Siete años después de la entrada en vigor de la Ley del Suelo las luces y las sombras se proyectan en su aplicación en un asunto que siempre ha sido tan complejo en Canarias como es el planeamiento urbanístico. La gran mayoría de los planes generales de los municipios siguen sin estar totalmente adaptados a la legislación territorial pero, sin embargo, se han realizado 238 modificaciones parciales que han evitado tener que cambiar todo el planeamiento ante necesidades concretas en los usos del suelo. Se han intentado colar proyectos a través de declaraciones de interés general pero sí se han podido implantar parques fotovoltaicos o eólicos gracias a estas figuras urbanísticas y se han aprobado infraestructuras públicas y sociales necesarias con este tipo de instrumentos. El Gobierno regional quiere reformar la norma para actualizarla, resolver las dudas de estos años y dar más seguridad jurídica, mientras que los expertos se dividen entre los que creen que en su momento fue una ley «valiente» y los que consideran que no todo se resuelve con leyes, sino que hay que ser más «prácticos» y que la Administración debe primero arreglar su casa por dentro y organizarse.
El afán de descentralizar el planeamiento y eliminar la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para imprimir más agilidad a los trámites urbanísticos se ha quedado a medias ya que han salido a relucir las debilidades del entramado administrativo de las Islas: ayuntamientos incapaces de aprobar su planeamiento y de organizar sus órganos de evaluación ambiental, lo que ha provocado que sea la Comunidad Autónoma la que asuma la redacción de planes y las evaluaciones ambientales estratégicas. Se ha pasado de resolver 58 consultas de ayuntamientos y cabildos en el año 2017 a 2.363 consultas en 2023, mientras que la Consejería de Política Territorial ha tenido que asumir en los últimos años ocho planes generales supletorios, otros ocho planes de modernización y mejora turísticos y 29 municipios han dejado su evaluación ambiental en manos del Ejecutivo.
Pese a esta realidad el actual equipo de Política Territorial niega cualquier intento de volver a instaurar un organismo centralizado como lo fue la Cotmac en su momento. El consejero Manuel Miranda advierte que la estructura seguirá siendo la misma porque no se trata de un «cambio legislativo» sino de modificaciones que aclaren aquellos aspectos de la norma donde los técnicos, colegios profesionales y corporaciones locales tengan dudas o les generen inseguridad jurídica. Miranda reconoce que han existido «problemas» en la aplicación de la ley porque los ayuntamientos «no han tenido capacidad para que funcionen sus oficinas técnicas». Asimismo el titular de Política Territorial admite que en el balance de los planes generales «los resultados no son halagüeños».
En su reciente discurso en el debate del estado de la nacionalidad, el presidente Fernando Clavijo responsabilizaba al pacto de las flores de no ser capaz de aprobar ni uno solo de los ocho planes generales supletorios cuya tramitación asumió y que solo un ayuntamiento, el de El Pinar, pudo aprobar definitivamente su Plan General de Ordenación. Algo similar sucedió con los planes turísticos ya que el Ejecutivo anterior solo aprobó el de Caleta de Fuste, en Fuerteventura.
En relación con los proyectos de interés insular, Miranda admitió que hay que «matizar» y «precisar» en la ley el alcance de los mismos «para que no haya posibilidades de bordear la ley o intentar utilizar estas herramientas para otros objetivos», por lo que se pretende resolver las «interpretaciones» que en estos años «han tergiversado» el sentido de las declaraciones de interés general. Una de las principales polémicas del mandato anterior fue el proyecto de Dreamland en Fuerteventura, que se aprobó por el Cabildo por interés insular a través del mecanismo de la Ley del Suelo.
Desde la óptica de los expertos las lecturas son diversas. Ángel Lobo, doctor en Derecho Administrativo y profesor de la Universidad de La Laguna, cree que cuando se aprobó la ley fue una apuesta «valiente» porque el modelo urbanístico estaba totalmente bloqueado y se pretendía que el planeamiento fueran monofásico, es decir, que la aprobación final dependiera de una sola Administración, en este caso los ayuntamientos: «es verdad que no se ha aprobado casi ningún plan general, pero también es verdad que se han sacado adelante muchas modificaciones puntuales que han servido para desbloquear actuaciones que antes estaban paralizadas porque era obligatorio cambiar todo el planeamiento», explica Lobo, para quien «se ha cambiado la perspectiva».
Ángel Lobo, también vicepresidente de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico, considera que «a lo mejor estamos equivocados y la figura del plan general está obsoleta, habría que buscar otro tipo de estructura de planificación e ir más hacia los cambios puntuales».
Por su parte, María Nieves Febles, decana del Colegio de Arquitectos de Tenerife, cree que hay ayuntamientos en Canarias que son aún «menores de edad» porque no tienen personal ni medios suficientes para acometer la tramitación de los planes generales y cuestiona el exceso de leyes que regulan el territorio. «No es un tema de leyes sino de que la Administración mueva ficha, esta situación no se va a arreglar con más leyes, hay que ser más prácticos porque tanta norma lo que provoca son más complicaciones».
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