Una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, firmada el pasado 27 de marzo, se ha convertido en el primer revés en sede judicial al denominado ‘caso Koldo’ por el que se investiga las contrataciones millonarias desde la Administración a una empresa, denominada Soluciones de Gestión e instalada en el edificio Aida de la capital aragonesa, para el suministro de mascarillas durante la pandemia del coronavirus. Un fallo judicial que detalla todas las irregularidades y que lo hace para responder a una causa que promovía la propia empresa ahora bajo sospecha, ya que esta invocaba su derecho al honor para demandar a un profesor universitario aragonés, Ramiro Grau, que ya denunció en 2020 todas estas prácticas que se hicieron con dinero público de por medio.
En la sentencia, firmada por los magistrados Juan Ignacio Medrano, María Jesús de Gracia y Antonio Angós, se relata con todo detalle por qué las contrataciones millonarias que se hicieron en su día eran irregulares y, por tanto, por qué lo que denunciaba el profesor Grau en su día tenía relevancia informativa en un tema que era de interés general. Con frases tan contundentes como que «esa contratación millonaria incumplía de principio a fin todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública, aún en supuestos de emergencia, pues se termina adjudicando los suministros a un operador completamente desconocido en el tráfico jurídico económico del sector».
«Existió una contratación pública con un modus operandi rodeado de severos interrogantes jurídicos y con elusión de requisitos que, aún en los casos de extrema urgencia, eran exigibles a los operadores públicos», explica el fallo judicial de la Audiencia de Zaragoza, en un análisis en el que también se detalla cómo esta empresa, Soluciones de Gestión, se crea con una actividad inicial consistente en la prestación de servicios «conducentes a la constitución, financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones, lo que a todas luces resulta un objeto social ajeno a un suministro de material sanitario».
O que, prosigue la sentencia, se certifica que se «consigna una ampliación de su objeto social, acordada en junta de 21 de abril de 2017, y que en síntesis, a esa actividad societaria inicial, se adicionan actividades proyectadas sobre obra civil y de ingeniería, y solo se cita una actividad referida a la sanidad», que es la que se centra en la «intermediación en la ejecución, dirección de la obra de proyectos médicos y hospitalaria» sobre que el «ni aquí hay intermediación, ni obra de proyecto médico y hospitalario alguno».
«Pero no le comprende tampoco la actividad que venía realizando, que no guardaba relación alguna con la prestación contratada, suministro de mascarillas». Y respecto a ese proyecto sanitario, el de la construcción en 1998 de un consultorio médico para una fundación ni la reconstrucción de un hospital en Angola en 2014, realizada en una unión temporal de empresas (UTE) en la que se desconoce aún cuál era su función, «son en modo alguno suficientes para valorar experiencia y solvencia alguna», añade la sentencia judicial.
Además, le reprocha en el fallo a la empresa que no explica nada sobre su estructura empresarial, ni sus canales comerciales que le permitían cumplir con los contratos públicos. Se refiere, fundamentalmente al suministro de 13 millones de mascarillas, en contraciones hechas, a través de Puertos del Estado (8 millones) y de Adif (5 millones), pero también otras contrataciones por parte del Ministerio del Interior e incluso, añade el fallo, por el de Sanidad.
Respecto a la solvencia de medios de la propia empresa, el juez recuerda que el Observatorio contra la corrupción de Baleares, desveló que «en pocos años pasó de 29 a 4 trabajadores», por lo que «puede concluirse razonablemente que Soluciones de Gestión carecía de toda solvencia técnica». Además, también se pone de relieve que esta empresa «se constató que en el 2019 la sociedad careció de toda actividad», incluso que era así desde 2017, y que los trabajos alegados en la reconstrucción del hospital de Angola eran «de dudoso cobro», por lo que también concluye el magistrado que «la solvencia financiera no era satisfactoria ni suficiente para ser adjudictaria en las millonarias licitaciones de las que resultó beneficiaria».
«Lo que no es comprensible ni aceptable es que esa contratación millonaria de suministros, que incumplía, en los términos precisados en el fundamento séptimo de la presente sentencia, de principio a fin todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública, aún en supuestos de emergencia, se terminan adjudicando los suminustros a un operador completamente desconocido en el tráfico jurídico-económico del sector», expone el fallo judicial.
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