Repsol redobla su apuesta por los biocombustibles. La compañía ha cerrado un acuerdo con el grupo estadounidense Bunge para tomar una participación del 40% en tres plantas industriales en España por un importe fijo de 300 millones de dólares (unos 276 millones de euros) y que puede elevarse en otros 40 millones de dólares más (unos 37 millones de euros adicionales) si se cumplen determinadas condiciones.
El grupo español sella así una alianza estratégica para facilitar su acceso a materias primas necesarias para alcanzar su objetivo de producir hasta 1,7 millones de toneladas de combustibles renovables en cuatro años, mediante su entrada en tres instalaciones dedicadas a la producción de aceites y biocombustibles en Barcelona, Bilbao y Cartagena, cercanas a complejos industriales de Repsol. Repsol y el grupo Bunge buscarán colaborar en otras oportunidades de negocio en la producción de biocombustibles (generados a partir de desechos agrícolas o urbanos en un proceso de economía circular).
La capacidad de producción actual de Repsol de 1,1 millones de toneladas de combustibles renovables al año es equivalente al ahorro de emisiones de CO2 de más de 1,7 millones de vehículos eléctricos. La compañía prevé aumentar su producción en hasta un 55%, que supondrá 1,7 millones de toneladas en 2027.
Repsol está acelerando, además, el despliegue de combustibles renovables en su red de estaciones de servicio, la mayor de España, con la incorporación de surtidores de sólo combustible renovable. Actualmente, cuenta con más de 120 estaciones de servicio con combustibles 100% renovables y tiene el objetivo de llegar a las 600 a finales de año y a 1.900 en 2027.
Choque con Ribera
La alianza millonaria de Repsol llega en pleno choque con el Gobierno por las críticas de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Repsol realiza una defensa a ultranza de su estrategia multienergía y por la neutralidad tecnológica en el proceso de transición energética la economía, reclamando utilizar todas las energías para descarbonizar, no sólo la generación eléctrica con renovables, también los combustibles con bajas emisiones para blindar sectores de la gran industria que no pueden usar electricidad en sus procesos de producción.
«La alternativa a este planteamiento es cerrar las refinerías. Ministra Ribera, ¿quiere que cerremos las refinerías, que dan empleo, solo en el caso de Repsol en España, a 28.000 personas, incluido empleos directos, indirectos e inducidos?», proclamó la pasada semana el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en unas jornadas sobre energía y economía. «Nos rebelamos ante aquel que ve la industria como un problema. Por eso vamos a pelear con uñas y dientes para continuar transformando y continuar mejorando nuestras refinerías, para reducir su huella de CO2. Me gustaría, y lo deseo de todo corazón que tengamos la cercanía de la ministra, su ayuda su colaboración en este objetivo y en este camino».
Ribera replicó a Imaz que, “por ahora es difícil pensar en cerrar refinerías”, pero anticipando que 2040 o 2050 deberíamos estar preparados para un abandono de los combustibles fósiles. Y es muy probable que no necesitemos gasolina ni gasoil”. Días después, en una entrevista con El Correo, la vicepresidenta apuntó que los combustibles sintéticos (que no son biocombustibles, sino que se producen mezclando hidrógeno con CO2) “no son la respuesta para lo que la mayoría de los ciudadanos desean” y “sólo servirán para quien tenga un Maserati o quiera algo caro”.
La demanda presentada por Iberdrola contra Repsol por «publicidad engañosa» y «competencia desleal» entre acusaciones de ‘greenwashing’ (ecopostureo) también han sido otro frente de fricción con Ribera. Tras conocerse la demanda, la vicepresidenta pareció ponerse de parte de Iberdrola y respaldar el arranque de la batalla legal. “Y llega a los tribunales el hartazgo por el greenwashing”, indicó en su cuenta en la red social X (antes Twitter). Un día después Ribera reculó y se declaró “absolutamente neutra”, pero apuntando la necesidad de una agenda verde que no genere “confusión” a los usuarios por la utilización de determinadas etiquetas que no se corresponden con la realidad.
Los choques entre Repsol y el Gobierno han sido continuos en los últimos meses. La propia Ribera acusó al consejero delegado del grupo de tener un discurso “negacionista” y “retardista” sobre la descarbonización y el cambio climático tras sus declaraciones en el Foro de Davos denunciando que la posición de la Unión Europea al respecto tiene un enfoque ideológico y defender otras políticas que tengan en cuenta todas las tecnologías para avanzar en la descarbonización y no sólo impulsar la electrificación.
Repsol también ha llegado a amenazar con paralizar inversiones de en torno a 3.000 millones de euros en España por la regulación y la fiscalidad emprendida por el Ejecutivo, singularmente la aplicación del nuevo impuesto a las grandes energéticas que grava sus ventas y nos sus beneficios. Repsol es la compañía que mayor aportación hace por el nuevo gravamen en principio temporal, tras pagar 443 millones el año pasado y calcular que abonará 350 millones este ejercicio.
