia se justifica diciendo que «no va a permitir que se pongan en cuestión esos valores democráticos y esa memoria democrática, que es la mejor memoria de la historia de España». Carga contra PP y Vox por «su deseo de involución» y porque «cuando ellos dicen concordia lo que realmente están diciendo es ‘victoria'».
Fuera de las labores del Ministerio de Exteriores, habrá también acciones dirigidas desde el Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en el Parlamento Europeo.
Precisamente en las elecciones a la Eurocámara, que se celebran en España el próximo 9 de junio, está una de las claves del movimiento político. Se espera que se produzca un importante ascenso de los grupos europeos de ultraderecha, y está por resolver la incógnita de sí el Partido Popular Europeo rompe la suerte de «gran coalición» con los Socialistas y Demócratas que ha permitido sacar adelante la legislación en la UE y pacta con partidos radicales de derechas.
Batalla por la memoria histórica
El Gobierno de Pedro Sánchez redobla así su contraofensiva frente a la derogación de las leyes de memoria democrática en comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox. Ya ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional la nueva normativa aprobada por el Gobierno de Aragón y las previstas en Castilla y León y Comunidad Valenciana. A dos meses de las elecciones al Parlamento Europeo, en Ferraz planean una estrategia similar a la de las últimas generales, denunciando que el PP está siendo arrastrado por la ultraderecha a su agenda, informa Iván Gil.
Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y PAR.
A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la «concordia» que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los «términos guerracivilistas» y mantendrá la reparación de todas las víctimas.
En la misma línea, el PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la «concordia» para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica.
Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra «dictadura» para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.
