La cruzada abierta por el PSOE contra la prostitución amenaza con nuevas turbulencias en la coalición. Los socialistas han registrado en el Congreso una proposición de ley de espíritu abolicionista que busca reconectar con el feminismo clásico de sus filas, después del shock vivido la pasada legislatura, cuando Irene Montero era ministra de Igualdad y se enfrentó a las feministas de referencia del partido, como Carmen Calvo. Pedro Sánchez ha impulsado esta norma desde su grupo parlamentario tras descartar aprobarla en el Consejo de Ministros, ante la difícil posición que tiene Sumar en este asunto, y después de que la propia Yolanda Díaz rechazase incluirla en el acuerdo de coalición, según fuentes próximas a la negociación.
Entre las distintas facciones de Sumar, los comunes son los que tienen una postura más definida sobre esta cuestión, y siempre han mostrado posiciones más próximas al regulacionismo, al considerar que cualquier otra alternativa termina por perjudicar a las mujeres que ejercen libremente la prostitución.
La portavoz de los comuns en el Congreso, Aina Vidal, se mostró contundente al respecto, avanzando que no apoyarían tal medida y asegurando en rueda de prensa que están «firmemente comprometidas con las trabajadoras sexuales», y no las van a abandonar. La diputada censuraba que el PSOE registrase una proposición que «divide» en lugar de levantar «banderas compartidas» en el movimiento feminista. Además de los comunes, los valencianistas de Compromís también rechazan esta ley, que pretende castigar cualquier acción que promueva la prostitución.
Pese a la dureza de los comuns, desde Sumar evitaron mostrarse abiertamente contrarios a esta norma. Lo cierto es que la plataforma de Yolanda Díaz no tiene una postura definida, ni como grupo parlamentario, ni como partido político. En sus documentos aprobados en la Asamblea de marzo no hay referencia alguna a la prostitución ni a su forma de abordarla, y se trata de una cuestión especialmente compleja en la izquierda alternativa.
Fuentes de la dirección de Sumar criticaban las formas en que el PSOE había llevado la ley al Congreso. «Si quieres que algo prospere, lo traes de otra forma», censuraban, criticando que la iniciativa de los socialistas va más encaminada a escenificar la iniciativa política y «hacer ver que estás gobernado», más que a buscar realmente su aprobación.
La dirección del grupo parlamentario deberá abordar la postura a tomar sobre esta norma, aunque Sumar ha aplazado el debate durante semanas y no tiene prisa por activar la maquinaria, algo que sucederá como pronto a la vuelta de semana santa. Y tampoco será un proceso inmediato. Primero pedirán a la «comisión de igualdad» de Sumar que elabore una ponencia sobre el texto para llevarla a debate y tratar de alcanzar una posición conjunta en esta materia.
La coalición de Díaz tiene la intención de mantener un solo voto, aunque en los acuerdos con el resto de partidos se establece la posibilidad de libertad de voto a los partidos en cuestiones que sean irrenunciables para el ideario de las formaciones. Y este sería el caso de los comuns. En caso de que quieran mantener el voto unánime, sólo cabe el ‘no’. Pero la realidad es que el debate está por darse, y ni siquiera está claro qué piensa la propia Díaz sobre la prostitución.
En la anterior legislatura se llevó a votación al Congreso una propuesta similar por parte del PSOE, y la vicepresidenta segunda -por entonces líder interina de Unidas Podemos-, dio libertad de voto a su grupo parlamentario para evitar las tensiones internas. En aquella ocasión la propia Yolanda Díaz votó a favor de la norma junto a los diputados de Podemos, mientras los comuns la rechazaron. Íñigo Errejón, entonces líder de Más País y hoy portavoz principal de Sumar y mano derecha de Díaz, se opuso entonces a la medida, al considerar que “no es una ley para acabar con la prostitución”, sino “para hacerla aún más clandestina”.
Mandato del congreso federal
En las filas socialistas asumen la dificultad de aprobar esta norma con los apoyos de sus socios tradicionales, y son conscientes de las complicaciones que entraña también en Sumar. Es por ello que fían la aprobación de la norma al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. «En la anterior legislatura mostraron su apoyo, entendemos que harán lo mismo», defienden fuentes del ala socialista del Gobierno, para retarlos a retratarse si cambian de posición.
En Ferraz asocian que el momento elegido para presentar esta iniciativa se enmarca en el contexto del 8-M y que no buscan confrontar con sus socios de coalición en una norma que les genera división interna. De hecho, el impulso de una legislación abolicionista es uno de los principales mandatos del último congreso federal. Celebrado en 2021, la aritmética parlamentaria y el adelanto electoral evitaron que pudiera salir adelante en la pasada legislatura.
Pese a la falta de garantías para aprobar esta norma, los socialistas quieren hacer bandera de una posición consensuada en su 40 congreso. Según recogieron entonces los documentos aprobados, “el PSOE se declara como un partido abolicionista de la prostitución. Anhelamos una sociedad donde las mujeres y las niñas no sean prostituidas, queremos construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no sean objetos de consumo. Nuestro modelo de sociedad es uno donde hombres y mujeres son iguales y libres y esa idea es incompatible con la prostitución y la trata de seres humanos”.
