La juez Inmaculada Iglesias ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Diaz Ayuso, presidenta del Gobierno de Madrid, y le ha citado a declarar como investigado por dos presuntos delitos fiscales y falsedad documental continuada.
En una resolución conocida este viernes, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid también llama a declarar a los otros cuatro querellados, así como a las dos inspectoras de Hacienda que han investigado la situación tributaria de la empresa de González Amador, Maxwell Cremona. La fecha de las comparececias será concretada por la instructora en una resolución posterior.
La Fiscalía Provincial de Madrid denunció el pasado 13 de febrero a González Amador, Maximiliano N., David H., Agustín C. y José Miguel C., así como a diversas empresas por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental.
La denuncia, que no fue registrada en el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla hasta el 5 de marzo, sostiene que la pareja de Díaz Ayuso habría defraudado 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.
La conducta defraudatoria habría consistido en reflejar en la declaración del impuesto de sociedades de Maxwell Cremona SL en los dos ejercicios citados unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por sociedades vinculadas a los otros denunciados con el fin de ingresar en el erario público menor cantidad de la que correspondía abonar.
La denuncia que ha dado lugar al proceso penal contra González Amador se basa en informes de la Agencia Tributaria según los ciales Maxwell Cremona SL registró en los años 2020 y 2021 un incremento de sus ingresos por operaciones de intermediación en venta material sanitario para combatir al pandemia de la Covid-19 en 2020 y la percepción de unos ingresos cuantiosos facturados a su principal cliente desde hace unos años, Quirón Prevención.
Según Hacienda y la Fiscalía, «con ánimo de minorar la tributación» del impuesto de sociedades se habría deducido gastos ficticios al amparo de facturas falsas, puesto que no se habrían producido las operaciones comerciales referidas a los conceptos facturados.
