«Como a los nazis, les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar«. Un mar humano rodeó con ese canto la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, para repudiar los 48 años del golpe militar que provocó un quiebre histórico en Argentina. La naturaleza de esa tragedia es por primera vez puesta en entredicho en cuatro décadas de vigencia de las instituciones democráticas por un Gobierno de ultraderecha y por eso la multitud, fue superior a otros 24 de marzo. Ha reaccionado frente a los intentos de otorgar beneficios a exrepresores de la dictadura militar y frente a las reiteradas expresiones del presidente Javier Milei que banalizaron la cantidad de personas desaparecidas entre 1976 y 1983.
«Frente este Gobierno que reivindica el terrorismo de Estado seguimos reclamando una ley contra el negacionismo«, pidió Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. «Exigimos la preservación de los sitios y espacios de la memoria», reclamó el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, en momentos en el que Gobierno le ha quitado casi todo el presupuesto a esos espacios.
A su vez, Pérez Esquivel conectó a las zozobras del presente con los problemas irresueltos del pasado. «Milei ejecuta de manera y brutal de manera acelerada el más despiadado plan de ajuste en 40 años. Es la reedición de la miseria planificada por (José Alfredo) Martínez de Hoz», dijo en alusión al ministro de Economía de la dictadura. «Pretenden desmontar el sistema laboral, la seguridad social y las pensiones con las peores recetas del neoliberalismo. Han interrumpido el envío de alimentos a los comedores populares. Lo único que genera este plan es ganancias extraordinarias para una minoría. En los barrios populares se vive en emergencia humanitaria sin precedentes. Con odio, represión y revanchismo no se construye una sociedad más fraterna». El Gobierno «quiere arrastrar al país a una dictadura del mercado» que destruye a los organismos de la ciencia y la cultura.
Cárcel común para los represores
Sentadas en sus sillas de ruedas, en su mayoría nonagenarias, las Madres y Abuelas de desaparecidos, encabezaron el acto. El escenario se montó a metros de la sede presidencial. «Seguimos exigiendo cárcel común efectiva (para los represores) porque se trata de crímenes atroces. Son delitos que no prescriben y sus condenas deben ser de cumplimiento efectivo», señaló De Carlotto. «Las provocaciones del Gobierno en sentido contrario violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional». De acuerdo con medios de prensa, la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija de un exoficial del Ejército que participó de la lucha contrainsurgente de los años setenta, es la principal promotora de una «solución jurídica» a favor de los militares que todavía están en una prisión. De Carlotto aseguró que lo que se trama es una reivindicaciones del terrorismo de Estado porque, en rigor, de los casi 700 militares presos, un 75% ya cumplen arresto domiciliario.
Asignaturas pendientes
Desde que se demolieron los muros de la impunidad, en 2006, han sido condenados 1176 exuniformados y exagentes de inteligencia, absueltos 183, sobreseídos 104 y con falta de mérito 158. Para la dirigente de Abuelas, todavía hay dos grandes asignaturas pendientes que la democracia no pudo resolver y que con la llegada de Milei al Gobierno se dificultan mucho más. De un lado, la justicia no ha podido avanzar en la dilucidación de la responsabilidad civil en la represión. «Han sido los poderes económicos». Por el otro, subrayó que «falta restituir la identidad de 300 personas nacidas en centros clandestinos. ¿Dónde están los nietos y nietas?». En 40 años de democracia fueron recuperados 133 de ellos.
La mirada del Gobierno
La jornada en las calles de «memoria, verdad y justicia», como la definen históricamente las organizaciones de derechos humanas, tuvo en las pantallas la propia versión oficial. El Gobierno compartió un video en el que convoca a los argentinos a tener una versión «completa» de los hechos que desembocaron en el derrocamiento de Isabel Martínez de Perón.
Los 14 minutos de la respuesta institucional giró esencialmente alrededor de la responsabilidad de las guerrillas guevarista y peronista en la ruptura del orden democrático. Frente a las cámaras habló María Fernanda Viola, cuya hermana perdió la vida en 1974 durante una acción insurgente. «Hablan mucho de los derechos humanos; ¿y los de mi hermana, que tenía tres años, ¿dónde están?». Viola aseguró que mientras gobernaron Néstor y Cristina Kirchner (2003-2017) el «terrorismo estaba en el poder».
Un exguerrillero, Luis Labraña, se atribuyó la cifra de 30.000 desaparecidos. «La puse yo. Se convirtió en una bandera de la mentira». Ese número, dijo, «fortaleció el odio y oscureció una parte de la historia». La controversia, sostienen numerosos historiadores, intelectuales y familiares de las víctimas no es solo cuantitativa. La Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP) registró unos 9.000 casos cuando se recuperó la democracia, en 1984. Sin embargo, esa cifra siempre se consideró provisoria debido a que el Estado nunca dio una respuesta cabal sobre el destino de los cuerpos ni la cantidad de personas asesinadas por la represión. Un informe de la embajada de Estados Unidos de 1978 citaba fuentes del Ejército aludía a unos 22.000 episodios de esa naturaleza. «Los 30.0000 es la identidad de un pueblo que lucha. Seguimos preguntando, ¿dónde están? Debe terminar el pacto de silencio», señaló al respecto Pérez Esquivel. «Tenemos 30.000 razones para defender la patria», recordó Tati Almeyda, dirigente de las Madres.
La opinión de Fernández de Kirchner
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también intervino este domingo a través de las redes sociales y se preguntó si una «correcta investigación» de los bombardeos de junio de 1955 que buscaron derrocar al presidente Juan Domingo Perón, y provocaron al menos 300 muertos, todos ellos transeúntes por los alrededores de la misma plaza abarrotada este domingo, y el posterior «debido castigo de estos actos -como en cualquier país ‘de bien’-, hubieran permitido evitar la tragedia de la última dictadura militar». Algunos especialistas consideran que ese acontecimiento fue el que puso en marcha el ejercicio de la violencia política que en los años setenta llegaría a su punto de mayor incandescencia. «No se recuerda en la historia universal ningún hecho de similar naturaleza». Fernández de Kirchner dijo que «sería bueno que todos pudiéramos reflexionar sin dogmatismos ni odios cómo es que llegamos hasta acá».
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