Una papelera de tamaño medio, LC Paper, cuenta con dos personas para lidiar con el papeleo obligatorio. Son un total de 1.741 documentos al año que se tienen que dirigir a todas las administraciones, desde la local y autonómica a la central. Es un ejemplo que revela el alud de obligaciones con las que tienen que lidiar muchos negocios, explica el titular de esta industria, Joan Vila, que forma parte de la patronal Pimec.
Normas medioambientales, de seguridad, que nadie discute, pero que podrían gestionarse de manera más eficiente y con menos carga para el mundo de los negocios …»Cada nivel de administración es muy celoso de sus competencias», afirma Moisès Bonal, de Pimec. La burocracia, el papeleo, las cargas administrativas son uno de los elementos, aunque no el único, que ha sacado a la calle a los agricultores y ganadores, que representan un sector que recibe muchas subvenciones, pero no es un problema que solo afecte al campo sino al conjunto de las empresas, aunque en mayor medida a las de menor dimensión. Las administraciones reiteran compromisos de simplificación de trámites, pero se ha convertido en una promesa recurrente y que nunca se acaba de materializar del todo, se quejan las empresas.
Joan Vila, en un reciente artículo en el Diari de Girona, de Prensa Ibérica, explicaba que en Catalunya hay más de 1.000 grandes empresas y 532.000 pymes que dan empleo 1,9 millones de personas, el 68% de la ocupación. Son estas las más afectadas. A la complejidad burocrática corriente hay que sumar «la baja velocidad de la administración catalana y española en resolver permisos para nuevos proyectos».
La directora de Análisis Económico de la Cambra de Comerç, Carme Poveda, recordaba recientemente un estudio de esta entidad en 2007 que estimaba que una reducción del 25% de la burocracia tendría un impacto positivo en el PIB de, como mínimo, el 1,5%. Y en la actualidad el problema se acrecienta en detrimento de la productividad, dado que la producción de normas en España aumentó el 22% en 2022, el último ejercicio analizado por la patronal CEOE.
Gestoría SRB. / MANU MITRU
Nadie pone en duda en público que haya que controlar o justificar las actividades económicas, lo que sucede es que prima la complejidad, sin que la digitalización haya hecho aún mucho por reducirla. Y desde las empresas reclaman un modelo de ventanilla única, pero real, no un punto en el que hay que llevar distintos papeles varias veces. Difícilmente una empresa, por pequeña que sea, puede librarse de dedicar tiempo a estas tareas que se ve forzada a subcontratar por un mínimo de 1.000 euros al año, aunque las cantidades dependen mucho del tipo de trabajoso, afirma Josep Ribó, presidente del Col.legi de Gestors Administratius de Cataluña. Evidentemente, «cuanto más pequeña es la empresa, más le afecta tener que dedicar recursos a estos fines», agrega este socio de Saumoy, Ribó i Baiges, en Barcelona. De hecho, hay subvenciones a las que renuncian empresas de menor tamaño por la ingente cantidad de papeleo que requieren, explica Salvador Sedó, director de desarrollo sostenible de Foment del Treball.
Del comercio a las energías renovables
Esta patronal defiende la declaración responsable, por ejemplo para la apertura de un comercio. Así es como se funciona en los países anglosajones, donde suele haber mayor fluidez en los trámites. Muchas iniciativas han de pasar por un largo y complejo proceso. Por ejemplo, ahora que Cataluña vive una pertinaz sequía, hay empresas que piden un cambio de usos en el agua regenerada, a la que se podrían dar «un sinfín de usos industriales» y hay que pasar por varias ‘conselleries’ en un proceso «farragoso». O la ventanilla única para las energías renovablesque en realidad se ha convertido «en un lugar en el que has de presentar diferentes papeles de diferentes departamentos y en diferentes días», afirman afectados.
Y el problema no es solo de trámites sino del periodo en que tardan en conocerse las decisiones vinculadas, por ejemplo, a inversiones verdes en Cataluña, a pesar de que el Govern actul ha asegurado que ha agilixado los trámites. Un ejemplo reciente que detalla el especialista en renovables Jaume Morron, socio director de dialEc en su twitter es una buenas muestra: «transcurridos 273 días del anuncio de información pública, la ponencia de energías renovables de Cataluña declara incompatible con la conservación del águila perdiguera el 25% de la superficie de la planta solar fotovoltaica Aubals de 11,02 megavatios (MW), en Garcia y Móra la Nova, en Ribera d’Ebre».
Este dolor de cabeza se extiende por las industrias pero también por el ramo de los servicios, el que tiene un mayor peso en la economía. Por ejemplo, al comercio, ya que, según los datos de Asedas –Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados–, en 2023 se aprobaron o modificaron 1.140 normas que afectan a esta actividad económica , lo que equivale a algo más de 3 al día y las consiguientes obligaciones que suponen.
El modelo de Estonia
Y es que los emprendedores españoles ahorrarían 132 millones de euros al año solo en burocracia notarial y mercantil, para la que hay que hacer unos 72 trámites por empresa o negocio, si siguieran el modelo de Estonia, un mercado altamente digitalizado y con una proporción de ‘startups’ per cápita muchísimo mayor a la catalana, afirma Louis Williams, de la consultora EntreTrámites. Y pone un ejemplo que demuestra que hay mucho camino de mejora por recorrer: «En España hay que alrededor de 10 veces más trabajo en el Registro Mercantil que en Reino Unido, que tiene el triple de empresas».
Gestoría SRB en Barcelona. / MANU MITRU
Hacerse una idea de lo que sucede en otros países es muy provechoso. Hasta 2020, el Banco Mundial publicaba el informe ‘Doing Business’ que recogía anualmente una comparativa de los costes en los que incurren los negocios. Pero a partir de ese año dejó de difundirse después de que se presentaran denuncias internas y se detectaran «irregularidades» en los estudios de 2018 y 2020. El organismo internacional decidió parar la publicación y revisar y encargar unas auditorías sobre la metodología del informe. Después de todo ello, la cúpula del Banco Mundial decidió dejar de publicar este informe. En el de 2020, España se situaba en el puesto 31 de un total de 190 países, según este ránking que clasificaba los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En un año había descendido un puesto.
«Solo una vez»
Para Bonal, de Pimec, debería practicarse «el principio de claridad con carácter universal». Y es que la cuestión es que en vez de partir de la confianza mutua se presume, por parte de las administraciones, lo contrario, agrega. Y una forma de aumentar la simplicidad es la ventanilla única, pero la de verdad, es decir, que todo el papeleo se pueda llevar a un único punto y sea ahí, en la trastienda, en la que se haga la labor de distribución entre administraciones. «Cuando un trámite depende de, por ejemplo, varias ‘conselleries’ no tendría que ser secuencial si no poderse hacer de una sola vez», con lo que se ganaría tiempo y esfuerzo así como plantearse si todos los trámites son necesarios, agrega Bonal.
La Comisión Europea adoptó una propuesta de directiva dirigida a facilitar a las empresas un mayor uso de las herramientas y procesos digitales en el derecho de sociedades de la Unión Europea (UE). El objetivo era facilitar las actividades transfronterizas de las empresas y aumentar la transparencia y la confianza en materia societaria ofreciendo al público más información sobre las empresas a escala de la UE. También pretendía reducir la burocracia para las empresas transfronterizas, con lo que se ahorrarán alrededor de 437 millones de euros en carga administrativa al año, gracias a un certificado de sociedad de la UE o a la aplicación del principio de «solo una vez».
La propuesta, la antítesis del «vuelva usted mañana», ha de contribuir a una mayor digitalización del mercado único y ayudará a las empresas, y en particular a las pymes, a hacer negocios en la UE. La aplicación del principio de «solo una vez» persigue que las empresas no tengan que volver a presentar información al crear una sucursal o una empresa en otro Estado miembro.
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