En plena precampaña catalana, con las elecciones fijadas el próximo 12 de mayo tras el adelanto aprobado por el president Pere Aragonès, el Gobierno endurece el tono contra el independentismo catalán. Por un lado, reclama a ERC y Junts que no insistan en el referéndum porque se trata de una fórmula “fracasada”. Por otro, avisa de su intención de recurrir todas las iniciativas sobre la autodeterminación, como ha hecho este mismo martes contra la iniciativa legislativa popular (ILP) admitida a trámite en febrero por el Parlament para declarar la independencia.
«Ya estamos hablando del referéndum con el PSOE», aseguró el pasado domingo, en una entrevista en EL PERIÓDICO, la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha desmentido tajantemente esa afirmación. Las conversaciones con los republicanos y posconvergentes, ha continuado el ministro, no giran en ningún caso en torno a una consulta de este tipo, porque a su juicio generan “conflicto y enfrentamiento”, como se comprobó en 2017. Bolaños incluso ha mostrado su perplejidad por el hecho de que las formaciones soberanistas continúen insistiendo en el referéndum.
“Estamos en campaña electoral en Catalunya y vamos a escuchar muchas cosas, algunas que no son ciertas, como esta. Nuestra apuesta por el acuerdo, el diálogo, las mayorías transversales es una política clara. Fórmulas antiguas, que llevaron a fracasos colectivos y generaron conflicto y enfrentamiento, no conducen a ninguna parte. A mí lo que me extraña es que haya todavía quien apueste por esas fórmulas. Nosotros apostamos por grandes mayorías transversales”, ha señalado el ministro desde el palacio de la Moncloa.
El recurso ante el TC
Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros ha aprobado el recurso contra la ILP del Parlament para declarar la independencia de forma unilateral, que pasó el primer filtro con los votos de Junts y la CUP y la abstención de ERC. El PSC llevó la semana pasada esta iniciativa ante el Tribunal Constitucional, y ahora el Gobierno ha hecho lo mismo. ¿Por qué? Según Bolaños, para pedir la suspensión “inmediata” de su tramitación, algo que puede pedir el Ejecutivo pero no los grupos parlamentarios.
A diferencia de las proposiciones de ley del Parlament, las ILP no decaen cuando se convocan elecciones, como ocurre en este caso con el adelanto de Aragonès. Pero su tramitación sí se encuentra suspendida de facto y solo continuará durante la próxima legislatura, con la nueva Cámara catalana que salga de los comicios del 12 de mayo.
Según Bolaños, el recurso al TC es “absolutamente coherente” con el discurso del Gobierno de evitar en lo posible la “judicialización” de la política.
“Este recurso protege la Constitución y las instituciones de Catalunya. Protege el diálogo. Ni el Gobierno ni el PSOE apuestan por la independencia. No queremos ninguna política aislacionista de Catalunya -ha señalado el ministro-. Frente a cualquier tramitación de ley divisiva, que fracture la sociedad, la defensa del autogobierno y el Estatut son la mejor garantía para la convivencia”.