La decisión de dejar en libertad a Dani Alves no ha sido por unanimidad. De forma sorpresiva el magistrado ponente de la sentencia, Luis Belestá, ha emitido un voto particular contrario a sus compañeros de la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona, en el que se opone a la excarcelación del jugador brasileño y se apuesta por prorrogar la prisión provisional. Al ser votarse la decisión, los otros dos magistrados se impusieron.
«Creo que debería prorrogarse la situación provisional del acusado con el límite máximo de la mitad de la pena impuesta, esto es, dos años y tres meses de prisión», ha señalado el magistrado en su voto particular, a la espera de resolverse los recursos de apelación interpuestos.
Además, ha añadido que el riesgo de fuga se ha «reforzado» con la pena impuesta a Alves y recuerda que la última resolución al respecto del mismo tribunal, en la que mantenía la prisión provisional, es de noviembre de 2023. Para el magistrado la condena hace que «las circunstancias que concurrían en el momento de dictarse las anteriores resoluciones», de prorrogar la cárcel para el jugador, «no solo se mantienen en el momento actual, sino que se han visto incrementadas» por los cuatro años y medio impuestos a Alves.
También ha remarcado que la condena puede aumentar si se estiman los recursos de la fiscalía y la acusación particular, que representa a la víctima, y que han pedido que se retire la atenuante de reparación del daño. En este sentido, el juez ha indicado que «si bien la sentencia impone una pena inferior a la interesada por las acusaciones, ello no permite tener por conjurado el riesgo de fuga el cual se mantiene e incluso se ha visto incrementado», ya que «el horizonte punitivo» no ha cambiado al pedir las acusaciones la misma pena que al inicio del juicio.
Un millón de euros poco disuasorio
Sobre la sentencia de un millón de euros impuesta al jugador, el magistrado ha destacado que «el patrimonio y los ingresos económicos que se le conocen impiden considerar que pueda encontrarse en una situación de dificultad económica o de ruina» y ha señalado que «su entorno personal, familiar y de amistades, estas últimas de elevado poder adquisitivo, hacen viable la posibilidad de considerar que pudieran facilitarle poder abandonar el territorio nacional para sustraerse de la acción de la justicia, incluso renunciando al millón de euros que se pueda depositar».
«Tampoco la medida de retirada de pasaporte sería efectiva. Por desgracia la práctica forense nos demuestra a menudo la facilidad con la que cualquier persona puede eludir los controles fronterizos para colocarse en situación de ignorado paradero. Más aún si se dispone de la capacidad económica y círculo de amistades con elevado potencial económico para facilitar dicha huida, como sucede en el caso de Daniel Alves», ha alertado el magistrado.
Una condena para evitar «una reacción social»
En declaraciones a este medio el abogado Javier Rodrigálvarez ha explicado que la salida en libertad de Dani Alves no es «descabellada teniendo en cuenta la pena de cárcel impuesta» y el tiempo que lleva en prisión provisional. Además, ha añadido que ante la tramitación de los recursos presentados contra la sentencia «puede conllevar una demora que superase la mitad de la pena impuesta». Sobre la fianza impuesta ha destacado que es «bastante alta, pero el tribunal habrá valorado la capacidad económica» del jugador.
Por su parte, la abogada Nuria González ha destacado que, con la salida de la cárcel de Alves, «impera la impunidad y la desigualdad en la Justicia porque el mensaje que se da es que si tú violas, pero tienes dinero para pagar una fianza no vas a esperar la sentencia en la cárcel».
«El principio de que la Justicia es igual para todos queda totalmente desvirtuado y la impunidad es absoluta», ha indicado González y ha recordado que la resolución de puesta en libertad del jugador reconoce que «hay cierto riesgo de fuga» y cuenta con un voto particular contrario. «A mí lo que me certifica es que en realidad este tribunal nunca quiso condenar a Alves y le impusieron una pena mínima para no enfrentarse a una reacción social como pasó con la sentencia de La Manada, ya que, sino no se explica los pocos años de cárcel impuestos si creyeron el relato de la víctima», ha explicado la abogada.
