El PP ha registrado este martes un escrito a la Mesa del Senado, donde tiene mayoría absoluta, que pida de nuevo al Consejo Fiscal un informe sobre la Ley de Amnistía, después de que el pasado enero el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, rechazara la petición con una excusa formal alegando la existencia de impedimentos legales como la falta de competencias.
Según el escrito, los populares quieren reiterar su petición al Consejo Fiscal para que remita con carácter urgente un informe sobre la amnistía pactada por el PSOE y sus socios independentistas, y que la Cámara Alta disponga del mismo en la fase de presentación de enmiendas y propuestas de veto.
El PP argumenta que la competencia de informar sobre las leyes que afectan al Ministerio Fiscal es del Consejo Fiscal y no del fiscal general del Estado, y que el Estatuto Orgánico de la Fiscalía «establece el deber de la institución» de colaborar con las Cortes, a requerimiento de éstas y cuando no exista obstáculo legal.
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De hecho, los populares recuerdan que con la primera petición fue el propio presidente del Senado, Pedro Rollán, quien en «su función de velar por los derechos de los senadores» juzgó necesario contar con «esa opinión experta del Consejo», sin considerar que ello supusiera «una intromisión en la propia potestad legislativa del Senado», sino como «el medio más idóneo» para que la Cámara conformase adecuadamente «su voluntad».
El PP sostiene además que García Ortiz no puede negarse a redactar el escrito porque, a diferencia del Consejo de Estado, la Fiscalía «no es un órgano consultivo del Gobierno» y porque un informe relativo a las leyes «es exigible cuando afecta a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal».
También ha recordado que la Ley de Amnistía, que ya ha iniciado su fase de tramitación en el Senado, «contiene disposiciones en materia de derecho y procedimiento penal», por lo que ven necesario la Fiscalía intervenga en los procedimientos que le afecten mediante cuestiones prejudiciales, bien ante el Tribunal Constitucional o en el ámbito de la Unión Europea.
No ve impedimento legal para el informe
En el escrito, el PP recalca que el argumento que el fiscal general del Estado dio para no redactar el informe solo se aplica si la petición la hace el Gobierno, no así de una de las Cámaras, por lo que no ven ningún impedimento legal. Para que las Cortes no pudieran requerir un expediente debería hacerse referencia a ello en el Estatuto Orgánico de la Fiscalía.
«Ninguna norma condiciona la relación entre el Ministerio Fiscal y las Cortes Generales; y ninguna disposición establece la prohibición de que esta colaboración se pueda producir en materia de emisión de informes prelegislativos a través del órgano que legalmente tiene la competencia atribuida en la materia, el Consejo Fiscal», señalan los de Alberto Núñez Feijóo en el escrito.
El PP recuerda que la Comisión de Venecia se refirió a este caso en su reciente informe, recordando al fiscal general del Estado que «las consultas significativas, junto con un plazo adecuado, deberían ayudar a los órganos electos a evaluar la proporcionalidad de la amnistía prevista».
