La familia Wesenauer-Wagner ha vuelto a encadenarse esta mañana a primera hora de este Lunes Santo a la maquinaria de construcción que pretende iniciar las obras de construcción de varias piscinas y viviendas turísticas junto a su parcela de casa agrícola con más de 200 años de antigüedad.
Es la Casa Langostina, último testigo de la vivienda del secano tradicional que resiste en una zona consagrada a la construcción y venta de residencias turísticas para la que reclaman su protección como Bien de Relevancia Local.
Apoyo
La embajada de Austria en España ha remitido una carta al alcalde de Orihuela, José Vegara para que intervenga y paralice las obras. La misiva del embajador Enno Drofenik señala que los Wesenauer-Wagner, son ciudadanos austriacos y vecinos de Orihuela y explica que la familia tiene su domicilio en la urbanización de Castillo de Don Juan y «lleva 20 años viendo amenazada su propiedad por un proyecto de urbanización validado por la antigua Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana (LRAU)».
Carta del embajador de Austria en España al alcalde Vegara / INFORMACIÓN
Esperanza
El embajador matiza que es consciente de que a las embajadas y a las demás representaciones diplomáticas «no les corresponde intervenir en procedimientos jurídicos o administrativos del Estado receptor», pero, al mismo tiempo, señala el embajador Drofenik «albergo la esperanza de que las autoridades tanto regionales como locales de la Comunidad Valenciana estén haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos».
Y a continuación pide apoyo al alcalde, «para que se puedan tomar las medidas correspondientes dentro de su ámbito de competencia con el fin de lograr una solución satisfactoria y justa para las partes involucradas».
No era correcta
El alcalde de Orihuela, José Vegara (PP) y el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, señalaron en la anterior acción de encadenamiento de Kimberly y Gabriele Wesenauer que culminó con la paralización de las obras, que la empresa promotora, que opera bajo en nombre comercial de Praxa, contaba con licencia de obra mayor. No era así. Tanto la firma como la familia se cruzaron denuncias en la Guardia Civil en aquella ocasión. La primera porque entendía que no contaban con todos los requisitos para actuar y ponen en peligro la casa a proteger de su propiedad y la empresa por la invasión de suelo privado, calificado como urbano, al que accedieron numerosos medios de comunicación.
La promotora Lideralis Empresarial en Desarrollo, que comercializa sus promociones bajo la marca Praxis, propiedad de una conocida familia de constructores de Molins (Orihuela) -Víctor Gálvez y su hijo Víctor Valentino Gálvez-, sí tenía informe favorable a la licencia de obra pero la comenzó -como muchas de las que están levantando vivienda en Orihuela Costa en estos momentos- con deficiencias. La firma no se pronuncia sobre la reinvidicación de la familia. Se limita a indicar que cuenta con la propiedad de un solar urbano.
Licencia favorable con numerosas deficiencias
Así, en la licencia de obra mayor que facilitó el pasado 7 de marzo tanto el constructor -como el propio ayuntamiento para justificar las obras- para justificar la entrada de las máquinas en la parcela anexa a la finca Langostina, la jefa de Urbanismo, que es quien firma la licencia, indicaba que la empresa no aportaba el visado del proyecto de ejecución del Colegio de Arquitectos, ni se definía la obra, ni las condiciones mínimas del plan de seguridad y salud. Tampoco las garantías económicas en concepto de menoscabo del entorno con la finalidad de asegurar su reposición en caso de daños, ni la de gestión de residuos.
Carencias
Con estas carencias la jefa de Urbanismo, Isabel Heredia Pomares, primero, y el concejal de Urbanismo Matías Ruíz y el secretario general del Pleno, Virgilio Estremera, después, firmaron el informe a la licencia de obra mayor «favorablemente».
Presumiblemente, tras la difusión pública del caso la empresa habría enmendado esas deficiencias, después de que el concejal de Urbanismo apuntara la posibilidad de revocarla de oficio ante la familia -aunque públicamente ha defendido la legalidad de su visto bueno porque el Ayuntamiento podría enfrentarse a una reclamación patrimonial relevante-.
Es una forma de actuar habitual desde hace décadas en Orihuela Costa y Torrevieja por parte de los servicios de urbanismo que paradójicamente permite agilizar las licencias: las empresas actúan sin contar con todos los requisitos.
El Ayuntamiento ordena paralizarlas y el promotor logra atención sobre su petición y regularizar la actuación y legalizarla, siempre que se ubique en suelo urbano.
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