El Gobierno da el primer paso para reconocer la represión política durante la Transición y reparar a las posibles víctimas. El próximo mes de abril está previsto aprobar en el Consejo de Ministros la creación de una comisión para elaborar un estudio “sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos” desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y hasta el 31 de diciembre de 1983. Un año después de la llegada al Gobierno de Felipe González. Sus conclusiones servirán para señalar “posibles vías de reconocimiento y reparación” de las víctimas.
Se trata de una de las medidas incluidas en la ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, que siguen pendientes de desarrollo y que formarán parte del primer paquete que se abordará en esta legislatura. Así lo ha avanzado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante su comparecencia esta tarde en la comisión de Memoria Democrática del Congreso. La disposición adicional en la norma que recoge esta medida fue fruto de una enmienda pactada con EH Bildu. La oposición conservadora la criticó por interpretarla como un blanqueamiento a miembros de ETA, mientras que los socios parlamentarios la respaldaron para recuperar la memoria de las víctimas olvidadas durante la Transición.
El Consejo de Ministros, previsiblemente el que se celebrará el 23 de abril según los cálculos de Política Territorial, dará luz verde a la creación de otras dos comisiones más. Una de ellas para estudiar el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura, con el objetivo de establecer recomendaciones “sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables”, y una segunda sobre la “Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España”. Esta última, según recoge el texto de la norma, tendrá el cometido de elaborar un informe “sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España”.
El ministro también ha anunciado que se prevé crear un Museo de Memoria Democrática que se ubicará en Madrid. Se aprobará a través de un real decreto en coordinación con el Ministerio de Cultura. En el capítulo de exhumaciones, Torres ha dado cuenta que dentro del plan cuatrienal se ha recuperado 4.500 cuerpos.
Casi dos años y medio después de la aprobación de la ley, el Ejecutivo todavía tiene pendientes de desarrollar legislativamente una buena parte de sus medidas o culminarlas. Una de ellas tiene que ver con la disolución de las fundaciones o asociaciones que puedan hacer apología del franquismo, como sería el caso de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Esta fue una de las prioridades que se fijó en el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres tras asumir las competencias en memoria democrática que antes dependían de Presidencia.
Como ha argumentado Torres, a través de la modificación de la Ley de Fundaciones, se regula el procedimiento por el que el Protectorado pueda instar la extinción judicial en los «supuestos de ensalzamiento del golpe de Estado y la dictadura o enaltecimiento de sus dirigentes». Un procedimiento más garantista, ha defendido, así como «con más plazo para culminar los expedientes». En esta línea, ha avanazdo también que «en cuanto Patrimonio Nacional termine la auditoría de bienes, procederemos a la extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz».
Medidas pendientes
Si las convocatorias electorales y los meses trascurridos con el Gobierno en funciones frenaron el impulso de la norma, la prórroga de los Presupuestos de 2023 amenaza con retrasar la intención de aumentar los recursos. Tanto económicos como humanos, para dedicar a los trabajos de exhumaciones, la retirada de simbología franquista en los municipios donde todavía persiste y las medidas en materia educativa y de formación del profesorado.
Otras de las medidas que deberán esperar tiene que ver con la catalogación y revisión de las reparaciones por bienes incautados. «Estamos realizando los ajustes precisos con el Ministerio de Hacienda», ha explicado Torres. La norma recoge expresamente el desarrollo de un decreto con el reglamento sobre la «restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, el cual fijará un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución o compensación».
Otro de los desarrollos normativos pendientes tiene que ver con la resignificación del Valle de los Caídos. Bajo la denominación de Valle de Cuelgamuros se pretende dotar de un nuevo marco jurídico para convertirlo en un lugar de memoria democrática, de carácter civil, destinado “a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”.
