Los integrantes de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas desarticulada en el caso Koldo dieron un pelotazo por más de 53 millones de euros con sus contratos para Puertos del Estado, Adif, Interior los suscritos con las comunidades autonómicas de Baleares y Canarias, pero intentaron vender material sanitario para el covid a otros organismos. Así se deduce del análisis de la documentación de la empresa Soluciones de Gestión que ha realizado la UCO, que apunta a un posible negocio frustrado de venta de guantes demandados por Correos -también dependiente del departamento gestionado por José Luis Ábalos- por valor de otros 7,5 millones.