El exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz sostiene en el escrito de defensa que ha presentado de cara el juicio previsto en la Audiencia Nacional por el espionaje contra el extesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas que el juez Manuel García Castellón ha cerrado «en falso» sus pesquisas. Según su opinión, que plasma en un escrito el letrado Jesús Mandri, el instructor se ha limitado a investigar «al entorno del Ministerio del Interior» y ha obviado la existencia de «numerosos elementos e indicios obrantes en la causa que apuntaban hacia otras personas de instancias ajenas a dicho Ministerio«.
De esta forma el letrado del exministro del Gobierno de Mariano Rajoy apunta, aunque sin citarla de forma expresa, a la responsabilidad de la cúpula del PP, cuyos dirigentes fueron exonerados por García Castellón. En sentido contrario, tanto Fernández Díaz como su entonces número dos, Francisco Martínez, afrontan una petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 15 años de cárcel.
Este “encapsulamiento» de los hechos imputados en el Ministerio del Interior, y el rechazo a investigación judicialmente a «otras instancias, incluso contra el criterio de la propia Fiscalía anticorrupción», prosigue el escrito del letrado Mandri, sería el motivo por el que Fernández Díaz ha acabado en el banquillo de los acusados, en su calidad de «máximo responsable gubernamental (en palabras de la Fiscalía)».
Ajeno a toda lógica
Esta forma de actuar de García Castellón, lamenta el escrito de defensa de Fernández Díaz, «es ajena a toda lógica», al mismo tiempo que es «contradictoria con el resultado de las diligencias practicadas». Al mismo tiempo, ha «perjudicado gravemente ya (antes del juicio)» a su cliente, «quien se verá sometido a una pena de banquillo y telediario tan innecesaria como injusta», dice.
De izquierda a derecha Jorge Fernández Díaz, Ignacio Cosidó, Francisco Martínez y Mariano Rajoy en un acto celebrado en 2014. / EPE
El escrito de defensa pone de manifisto, también, el hecho de que a Fernández Díaz «no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial en la pieza separada del caso Gürtel de los Papeles de Bárcenas. No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto, por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial«, destaca el letrado, que concluye: «Es tan evidente que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior, como que Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio».
Francisco Martínez
Por su parte, el que fuera número dos de Fernández Díaz, Francisco Martínez, considera que, dado que los supuestos delitos que se le atribuyen, y por los que también se le piden 15 años de cárcel, fueron cometidos en beneficio del PP, el partido ahora liderado por Alberto Núñez Feijóo debería ser condenado como partícipe a título lucrativo.
Respecto de las acusaciones, lamenta que ninguna de ellas se dirija contra el PP como responsable penal de lo ocurrido en la operación policial que se considera delictiva, pues ello «hubiese resultado más congruente» con el hilo argumental de sus escritos de acusación.
La defensa sostiene que el que fuera número dos de Interior cuando se produjeron los hechos no es responsable de ninguna de las conductas que se atribuyen. «Es completamente incoherente investigar durante más de cinco años un supuesto encubrimiento, practicando toda clase de diligencias invasivas de derechos fundamentales, como intervención de comunicaciones y registro domiciliario y «no investigar en absoluto los delitos supuestamente encubiertos o a sus autores y partícipes, máxime si ocuparon altísimos cargos públicos«.
Pese a considerar que el PP pudo beneficiarse de la actividad de los procesados, en otra parte del escrito, la defensa ejercida por los letrados Juan Antonio Frago y Verónica Suárez parece sostener justamente lo contrario, al defender que en la causa no existe ningún documento o testimonio» que demuestre que existió una operación llamada Kitchen, salvo las publicaciones aparecidas en prensa años antes de iniciarse la investigación y en plena campaña de las elecciones generales de 2015. Ello hace suponer, añade el escrito al que ha tenido acceso este diario, que la filtración del operativo «no se hizo precisamente con ánimo de beneficiar al Partido Popular, sino todo lo contrario».
Nieto y Marlaska, testigos
En uno de los puntos concretos de la acusación, relativa al nombramiento del que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como Policía Nacional en compensación de sus servicios, destaca que éste se produjo el 16 de mayo de 2017 cuando el secretario de Estado era ya José Antonio Nieto, al que pide que comparezca como testigo.
Igualmente, esa parte interesa la testifical del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que arroje luz sobre el funcionamiento de los fondos reservados, su autorización y justificación, y del que fuera fiscal anticorrupción del caso Ignacio Stampa.
El escrito, de 30 páginas, se fundamenta en el hecho de que Martínez nunca recibió documentación alguna, en ningún soporte, de pruebas que obrasen en poder del ex tesorero del PP Luis Bárcenas o de su familia en el marco de una operación que se hubiera orquestado con el objetivo de sustraer material relacionado con la investigación judicial de Gürtel.
El juez concede el tercer grado al extesorero del PP Luis Bárcenas. / EFE
Igualmente, interesa que las siete grabaciones de sus conversaciones con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, realizadas por el expolicía, sean invalidadas, ya que «fueron obtenidas, almacenadas y tratadas vulnerando el derecho a la autodeterminación informativa de las personas grabadas de forma subrepticia». Añade que además fueron incautadas «sin las más elementales garantías en la cadena de custodia.
«Para esta defensa, la condición de acusación popular de los partidos políticos ha introducido un permanente sesgo de politización en esta investigación, agravado por las declaraciones públicas incriminatorias realizadas por representantes políticos y miembros del Gobierno, incluido el propio ministro del Interior en sede parlamentaria», lamenta. Apunta también, como parte de esta ‘politización del procedimiento», a la investigación sobre la ‘Operación Kitchen’ en el Congreso.
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