Repsol se revuelve con dureza contra las acusaciones de ‘ecopostureo’ lanzadas por Iberdrola y contra las críticas de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, ha hecho un duro alegato en defensa de la estrategia de la compañía por impulsar la transición energética con todas las tecnologías que sirvan para descarbonizar y no sólo mediante la electrificación de la economía.
“No podemos despreciar ninguna energía. Descarbonizar no es solo electrificar”, ha sentenciado Imaz en la apertura de una jornada de Repsol y Funseam, a pesar de que su intervención no estaba inicialmente prevista en la agenda del evento. “Más tecnología y menos ideología”, ha proclamado para defender su estrategia multienergía con inversiones en energías renovables, pero también en combustibles renovables (diésel y queroseno verdes), el aprovechamiento de residuos o el hidrógeno verde, con la que pretende llegar con emisiones netas cero en 2050 y hacerlo con energías a precios asequibles para los ciudadanos y las empresas.
Iberdrola ha presentado una demanda contra Repsol por “competencia desleal” y “publicidad engañosa”. La mayor eléctrica español acusa a la mayor petrolera -ahora reconvertida en grupo multienergía y creciendo con fuerza en el negocio de la electricidad- de greenwashing o ‘ecopostureo’ por intentar hacer pasar por sostenibles y ecológicas actividades industriales que no lo son.
“A Repsol no le va a distraer una demanda judicial sin fundamento jurídico”, ha replicado Imaz, que ha achacado la batalla legal emprendida por Iberdrola al “nerviosismo” de la eléctrica por “no estar acostumbrada a competir” y “acostumbrada a funcionar en un entornos regulados que dependen del Boletín Oficial del Estado” (BOE), en referencia fundamentalmente a los negocios regulados de redes de distribución. Según el consejero delegado de Repsol, la demanda de Iberdrola busca “limitar la competencia” y “limitar el crecimiento de un operador”. “Repsol seguirá creciendo en clientes de electricidad y va a seguir tratando de ofrecer a la sociedad soluciones energéticas de presente y de futuro. Sin cortinas de humo, sin ideología, con tecnología«.
Iberdrola denuncia en su demanda ante los tribunales que la petrolera sigue teniendo en la exploración y producción de hidrocarburos su principal negocio, pero se promociona en sus campañas publicitarias con “actos de engaños” y “omisiones engañosas” como “una opción sostenible, cuando no es real” y también como una alternativa “económica, cuando los descuentos cruzados son subvencionados gracias al alto margen comercial de los carburantes”. Entre las grandes energéticas, Repsol es la que más crece en número de clientes eléctricos gracias a su estrategia de descuentos cruzados en la factura de luz y en los repostajes en su red de gasolineras.
«Es la empresa de España con mayor emisión de gases con efecto invernadero, y en cambio en sus comunicaciones se autodefine como líder en sostenibilidad y transición energética. Sus campañas constituyen una infracción de la Ley de Competencia Desleal”, sostiene Iberdrola en la demanda presentada el pasado febrero y adelantada por El Confidencial. La compañía incluye varias referencias que considera greenwashing y que Repsol incluye en su web corporativa, como “lideramos la transición energética”, «la lucha contra el cambio climático está en nuestro ADN” o «a la cabeza del sector en la lucha contra el cambio climático”.
Choque frontal con Ribera
Tras conocerse la demanda, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pareció ponerse de parte de Iberdrola y respaldar el arranque de la batalla legal. “Y llega a los tribunales el hartazgo por el greenwashing”, indicó en su cuenta en la red social X (antes Twitter). Un día después Ribera reculó y se declaró “absolutamente neutra”, apuntó la necesidad de una agenda verde que no genere “confusión” a los usuarios y recomendó a Repsol seguir con su estrategia de transformación hacia la descarbonización.
Los choques entre Repsol y el Gobierno han sido continuos en los últimos meses. La propia Ribera acusó al consejero delegado del grupo de tener un discurso “negacionista” y “retardista” sobre la descarbonización y el cambio climático tras sus declaraciones en el Foro de Davos denunciando que la posición de la Unión Europea al respecto tiene un enfoque ideológico y defender otras políeitcas que tengan en cuenta todas las tecnologías para avanzar en la descarbonización y no sólo impulsar la electrificación.
“Repsol apuesta por una oferta multienergía y la neutralidad tecnológica, por utilizar todas las energías para descarbonizar”, no sólo por la generación eléctrica con renovables, también por combustibles con bajas emisiones para impulsar los sectores industriales que no pueden utilizar la electricidad en sus procesos de producción (química, cementeras, papeleras, transporte pesado…).
«La alternativa a este planteamiento es cerrar las refinerías. Ministra Ribera, ¿quiere que cerremos las refinerías, que dan empleo, solo en el caso de Repsol en España, a 28.000 personas, incluido empleos directos, indirectos e inducidos?», ha apuntado Imaz. «Nos rebelamos ante aquel que ve la industria como un problema. Por eso vamos a pelear con uñas y dientes para continuar transformando y continuar mejorando nuestras refinerías, para reducir su huella de CO2. me gustaría, y lo deseo de todo corazón que tengamos la cercanía de la ministra, su ayuda su colaboración en este objetivo y en este camino. En Repsol nada nos va a distraer de ese objetivo.”.
Imaz ha defendido la neutralidad tecnológica para mantener la industria en España y para garantizar su competitividad. «No de forma retórica sino de forma sincera y directa me atrevo a preguntar. ¿Queremos industria? ¿La queremos? ¿Sí o no? Yo le preguntaría a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. ¿Queremos industria, ministra Ribera? Nosotros la queremos».
En los últimos meses, Repsol ha llegado a amenazar con paralizar inversiones de en torno a 3.000 millones de euros en España por la regulación y la fiscalidad emprendida por el Ejecutivo, singularmente la aplicación del nuevo impuesto a las grandes energéticas que grava sus ventas y nos sus beneficios. Repsol es la compañía que mayor aportación hace por el nuevo gravamen en principio temporal, tras pagar 443 millones el año pasado y calcular que abonará 350 millones este ejercicio.
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