La aplicación del primer impuesto global a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte marítimo va ganando apoyos. Una mayoría creciente de países que integran la Organización Marítima Internacional (OMI) se han mostrado partidarios de esta opción tras dos semanas de negociaciones de los integrantes de este organismo de la ONU dedicado al transporte marítimo, responsable de entre un 3% y un 4% de las emisiones que provoca la acción humana en el planeta.
Concretamente, 34 países de la UE, el Caribe, el Pacífico, África y Canadá se muestran favorables a establecer un precio a las emisiones del transporte marítimo. Más allá de la OMI, integrada por los estados que con un papel destacado en la industria marítima, más de 100 países apoyan este mecanismo en otros foros. Otros catorce países miembros de la OMI se han mostrado a favor de otros mecanismos y contrarios a un impuesto universal sobre los GEI.
Agilizar la descarbonización
El debate ha tenido lugar en la primera convocatoria de la OMI -en el seno del Comité de Protección del Medio Marino- tras la adopción en julio del año pasado de su nueva estrategia para reducir las emisiones en el transporte marítimo, que indica que estas deben caer hasta un 30% en 2030 para alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Entonces, la OMI ya señaló la necesidad de establecer algún tipo de precio a las emisiones a nivel global, que debería entrar en vigor a finales de 2025. La medida busca agilizar el proceso de las navieras hacia la descarbonización, así como el aumento de la demanda de combustibles verdes. El trabajo se centra ahora en concretar la fórmula para hacer efectivos los nuevos mecanismos.
Entre los países partidarios de crear un impuesto a los GEI destacan las Islas del Pacífico y Belice, que han puesto sobre la mesa una propuesta concreta: que este impuesto sea de 150 dólares por tonelada de emisiones de GEI.
Vigente en Europa
En Europa, el gravamen sobre las emisiones del transporte marítimo ha entrado en vigor en enero de este año. Con un despliegue gradual, establece el pago por la mitad de las emisiones generadas en las rutas que conectan puertos europeos con destinos fuera de la UE, mientras que en las conexiones entre los países de la Comunidad Europea computan el 100%. Los principales puertos europeos se han mostrado contrarios a que Europa sea la primera en adoptar esta reglamentación, ya que consideran que debe ser una medida que debe llevarse a cabo a nivel global.
«La ONU está cerca de adoptar el primer precio global de emisiones, pero la política solo será tan exitosa como los países lo permitan«, ha afirmado la directora general de la organización Ocean Conservancy, Sandra Chiri, que ha reclamado ambición para proteger a los océanos, el medio de vida de las personas y la salud del planeta.
Medidas adicionales
La Coalición para un Transporte Marítimo Limpio (CSC) ha acogido con satisfacción el creciente apoyo a un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que «garantizará que los contaminadores paguen», si bien ha advertido que los estados miembros de la OMI también deben contemplar medidas adicionales, como la mejora de la eficiencia energética en los barcos a través del indicador de intensidad de carbono (CII), para «asegurar que los barcos comiencen a ser más limpios hoy», sin esperar a la puesta en marcha de futuras normas.
También ha puesto el foco en la necesidad de un cálculo adecuado del estándar de combustible global (GFS), que contabilice las emisiones a lo largo de la cadena de suministro. «Los negociadores deben tener en cuenta las emisiones de ciclo de vida para que opciones como el hidrógeno gris, el GNL y los biocombustibles no terminen simplemente reemplazando un mal combustible por otro», ha alertado el director de Transporte de la coalición, y miembro de la organización Transporte y Medio Ambiente, Faig Abbasov.
