Un caso real: un restaurante con entre 7 y 10 empleados, constituido en forma de sociedad limitada (SL). Al año se tiene que gastar 3.216 euros más el IVA en costes laborales y contables y dedicar alrededor de 118 horas a papeleo. Es un ejemplo real facilitado por la consultora EntreTrámites, que revela la carga que supone la burocracia para negocios pequeños. Teniendo en cuenta que sus beneficios anuales están entre los 20.000 y los 30.000 euros, ha de dedicar a los costes relacionados con el papeleo en torno al 10% de lo que gana. A la renovación de la licencia para proporcionar alimentos ha de destinar 8 horas al año; a facturas y gastos por contabilización, 5 horas al mes o 60 horas al año.
Por su parte, un autónomo que se dedica al comercio electrónico y que tiene un solo empleado ha de destinar a la gestoría contable y laboral 1.176 euros al año más el IVA. Sus ganancias fluctúan entre los 50.000 y los 60.000 euros. Lo cierto que las cargas varían mucho en función de sectores y actividades, pero en general siempre es preciso subcontratar el servicio.
EntreTrámites, que ha proporcionado algunos de estos ejemplos, ha llevado a cabo un estudio centrado en los trámites empresariales relacionados con las notarías. En total hay que realizar 72 y «45 de ellos pueden ser eliminados», concluye este análisis. De los 737.535 procedimientos realizados en 2022, 694.142 o el 94,1% se podría haber eliminado, asegura esta consultora que dirige Louis Williams. Y ello hubiera ahorrado 89,8 millones a los emprendedores en España y 844.590 horas perdidas en esperas.
El estudio revela que, a lo largo de 2022, las personas jurídicas y empresas radicadas en España tuvieron que gastar 99,1 millones de euros en concepto de tasas e impuestos notariales. Además, invirtieron 897.388 horas en procedimientos notariales, lo que equivale a 45,2 millones de euros en concepto de pérdida de productividad. En suma, «el impacto económico de las complejidades burocráticas del sistema de notariado y registro mercantil español se puede cuantificar en un mínimo de 144,3 millones de euros».
Williams apunta que «la administración es esencial para mantener el orden y el cumplimiento de la legalidad, pero el alcance expansivo de la burocracia en España provoca ineficiencias administrativas y complejidades regulatorias, además de gastos financieros directos y el coste intangible del tiempo invertido«. A su juicio, las ramificaciones económicas causadas por las complejidades burocráticas del sistema de notariado y registro mercantil español «suponen una barrera para el desarrollo de una actividad emprendedora más dinámica en España».
El informe compara la situación de España con la de Estonia, considerada «la nación más avanzada digitalmente del mundo, en la que el 99% de los servicios gubernamentales están disponibles ‘online’ las 24 horas del día, 7 días a la semana» y concluye que 45 de los 72 procedimientos detectados en España se pueden hacer por internet en el caso de la república báltica, sin necesidad de presencialidad ni de intermediarios.
«Los 45 procedimientos que en Estonia se pueden realizar ‘online’ representaron 694.142 de las 737.535 actas mercantiles realizadas por notarios en España en 2022, es decir, el 94,1% del total, con unos costes de 89,8 millones de euros en concepto de honorarios y una inversión de 844.589 horas para realizarlos (equivalentes a 42,5 millones de euros). En consecuencia, un nivel de optimización digital de la burocracia notarial y mercantil similar al de Estonia ahorraría a los emprendedores españoles 132,3 millones de euros al año«, concluye el documento.
La patronal CEOE analiza cada año la producción normativa de los distintos niveles de administración, que se superponen unos sobre otros y complican aún más la gestión. El estudio de 2022 (el de 2023 se presentará en unos días) concluye que el conjunto de las páginas publicadas por los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico alcanzó 1.329.865 de páginas en 2022. Es el sumatorio más alto de los últimos 11 años, y es un 22% superior a lo publicado el año anterior.
En lo que respecta a las páginas del BOE, en 2022 se editaron un total de 254.757, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a 2021, año en el que el número alcanzó la cifra de 241.803. Las secciones I y III del BOE, aquellas en las que se recogen las distintas disposiciones estatales, coparon más del 55% de las páginas en el año 2022, una cifra que supera ligeramente al peso que tuvieron en el año anterior, en torno al 50%.
Negocios de consultoría
Para que una persona pudiera estar complemente actualizada sobre las novedades legislativas publicadas en el BOE en el año 2022, tendría que leer cerca de 698 páginas al día. Este alud de normativa que genera obligaciones ha disparado un floreciente negocio de consultoría. El número total de Reales Decreto-Ley (20) siguió siendo el sexto más elevado de los últimos 40 años. Y esta es una medida reguladora que se reserva a casos de extraordinaria y urgente necesidad. El número de RDL aprobados en 2022 casi duplica la media de los últimos 40 años, según el estudio de la CEOE.E ste análisis revela también que las comunidades autónomas fueron responsables del 80,8% de las páginas publicadas en los boletines oficiales. A juicio de la gran patronal, eso «afecta significativamente a la unidad de mercado y a la seguridad jurídica».
En 2023 se aprobó la Ley 11/2023 de transposición de directivas de la UE, que incluye la digitalización de actuaciones notariales y permite realizar ‘online’ trámites y servicios notariales tales como la constitución de sociedades o ampliaciones o reducciones de capital, así como modificaciones de estatutos, cambios de domicilio, etcétera. Dicha reforma se desprende de la trasposición de la directiva 2019/1151 pero su implantación aún se encuentra en los inicios, de modo que no se conocen estimaciones referidas a la reducción de tiempo y de costes.
La ley de emprendedores introdujo algunos avances en España para crear por ejemplo sociedades exprés a bajo coste, pero sigue habiendo carencias y complicaciones en todo el proceso de constitución tras más de un año de entrada en vigor de la norma, que otorga un estatus jurídico a las ‘startups’.
