La Fiscalía Europea investiga una presunta malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en la adjudicación por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) de 24 contratos para el suministro y transporte de material sanitario a las Islas durante la época de la pandemia. La denuncia que dio pie al conocido como caso mascarillas detalla que las pruebas PCR, mascarillas quirúrgicas y protectores «fueron comprados a un precio mucho mayor que los oficiales del mercado». La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, que inició las pesquisas, situó en 31.903.138 euros, procedentes en su mayor parte de fondos europeos, los gastos del Gobierno de Canarias para encargar la llegada de productos médicos entre abril y diciembre de 2020.
La adjudicación más sonada fue a parar a la empresa RR7 United, que recibió un encargo de cuatro millones de euros para traer un millón de mascarillas que nunca llegaron. El procedimiento fue negociado con publicidad durante la emergencia de la Covid-19 en agosto de 2020 y el coste unitario de cada mascarilla era de cuatro euros, es decir, tres euros y 77 céntimos por encima del precio de mercado, que se situaba en 23 céntimos.
La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas abrió una investigación por estos hechos el ocho de abril de 2022, que derivó en una querella a Conrado Domínguez por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en su cargo de director del SCS entre septiembre de 2020 y noviembre de 2022. También figuran como investigados el administrador único de RR7, Rayco González, por una supuesta estafa agravada y blanqueo de capitales, y la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Alonso, por presunta prevaricación administrativa.
RR7 vendió cada mascarilla por cuatro euros, pese a que el precio estándar era de 23 céntimos
La denuncia fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que se inhibió de la causa cuando fue asumida por la Fiscalía Europea, puesto que la mayor parte de los contratos fueron sufragados con fondos comunitarios europeos. En caso de que, en el desarrollo de la investigación, los fiscales responsables de la instrucción detecten que hubo adjudicaciones que no fueron financiadas por la Unión Europea, la causa se ramificará en nuevos procedimientos que asumirá, previsiblemente, el juzgado canario.
Las resoluciones administrativas extraídas de los Portales de Transparencia que figuran en la denuncia reflejan compras de mascarillas que duplican y hasta triplican los precios habituales en el mercado. Es el caso de una adjudicación de 1.938.000 euros a la empresa Tout Espagnol Import-Export S. L., con sede en Málaga y que tiene como objeto social la intermediación con comercios de productos alimentarios, bebidas y tabaco. Vendió 300.000 mascarillas FFP3 al SCS por un coste unitario de 6,46 euros, pese a que en el mercado oscilan entre 1,50 y dos euros en envases de 10 a 20 mascarillas, según la querella.
Posibles ramificaciones
De la misma forma, ACJ S. A., con sede en Las Palmas de Gran Canaria y dedicada al comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados, recibió 795.000 euros del SCS por la venta de 50.000 test PCR, con un coste unitario de 15,9 euros que contrasta con el coste de 5,46 euros en el mercado. La dirección general de Recursos Económicos encargó a Valsons Traders Explotaciones S. L., con sede en la ciudad y orientada a la distribución de productos plásticos, el suministro de 50.000 unidades de equipos de protección y 300.000 unidades de mascarillas FFP2, por un coste total de 2.081.650 euros, que la querella detalla que triplica el precio habitual.
En el listado de empresas también figuran cuatro adjudicaciones a Damco Trading Services S. A. por un importe que asciende a 4.981.610 euros. La mercantil investigada junto a tres empresarios en el caso Damco por un presunto fraude fiscal con los beneficios de las ventas de mascarillas asumió el suministro de 113.000 test rapid Autobio, 748.700 guantes de nitrilo, 70.000 rapid test Artron y 200.000 batas de aislamiento. Sin embargo, la denuncia no concreta si el coste de dichas compras estaba inflado.
El SCS pagó 2,94 euros (2,04 euros más que el coste estándar) por cada mascarilla FFP2 que encargó a Sanitary Traders Spain, que recibió un importe de 183.342 euros por una partida de 62.150 unidades. 1.920.000 euros fueron a parar a Titerro Internacional S. L. para el suministro de 200.000 batas quirúrgicas por un coste unitario de 9,6 euros (dos euros más caras que el precio habitual).
La querella estudia adjudicaciones que duplican y triplican los precios comunes en el mercado
La querella incluye además otros contratos a empresas no definidas y, sin especificar el presunto sobrecoste, a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., Grifols Movaco S. A., Abbott Rapid Diagnostics Healthcare S. L. y RC Technology Limited. En conceptos de transporte, la denuncia indaga en las adjudicaciones que fueron a parar a One Airways Sau Madrid Transporte de Mercancías, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. y Martín e Hijos S. L.
Las fiscales que investigan el caso, Ohiana Azcue Labayen y Gloria Yoshiko Kondo Pérez, levantaron hace unos días el secreto de sumario después de un año de pesquisas, permitiendo a las partes acceder al contenido de la instrucción. El motivo es que ya han concluido con las diligencias que requerían de medidas cautelares para evitar que parte de los investigados o terceras personas tuvieran conocimiento de las actuaciones. El siguiente paso será citar a las personas implicadas para comparecer por primera vez.
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