La recién creada Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Insularidad estrenó su actividad este jueves aprobando más de media docena de iniciativas relacionadas con los territorios extrapeninsulares y entre ellas una en la que se insta al Gobierno central a establecer una excepcionalidad en los aeropuertos de los dos archipiélagos españoles, así como en los de Ceuta y Melilla, para que en ellos no se aplique la subida de tasas aéreas del 4,09% aprobaba por el Consejo de Administración de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y que entró en vigor el 1 de marzo. Para el caso de Canarias como “única región ultraperiférica de todo el Estado”, la propuesta, una moción presentada por el senado de CC, Pedro Sanginés, se reclama incluso que se estudie la posibilidad de rebajar las tasas anteriormente en vigor tras los pertinentes estudios de impacto.
La medida fue respaldada por todos los grupos, integrados todos ellos por diputados o senadores en su mayoría originarios de los territorios insulares, excepto por el PSOE. Se da la circunstancia de que varias de las mociones debatidas durante la primera sesión de esta comisión parlamentaria de carácter permanente fueron aprobadas sin el respaldo socialista, mientras el PP, que originalmente se opuso a darle este perfil al nuevo órgano parlamentario, sacó provecho asumiendo todas las propuestas de los demás grupos y logrando así derrotas del PSOE. En el caso de la moción de CC sobre las tasas aéreas, los socialistas alegaron que la medida puede poner en riesgo la viabilidad económica de la entidad aeroportuaria.
En la defensa de su propuesta, Sanginés señaló que la subida aprobada “ha generado una gran preocupación, ya manifestada por el Gobierno de Canarias y por gran parte de las organizaciones empresariales del Archipiélago”, así como por las propias compañías aéreas que operan en los aeropuertos de las Islas por la pérdida de competitividad y de conectividad de los aeropuertos canarios frente a los competidores directos en el Mediterráneo.
Oposición del PSOE
En los mismos términos se expresaron la portavoz del PP, la diputada Laura Lima, cuya enmienda para que se incluyera a los aeropuertos de Ceuta y Melilla fue aceptada e incorporada, así como el representante de ASG, Fabián Chinea, que también incluyó una enmienda para “estudiar, prevenir y evitar la pérdida de competitividad del transporte aéreo de los territorios insulares por la confluencia de la citada subida de tasas aeroportuarias y la entrada en vigor simultánea de medidas de fiscalidad ambiental acordadas por la Unión Europea”.
El PSOE trató de evitar el varapalo que la comisión de Insularidad iba a inflingirle a AENA y trató de colar una enmienda propia que en realidad anulaba por completo el texto original de la moción. El portavoz socialista, el senador grancanario Ramón Morales, arguyó que “las tasas aéreas son elemento central de la sostenibilidad de la economía del sistema aeroportuario permitiendo los niveles de calidad y seguridad”, y considerando que “AENA debe tener garantizados niveles de ingresos suficientes para financiar todas las inversiones en sus infraestructuras”, y que “una reducción de tasas comprometería su viabilidad económica”.
Declaración de OSP
Otra de las ocho propuestas a debate con las que se estrenó la Comisión Mixta de Insularidad, creada por primera vez en la historia de las Cortes españolas, se refería a la posibilidad de realizar una experiencia piloto de declaración de Obligaciones de Servicio Público (OSP), en la conexión aérea de Canarias con el resto del territorio nacional que establezca una limitación los precios máximos y que permita de la mejor manera analizar sus efectos en la conectividad de residentes y visitantes de las Islas, y permita así extraer conclusiones válidas para posibles acciones posteriores.
Esta propuesta era del PSOE y fue respaldada por todos los grupos excepto Vox y CC.
El portavoz socialista, Manuel Fajardo, defendió que “no podemos dejar que en determinadas circunstancias los precios de los vuelos queden al albur de los criterios economicistas de las compañías aéreas”, y recordó que cuando se aumentó del 50 al 75 % las subvenciones a los billetes para el caso de los residentes, “casualmente todas las compañías subieron los precios”. Todos los demás grupos, tanto los que apoyaron la moción como los que se abstuvieron, recordaron al PSOE que el Ministerio de Transportes y el entonces Gobierno de Canarias que presidía Ángel Víctor Torres, ya tenían cerrado un acuerdo en el primer trimestre del año pasado para poner en marcha antes del verano esa OSP experimental en el trayecto entre Lanzarote y Madrid, y, sin embargo, se había aparcado sin ninguna explicación. Algunos recordaron de hecho que el PSOE y Sumar habían pactado en su programa de gobierno crear una OSP en el trayecto entre Menorca y Barcelona y se olvidaron de la que el Ministerio de Transportes había estudiado previamente entre el aeropuerto lanzaroteño y el de la capital del Estado
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