Los venezolanos deben elegir presidente en el lejano 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio plazo máximo hasta el 25 de marzo para inscribir candidaturas. Pero varias cosas pueden suceder antes del lunes para enturbiar el camino a las urnas. La candidata presidencia de la Plataforma Unitaria (PU), María Corina Machado, quien ha sido inhabilitada para participar de los comicios, denunció que los recientes arrestos de dos integrantes de su partido, Vente Venezuela, así como las órdenes de detención contra otras siete personas que forman parte de su equipo de campaña son una «infamia» del madurismo. Lo que se busca, añadió, es «cerrar el proceso electoral«.
El endurecimiento de Machado se conoce cuando es esperado un anuncio clave: el eventual reconocimiento de su imposibilidad de competir, debido a una proscripción vigente, y la voluntad de contribuir a la designación un candidato opositor consensuado a quien pudiera endosar su popularidad y, de esta manera, derrotar a Nicolás Maduro. La posibilidad de un paso al costado se ha resentido en las últimas horas.
«El régimen por la fuerza, por las malas, puede intentar retrasar la transición, pero no puede evitarla. Esto ya está en proceso”, después de que los dirigentes Henry Alviárez y Dignora Hernández fueran “aprehendidos por la fuerza”. El fiscal Tarek William Saab los involucró en un intento de generar situaciones de violencia para forzar la candidatura de Machado. La dirigente de derechas calificó a Saab de «fiscal del terror» y «mentiroso».
Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PU), que ha representado a la oposición en los diálogos con el Gobierno que desembocaron en el acuerdo de Barbados, suscrito para garantizar una elección transparente y sin proscripciones, expresó su «categórico rechazo» de las detenciones de Hernández y Álviarez por considerar que se trata de una «nueva arremetida y criminalización al ejercicio de la política» y de aquellos que luchan por un cambio político «a través del voto». Henrique Capriles, sobre quien pesa también una inhabilitación estatal, condenó los arrestos. «Una vez más, quienes pretenden a cualquier costo perpetuarse en el poder arremeten en contra de quienes los adversan».
El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, señaló que «los crecientes ataques de (Nicolás) Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del acuerdo de Barbados, pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano». Washington ha retomado la vía de la sanción económica a partir de los últimos sucesos.
Cuestionan la versión oficial
Saab se había basado en dos videos para incriminar a los dirigentes cercanos a Machado. La líder de Vente Venezuela dijo que esta ofensiva no es una «casualidad» porque tiene lugar cuando comienza a correr el reloj para presentar ante el CNE a los candidatos a presidente. A su criterio, los arrestos son una «señal de profunda debilidad» del Gobierno porque «se saben perdidos».
Para Machado, las medidas dictadas por Saab «profundizan» las violaciones al Acuerdo de Barbados que se suscribió en octubre pasado, con el beneplácito de la comunidad internacional. «Nosotros hemos cumplido todo lo que se nos ha pedido, hasta la última letra. Es al régimen a quién hay que exigirle, y contundentemente».
Creciente endurecimiento
Nicolás Maduro, quien días atrás fue previsiblemente proclamado candidato presidencial, se llamó en esta oportunidad a silencio. La palabra la tomó Diosdado Cabello, el número dos del Gobierno: «se sienten perseguidos porque la justicia está actuando, ellos van a tener derecho a la defensa como todos los demás». Acusó a sus adversarios de haber pedido «invasiones, bloqueos» y pedir «que entren los Marines».
Las relaciones entre el Palacio de Miraflores y la PU volvieron a tensarse en octubre mismo cuando desde el oficialismo se descalificó la primaria que había ungido a Machado. Luego se ratificaron las inhabilitaciones de la representante de Vente Venezuela y Henrique Capriles. El año comenzó con las denuncias de Saab de cinco tentativas de asesinato de Maduro a las que siguió una ola represiva que impactó hasta en la delegación en Caracas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. A su vez, la Asamblea Nacional aprobó una «ley contra el odio» que parece escrita para ser aplicada solamente a la oposición.
