Madrid descarta presentarse como candidata para albergar la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), según explican fuentes de la Consejería de Sanidad a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, pese a la reciente invitación del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a exponer su proyecto. La comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, que nunca llegó a posicionarse de forma oficial, considera que es el Gobierno el que debe adoptar una decisión sobre dónde debe ubicarse el organismo.
El Consejo de Ministros aprobaba el 30 de enero el proyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública que, a propuesta del Ministerio de Sanidad servirá para vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población, así como reconocer los problemas, amenazas o riesgos que pueden surgir en materia de salud pública, prestando especial atención a las desigualdades en salud.
Desde que, ya con la anterior ministra de Sanidad, Carolina Darias, se supo que por fin la entidad sería una realidad, como los expertos de salud pública vienen reclamando desde hace años, surgió el debate sobre dónde se ubicaría el organismo. Una decisión que, pese a que estará adscrito al departamento que dirige Mónica García, depende en última instancia del Ministerio de Política Territorial.
La tramitación
Pero, por ahora, esa decisión deberá esperar. Este viernes, en la rueda de prensa posterior a la presentación del plan antitabaco de Sanidad, el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, daba detalles sobre ese aspecto y reconocía que la convocatoria de las elecciones catalanas y vascas supondrán una demora en la tramitación parlamentaria de la ley para la puesta en marcha del organismo.
Gullón ha explicado que la ley tuvo dos enmiendas a la totalidad, por parte del PNV y Junts, que fueron «negociadas hacia enmiendas parciales». Admitió que es probable que «el trámite sea ahora un poco más lento, pero seguimos con el objetivo, primero, de aprobar la ley y después, de sacar los estatutos adelante«. La ministra Mónica García, por su parte, señaló que la AESAP «es una necesidad» y «un imperativo moral y político». Sea como sea, no parece claro que, por ahora, al menos en un horizonte cercano, la Agencia eche a andar.
Madrid se aparta
Pero mientras tanto, las comunidades siguen tomando posiciones. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, indicaba recientemente que la elección de una ciudad candidata «no excluye a ninguna comunidad» y remarcaba que «se va a abrir un procedimiento en el que si Madrid quiere concurrir, presentará su candidatura«.
La región lo ha descartado, indican a este diario. Sin embargo, la comunidad «entiende que la localización de la Agencia en la misma región en la que está situado el Ministerio de Sanidad, ante una situación de crisis en salud pública, facilitaría la toma de decisiones y la coordinación de actuaciones«.
La pugna por la sede
En los últimos meses, han sido varias las comunidades que se han ido postulando para acoger la sede del organismo. Una incógnita que no se ha despejado todavía y que, como se ha dicho, depende de Política Territorial que no ha contestado a las preguntas planteadas por este periódico relativas a candidaturas recibidas o plazos para tomar una decisión.
Desde un inicio, los expertos en salud pública, apostaron por la descentralización del organismo: es decir, que estuviera ubicada fuera de Madrid.
Desde un inicio, los expertos en salud pública, apostaron por la descentralización del organismo: es decir, que estuviera ubicado fuera de Madrid. En todo este tiempo, fueron varias las comunidades que mostraron su interés en acoger la AESAP. Desde la Región de Murcia, hasta Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura o Castilla y León. Algunas, con más fuerza que otras.
Aragón, a la cabeza
A día de hoy, entre las comunidades con más posibilidades, Aragón. A finales de 2023, la comunidad oficializaba su candidatura para presentar a Zaragoza como sede. Ya en enero, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, y la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, presidían la primera reunión del Grupo Institucional para la candidatura aragonesa.
La ministra de Sanidad, Mónica García, y el director general de Salud Pública, Pedro Gullón / Ministerio de Sanidad
Pero no solo esta comunidad ha mostrado su interés. En Castilla y León, en febrero, la Plataforma Leonesa por la Agencia Estatal de Salud Pública -formada por la Universidad de León, el Colegio de Veterinarios, el sindicato SIVELE, ColproLeón -Asociación de Colegios Profesionales de León- y el Colegio de Enfermería– anunciaba que ha iniciado una ronda de contactos con representantes políticos para proponer y avanzar en la idea de llevarla a su ciudad.
La pugna de Granada
Ese mismo mes, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y en coordinación con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), comenzaba las sesiones de trabajo de los cuatro grupos designados para elaborar el documento de la candidatura de la ciudad de Granada para albergar la sede de la AESAP.
Al tiempo, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, trasladaba a la ministra de Sanidad el apoyo del pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, a la candidatura. El 7 de marzo, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobaba por unanimidad una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular para reclamar el apoyo a Granada por su «indiscutible idoneidad» para albergar dicha institución.
Independiente y con recursos
Por su parte, entidades como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha hecho llegar una veintena de aportaciones al departamento que dirige Mónica García y a los diferentes grupos parlamentarios sobre cómo debe ser esa agencia. El texto del proyecto de ley «deja muchos aspectos sin definir en un futuro Estatuto de la AESAP».
Aunque la ley tiene por misión establecer el marco para su posterior desarrollo legislativo, desde SESPAS consideran que «existen algunos aspectos que merecerían ser recogidos en el futuro texto legal, dada su relevancia«. La sociedad piensa que «es necesario un compromiso más claro y preciso con la función de investigación, que debería tener un papel destacado, en relación con la vigilancia de salud pública y la evaluación de políticas e intervenciones».
