La reunión entre el Estado y la Comunidad Autónoma para dirimir el conflicto estatutario sobre la gestión del litoral ya tiene fecha y lugar: el 15 de abril en Canarias.
No obstante, esa esperada cumbre no paraliza el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que presentó hace unos días Canaria para reclamar las competencias que considera exclusivas de la Comunidad Autónoma en materia de costas, después de que el Ministerio de Transición Ecológica acordara el derribo del Hotel Riu Oliva Beach, enclavado en las dunas de Corralejo (Fuerteventura). Una medida que Canarias considera que invade sus competencias.
Así lo anunció el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello tras la reunión del gabinete que preside Fernando Clavijo, para insistir en que el Archipiélago «es quien tiene las competencias exclusivas y es el Estado quien vulnera el Estatuto de Autonomía».
«Ya tenemos fecha, que ya es más de lo que teníamos ayer, pero insistimos en que el traspaso de competencias que acordó el anterior Gobierno del pacto de las flores se hizo de forma parcial y sesgada», afirmó.
Aunque el Ejecutivo que preside Clavijo venía avisando desde el mes de septiembre, el pasado 18 de diciembre anunció formalmente que solicitaba al Estado la convocatoria urgente de la comisión entre el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno canario para proceder a renegociar la transferencia de Costas para que sus competencias estatutarias dejaran de estar «tuteladas». El retraso en su convocatoria llevó al propio presidente Clavijo el pasado 27 de febrero, en el Parlamento, a culpar al «sentimiento mesetario, jacobino o madrileño» del ministro y antecesor en el cargo, Ángel Víctor Torres, por dilatar la reunión.
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