A raíz de una queja de una juez de Barcelona, hace unos días el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) instó al Departament de Justícia a que informase sobre «los servicios mínimos establecidos derivados de los actos de protesta de los funcionarios de prisiones». En concreto, los juzgados alertaban sobre que la situación en las cárceles, con el bloqueo de los trabajadores penitenciarios, impedía la celebración de diligencias judiciales, también las que se tenían que realizar por videoconferencia desde los centros.
El Departament de Justícia ha informado al TSJC que «no consta ninguna comunicación del cese temporal, colectivo y concertado del trabajo por parte de las organizaciones sindicales o de la mayoría del personal funcionario en el ámbito penitenciario». Además, han señalado que «la autoridad laboral competente» tampoco tiene constancia de ninguna «convocatoria formal de huelga» y por eso no hay servicios mínimos.
Los trabajadores penitenciarios se concentran este miércoles frente a la Generalitat para protestar por la falta de seguridad. El asesinato de una cocinera en Mas d’Enric por un interno hace una semana desencadenó esta oleada de protestas en las que los sindicatos y el personal reclaman la dimisión o cese de la consellera Gemma Ubasart y del secretario de Medidas Penales Amand Calderó.
Este jueves Ubasart acudirá al Parlament a dar explicaciones sobre la crisis en las cárceles, en las que se han producido cinco días de bloqueos y los sindicatos han plantado a la cúpula de Justicia para negociar. Los sindicatos han convocado acciones de protesta ante el Parlament.
Por otro lado, unas 15 entidades de derechos humanos, juristas y asociaciones de familiares de personas presas denuncian, ante el Síndic, el servicio de Inspección del Departamento de Justicia, la Fiscalía del TSJC y el Comité Europeo de Prevención de la Tortura, que los bloqueos de las entradas y salidas de las prisiones y la prohibición de salir de las celdas es una vulneración de los derechos fundamentales de los internos
Las entidades lamentan que se impida entrar o salir a personal penitenciario, voluntarios y otros profesionales y advierten «que se está privando a las personas presas de salir de sus celdas, acudir a los servicios médicos y de enfermería, disfrutar de los permisos, recibir visitas, ropa, dinero, asistir a juicios, comunicarse con sus letrados y letradas, o acceder al Servicio de Orientación penitenciaria. Estas medidas han afectado a más de 4.000 personas presas que se han encontrado estos días en aislamiento penitenciario».
También una veintena de entidades cristianas han expresado su «preocupación ante la grave situación en la que se encuentran los internos de los centros penitenciarios catalanes a consecuencia de las movilizaciones de los funcionarios de prisiones, que provocan confinamientos en celda y fuertes restricciones de la libertad de movimientos y de comunicación con las familias y abogados». Han asegurado que «se debe evitar «la vulneración de derechos fundamentales de los internos, y no deben hacer retroceder al actual modelo penitenciario catalán, basado en la reinserción social».
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