La Federación Memorialista del País Valenciano (CAMDE PV), que agrupa a decenas de asociaciones de memoria histórica y de familiares de víctimas del franquismo, ha publicado un comunicado contra la nueva «ley de concordia» que la semana pasada presentaron PP y Vox en Las Corts.
Para CAMDE, esta proposición de ley «comienza con un negacionismo histórico de los hechos, impropio de cualquier gobierno que se llame demócrata«. Para la federación «aquí no hubo ninguna guerra fratricida, sobrevenida nadie sabe por qué, aquí una serie de generales golpistas apoyados por las potencias nazifascistas, los monárquicos, la banca, la oligarquía y la jerarquía católica, se levantaron en un golpe de estado contra la II República democráticamente constituida, provocaron una guerra terrible y una dictadura de casi 40 años que se mantuvo en el poder mediante el crimen y el terror y con una represión brutal, de forma sistémica y sistemática».
El punto más polémico de la nueva ley es que propone el punto inicial del reconocimiento de las víctimas en el 1931, es decir, la proclamación de la Segunda República Española. «Hemos considerado que tienen que ser desde 1931 para que se incluyan, si existieran las víctimas de la violencia revolucionaria del Frente Popular», explicó José María Llanos (portavoz de Vox) durante la presentación de la ley pese a que el Frente Popular fue una candidatura que se constituyó para las elecciones de 1936.
Asociaciones memorialistas anuncian protestas contra el Gobierno de PP Y Vox. / F. Calabuig
Las asociaciones de memoria histórica lamentan que no se les haya consultado en absoluto para la elaboración de la ley y acusan al Consell de desprestigiar «numerosos trabajos académicos de todas las cátedras de historia contemporánea de nuestras universidades. En un totum revolutum mezclan a las víctimas del terrorismo y de cualquier otro tipo de violencia, que ya tienen leyes propias en su caso, con las víctimas del franquismo aunque sin nombrarnos como tales, en un intento de diluirlo todo».
En opinión de las asociaciones, esta ley de PP y Vox es «contraria a derecho«, motivo por el cual se plantean ir a los tribunales. Además, han anunciado una concentración el próximo jueves 28 de marzo a las 19 horas en la plaza de Manises de València.
Injerencia y coacciones
Las entidades no comparten la opinión del Consell de que ha habido “injerencia, coacciones y restricciones de derechos en la legislación memorialista”. «¿De qué injerencias, coacciones y restricciones para con las víctimas hablan? cuando nuestra ley 14/2017 lo que pretende es darnos amparo, justicia, verdad y reparación y en cuya elaboración participamos las víctimas con aportaciones y mejoras, y ahora, en cambio, hablan de Concordia y ni tan siquiera se nos ha consultado nada. Dicen ‘Reconocer a todas’ ignorando malintencionadamente que ya fueron ampliamente exhumadas, reconocidas, honradas y reparadas las víctimas de ‘su bando'».
Otro de los puntos que recoge la nueva ley es la desaparición del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, que será sustituido por una Unidad Valenciana de la Concordia. Esta medida también ha disgustado a las asociaciones, que se preguntan «¿De qué concordia hablan? Sin Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de la dictadura no podrá haber nunca ningún tipo de reconciliación, no se podrán cerrar definitivamente las heridas aún abiertas. Desaparece el banco de ADN, los Lugares de Memoria, la eliminación toda simbología y monumentos de exaltación del fascismo… En resumen, es puro negacionismo de la verdad».
Las entidades califican el texto de «vergüenza carente de todo rigor histórico, legal y legislativo». En su opinión la propuesta es «contraria a los Derechos de las Víctimas de violencia por Crímenes de Lesa Humanidad reconocida por el Derecho Internacional Humanitario, es contraria a la Ley Estatal 20/2022, a todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre las víctimas en España de la guerra y la dictadura, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por España el 30/04/1977, a las Recomendaciones de los Relatores de Naciones Unidas sobre la Verdad, la Justicia y la Reparación para España, A la declaración Universal de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional y su prevalencia sobre la legislación propia recogido por fin en nuestro Código Penal en 2004».
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