El sector agroalimentario español, que ha dado muestras de su fortaleza en la reciente feria Alimentaria de Barcelona y que puede presumir de ser el gran motor exportador del país, tiene, sin embargo, varios retos por delante. Uno de ellos, el cambio climático, que pone en entredicho cosechas y recursos clave como el agua. El otro, la soberanía alimentaria, que debería asegurar un abastecimiento asequible de productos básicos a toda la población. Y un tercero aún, unas legislaciones que demasiadas veces se redactan «atendiendo a las modas, cuando lo que debería guiarlas es una base científica solvente«, observa Fernando Moraleda, director de la Oficina Alimentaria de la consultora Llorente y Cuenca (LLYC).
«El veganismo o el animalismo influyen más ahora en la dieta de los jóvenes que la propia ciencia», señala Moraleda, que ha participado esta semana en las jornadas técnicas de Alimentaria&Hostelco 2024 y que incluye, entre los desafíos del sector, otros dos ámbitos más: la lucha contra la desinformación (o la proliferación de noticias falsas) y la necesidad de incidir en la educación.
Que la sequía es ahora mismo una urgencia para la industria alimentaria española es una idea compartida también, en buena medida, por el el propio sector agroindustrial y por científicos especializados como los del IRTA, el Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentària de Catalunya. «Todas las previsiones señalan que en 2030, la disponibilidad de agua en la cuenca mediterránea se habrá reducido un 20%, y la agricultura tendrá que seguir produciendo alimentos de la misma calidad y en la misma cantidad que ahora… Si no tomamos medidas con rapidez, no llegamos», avisaba recientemente Robert Savé, investigador emérito de este organismo dependiente de la Generalitat y exprofesor de Ecología en la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB).
Ante este panorama, en que «los registros de las últimas seis décadas en España suman un valor acumulado un 16% por debajo de lo normal», constata Moraleda, ya no se puede decir que la escasez de lluvias es algo coyuntural. «No podemos convivir con una sequía que es ya sistémica sin modificar las estructuras existentes, y esta es una asignatura pendiente que exige altura política a todos«, sentencia el consultor. Ha sido útil en este sentido, prosigue Moraleda, «el PERTE agroalimentario, que ha ayudado al sector a centrarse en programas de sostenibilidad e innovación, pero esta orientación no debería abandonarse sino, en todo caso, verse reforzada con nuevos programas que amplíen la demanda de la industria alimentaria», reclama el consultor de LLYC.
Nuevo PERTE este semestre
De hecho, el Gobierno ya ha anunciado que va a haber una segunda convocatoria de este PERTE, después del éxito de la primera, que adjudicó 163 millones en subvenciones y más de 20 millones de euros en préstamos. La intención del Ministerio de Industria es que esta segunda línea de ayudas «cuente con un total de 40 millones de euros en subvenciones y 10 millones en préstamos y que la convocatoria pueda salir a lo largo del primer semestre de este 2024″, dijo el ministro Jordi Hereu la semana pasada en una comparecencia parlamentaria.
«En los últimos años, todo el sector, desde el campo hasta la distribución, ha trabajado en la incorporación de tecnologías para el uso más eficiente del agua, para reducir fertilizantes y plásticos y para depender menos de los combustibles fósiles«, ratifica Sara Bover, responsable del área de Industrias Alimentarias del IRTA. También se ha rebajado el impacto sobre el medio ambiente con técnicas de reaprovechamiento de residuos, de valorización de desechos ganaderos y de utilización de agua regenerada, agrega esta investigadora en seguridad alimentaria.
En otros eslabones de la cadena, reanuda Moraleda, se han hecho también esfuerzos para asumir «obligaciones en materia de envases, productos a granel en los supermercados, nuevos gravámenes o registros públicos», que han enervado en más de una ocasión a los colectivos afectados por su aplicación.
«En los próximos años va a haber un intenso debate sobre qué estructuras debemos modificar en cuanto a las cuotas de producción de los alimentos, los mercados de importación, la dimensión y concentración de las empresas alimentarias europeas o la regulación ambiental», pronostica el director de la Oficina Alimentaria de LLYC, una uniddad creada recientemente por la consultora en vista del creciente interés e impacto económico del sector.
La conclusión de este experto es que «como plantea ya la misma ley de la cadena alimentaria, aquí no puede ser que un sector se enriquezca a costa de los otros, sino que hay que avanzar de manera colaborativa, mediante la cooperación entre todos los estratos». «Las regulaciones de estos ámbitos inciden sobre el sector primario, la industria y la distribución, por lo que es fundamental abordar su impacto y respuesta desde una perspectiva de cadena y no como tres sectores diferenciados», recomienda.
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