El Gobierno ha iniciado ya el desembarco del Estado español en el accionariado de Telefónica con la compra de una participación del 3% a través de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y pretende completar su objetivo de alcanzar el 10% y convertirse en su mayor accionista “lo más rápido posible” y con la intención de no impactar en la cotización en bolsa de la teleco.
«En cuanto a los plazos para completar esa compra, se hará lo más rápido posible, en el menor tiempo posible. Evidentemente, siempre que además no afecte a la cotización de la compañía», ha sentenciado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Estado español empieza a ejecutar su plan para defender la autonomía y la españolidad de Telefónica para contrarrestar la irrupción en su accionariado de Arabia Saudí y su intención de tomar una participación del 9,9%. El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un movimiento estratégico y autorizó a SEPI comprar una participación del 10% de la compañía, para blindar una compañía que considera estratégica por su vinculación con la seguirdad nacional y la defensa y confirmando así el regreso del Estado al accionariado de la teleco un cuarto de siglo después de su privatización total.
La portavoz del Gobierno ha recalcado que el objetivo de la operación estatal es dar «mayor estabilidad accionarial» a Telefónica y «salvaguardar» las capacidades y la autonomía de una compañía «estratégica para los intereses nacionales». «Es una fórmula que también se está llevando a cabo en otros países del entorno», ha sentenciado Pilar Alegría.
La vuelta de la presencia estatal al capital de la compañía emula las participaciones directas que tienen otros Gobiernos europeos en su grandes telecos: Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia dispone de un 13,4% en Orange; e Italia ha adoptado un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.
El paquete accionarial del 3,044% que actualmente ostenta el Estado español en Telefónica tiene un precio de mercado actual de unos 700 millones de euros, con la cotización de la operadora superando ya los 4 euros por acción. Al precio de mercado actual, completar la compra del otro 7% de la operadora tendría un coste de unos 1.600 millones de euros adicionales.
Nuevo núcleo duro
Saudí Telecom (STC), la operadora controlada por el Estado saudí, mantiene sus planes de alcanzar una participación del 9,9% y el Gobierno español ahora toma medidas para contrarrestarlo. De momento, la teleco saudí cuenta con un paquete directo del 4,9% y derivados financieros por otro 5% adicional que aún debe ejecutar. STC debe pedir permiso al Gobierno si quiere ejercer un control accionarial en Telefónica por encima del 4,9% o, sin superarlo, si pide un asiento en el consejo de administración del grupo español. Siete meses después de la operación, la operadora saudí sigue sin mover ficha y no ha formalizado la petición.
La entrada de SEPI permite ir conformando un reforzado núcleo estable de socios españoles en su intento de blindar el control del grupo. El nuevo núcleo duro de accionistas españoles lo integrarán la propia SEPI, junto a BBVA y Caixabank, los dos grandes socios que han venido dando estabilidad accionarial a la compañía y que tienen intención de seguir haciéndolo. BBVA cuenta con una participación del 4,87% y Caixabank ha anunciado este mismo lunes un recorte de su participación en Telefónica del 3,5 al 2,5%, pero cuenta con otro 2,5% en manos de Criteria, el brazo inversor de Fundación Caixa.
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