La Audiencia Nacional ha suspendido la vista en la que la defensa de los presuntos miembros de una célula terrorista de los Comités de Defensa de la República (CDR) tenían previsto argumentar la necesidad de anular el procedimiento y evitar el juicio por terrorismo, en el que ocho de los 12 acusados se enfrentan a una petición fiscal de 27 años de cárcel, entre otros argumentos, por la inminente promulgación de la ley de amnistía. Con la suspensión se dará tiempo a asistir a uno de los abogados defensores, al que por problemas de salud se le habían suspendido los plazos.
Pese a la suspensión de la vista del artículo de previo pronunciamiento planteado por las defensas para tratar de evitar el juicio por terrorismo y tenencia y fabricación de sustancias susceptibles de convertirse en explosivas, el abogado de nueve de ellos, Xavier Monge, tuvo tiempo de alegar la falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar «cortes de carretaras y vías de tren en el marco de huelga general», cometidos por los CDR.
Tras negar que se pudiera considerar terrorismo «colgar muñecos en autopistas», se refirió al principal argumento de las defensas para pedir la nulidad de las actuaciones: la inminente promulgación de la ley de amnistía, lo que calificó de «notorio». «La cuestión es si a día de hoy se puede obviar que en seis semanas estará en el BOE y obligará al archivo sin llegar a juicio. ¿Vamos a seguir como si oyéramos llover? ¿Con derroche de esfuerzos y recursos?», afirmó.
El abogado recordó que por ese motivo se habían suspendido juicios en Catalunya y defendió que se la prudencia aconsejaba “esperar unos dias para saber si entramos en el quirófano”. La fiscalía, representada por el fiscal Vicente González Mota, se opuso a la suspensión, pero el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, entendió que, aunque no hubiera motivo, hacerlo era más garantista, por lo que lo acordó.
Al abandonar la Audiencia, uno de los acusados, Eduard Garzón, aseguró que él estaba acusado de terrorismo por tener en su domicilio una estelada y un panfleto contra la represión del referéndum ilegal del 1-O. Por su parte la abogada Eva Pous recordó que el fiscal adscrito inicialmente al caso no apreciaba terrorismo en la protestas convocadas por la plataforma Tsunami Democràtic en octubre del 2019, tras conocerse la sentencia del ‘procés’. Estos dos procedimientos son los que han plantado más problemas para estar incluidos en la ley de amnistía, al tratarse de terrorismo.
No obstante, a diferencia de en Tsunami, el ministerio público ha visto terrorismo desde el primer momento en la causa de los CDR y solicita entre 8 y 27 años de prisión para los acusados, que considera que incurrieron en delitos como pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, o estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.
