El Ministerio de Hacienda aprobó la inyección de 500 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para irrumpir en Telefónica y afrontar la adquisición de sus acciones, según figura en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
En concreto, el informe de ejecución presupuestaria de febrero (publicado el pasado 27 de marzo) apunta que hubo una aportación patrimonial de 500 millones de euros a la entidad pública, una inyección de liquidez que fuentes de Hacienda han confirmado a Europa Press que se destinó a la adquisición de acciones de Telefónica, de la que el Estado posee ya el 3,044% a través de la SEPI.
Sin embargo, la SEPI tendría aparcado otro 2% más en derivados financieros, por lo que, una vez que los haga efectivos, su peso en la teleco se elevaría al 5%, según indicaron a Europa Press fuentes del mercado, que también subrayaron que la intención del Ejecutivo es aflorar «en breve» ese 2% adicional depositado en un ‘swap’.
A finales del año pasado el Gobierno ordenó a la SEPI la adqusición de hasta un 10% del capital social de Telefónica en un movimiento que estuvo marcado por el sorpresivo desembarco en la compañía de la operadora saudí STC, que el pasado septiembre se hizo con el 9,9% de la compañía –un 4,9% mediante acciones directas y un 5% con derivados financieros– por unos 2.100 millones de euros.
Al precio de mercado actual, el paquete accionarial del Gobierno en Telefónica tiene un valor de casi 716 millones de euros, con la cotización de la compañía en 4,089 euros al cierre del pasado viernes (este lunes está cerrada la Bolsa).
Al mismo tiempo, al precio de mercado actual, la adquisición del otro 7% restante (hasta completar el 10%) tendría un coste de unos 1.646 millones de euros.
La decisión del Gobierno de no presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024 y prorrogar los del año anterior generó ciertas dudas en torno a cómo iba a proceder el Estado para financiar su entrada en el accionariado de Telefónica.
Sin embargo, a mediados de febrero el Gobierno aseguró que la orden transmitida a la SEPI el pasado diciembre se mantendría a pesar de esa decisión del Ejecutivo.
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