El Gobierno de la Comunidad de Madrid saca hoy a información pública el nuevo anteproyecto de ley que regula los incentivos fiscales para capitales que provengan del extranjero. Este es el segundo intento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para sacar adelante este proyecto que tiene como finalidad atraer nuevas inversiones a la Comunidad de Madrid y que se ideó, en su momento, para contrarrestar el llamado «impuesto de solidaridad» del ejecutivo de Pedro Sánchez, que a su vez pretendía anular la bonificación del impuesto de patrimonio que se venía aplicando en Madrid.
Desde que se propuso por primera vez en enero de 2023 en un foro económico con inversores extranjeros han cambiado al menos dos cosas en relación con esta medida. Por un lado, el Tribunal Constitucional validó el pasado mes de noviembre el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno frente al recurso presentado por el ejecutivo madrileño. Es decir, que lo que dejaba de recaudar la Comunidad sí podría ser recolectado por el Gobierno central. De forma que Díaz Ayuso se vio obligada dos meses después a modificar la norma autonómica sobre el tributo de patrimonio para que lo recaudado por este impuesto se quedara en las arcas regionales y no en las del Estado.
El segundo cambio está en el contenido mismo de la ley que propone ahora la Comunidad. El proyecto original presentado en la legislatura pasada no fue aprobado en la Asamblea de Madrid porque no obtuvo el apoyo de Vox. Los dos partidos venían de haberse peleado por los presupuestos y se encontraban ya en plena campaña electoral y los de Rocío Monasterio argumentaron que no podían apoyar un proyecto que solo beneficiaba al patrimonio extranjero y no al nacional.
Solo para capital del extranjero
Tras peinar el proyecto original, el Gobierno regional ha aprobado hoy un informe del anteproyecto en el que se mantiene la deducción del 20% sobre el tramo autonómico del IRPF a las inversiones que provengan del extranjero y trasladen su residencia fiscal a la región, pero el incentivo se limita solo aquellas inversiones que se realicen sobre activos financieros, suprimiendo los inmobiliarios. En el proyecto inicial se establecía que estos últimos deberían estar «radicados en la Comunidad de Madrid mientras que el resto podrá localizarse en cualquier lugar, exceptuando los considerados paraísos fiscales».
Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, que ante la insistencia de Vox de incluir en este proyecto a los inversores españoles ha respondido que esta es una iniciativa «para atraer nuevas inversiones» y que «para los que ya están» en la región, la Comunidad tiene «otras deducciones». La consejera también ha explicado que, a diferencia de lo originalmente planteado, esta deducción no será compatible con otras aplicables a inversiones en mercados bursátiles, de forma que tendrán que «elegir» entre un incentivo y otro.
Albert ha añadido que se mantiene el criterio de que el capital no puede provenir de un «paraíso fiscal», y que en aquellos casos en los que la inversión se realiza en sociedades anónimas o limitadas, la deducción «no puede superar el 40% de la compra», no es aplicable a quien tenga «funciones directivas» y no puede haber «relación laboral».
Este proyecto tiene aún que ser aprobado por el Consejo de Gobierno definitivamente, según cálculos de la consejería, no antes de un mes, y después finalizar su tramitación en la Asamblea. Una vez aprobado y en vigor, será aplicable para todo el ejercicio 2024 y se podrán beneficiar de ella quienes se hayan instalado en Madrid a partir de este año después de al menos cinco fuera de España.
