El Ayuntamiento de Alicante no quiere que la demora en aprobar el Catálogo de Protecciones pueda abrir una puerta a la demolición de edificios protegidos, como ya sucedió en la etapa del tripartito. La suspensión temporal de licencias de demolición y similares en los inmuebles pendientes de protección se extinguirá este mes de julio, por lo que la Concejalía de Urbanismo ha iniciado los trámites para pedir al Consell la suspensión de la normativa urbanística actual para establecer un régimen de urgencia. Un problema que viene de largo, ya que el catálogo lleva pendiente de aprobación desde hace casi una década, un periodo en el que diferentes gobiernos de diverso color político han intentado, sin éxito, sacarlo adelante.
El Catálogo de Protecciones es, según el Decreto Legislativo 1/2021 del Consell, un instrumento de ordenación municipal para determinar aquellos elementos, espacios o bienes inmuebles que requieren un régimen de conservación específico debido a sus especiales valores culturales, naturales, paisajísticos o de otro tipo. Un documento que obligatoriamente debe formar parte del Plan General Estructural de un municipio.
En 2015, en etapa del tripartito de izquierdas, el Ayuntamiento de Alicante inició la tramitación del Catálogo de Protecciones de forma autónoma a la del PGOU para adelantar, en la medida de lo posible, su aprobación. El gobierno de Echávarri pretendía así evitar la desprotección de un número considerable de elementos patrimoniales con valor cultural, histórico, arqueológico, ambiental, que no contaban con garantía de conservación. Sin embargo, el ejecutivo local cambió de color político sin lograr su aprobación definitiva: el PP y Cs, con el apoyo de los dos tránsfugas (Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte) tumbaron el documento ante el temor a indemnizaciones millonarias por la protección de suelo
Posteriormente, con el bipartito de PP y Cs al frente del Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo Adrián Santos Pérez intentó de nuevo llevar adelante la iniciativa. En septiembre de 2020, tras un periodo de exposición pública, el Pleno municipal aprobó provisionalmente el borrador con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos, el PSOE y Compromís, el rechazo de Vox y la abstención de Unides Podem.
Tras la pandemia, todavía con el catálogo en trámites, el Ayuntamiento acordó la suspensión de ciertas licencias de forma temporal, hasta conseguir luz verde definitiva al documento. Fundamentalmente, quedaron suspendidos los permisos de demolición y los de obra que conllevasen actuaciones en edificios que pudiesen afectar a elementos incluidos en las fichas del catálogo.
Una suspensión que contaba con un plazo máximo de dos años, por lo que caducará en julio de este 2024. Debido a que el Catálogo de Protecciones aún no ha entrado en vigor (casi una década después de su primer intento de aprobación) el Ayuntamiento necesita ahora una herramienta que permita continuar protegiendo aquellos elementos susceptibles de incluirse en el documento que podrían quedar desamparados a partir del próximo mes de julio.
Régimen de urgencia
Para ello, la Concejalía de Urbanismo, ahora dirigida por la concejala popular Rocío Gómez, tiene previsto solicitar al Consell una nueva suspensión de la normativa urbanística vigente para establecer un régimen de urgencia aplicable a los bienes en trámite de catalogación.
De acuerdo con el documento que la Comisión de Urbanismo prevé aprobar este mismo jueves, la suspensión se extenderá «hasta la entrada en vigor del Catálogo de Protecciones», que se encuentra actualmente en tramitación. Mientras, «solo se permitirán sobre los inmuebles las actuaciones que estén admitidas y sean compatibles con lo establecido» en la futura normativa, de acuerdo con el documento aprobado en pleno en 2020. Además, las licencias urbanísticas que se pudieran otorgar «seguirán la tramitación contenida en el propio catálogo, requiriendo para su autorización de informe previo de carácter favorable».
Se trata, según la propuesta de Urbanismo, de «una situación de carácter excepcional ante el riesgo de pérdida o destrucción de parte del patrimonio en trámite de catalogación». Una medida que se aplicará a los bienes que están actualmente afectados por la suspensión y que figuran identificados en las fichas del catálogo en tramitación como bienes catalogados con protección integral, parcial, ambiental y tipológica (BCI, BCP, BCA y BCT, respectivamente). Fuera de esta regulación quedarían los Bienes de Interés Cultural (BIC), puesto que ya gozan de tal condición.
Críticas del PSOE
Una situación que, a juicio del PSOE, se debe a que el equipo de gobierno de Barcala ha dejado pasar más de tres años «sin atender los requerimientos de subsanación que realizó la Generalitat Valenciana para poder seguir con el trámite de aprobación definitiva del Catálogo de Protecciones de Alicante».
Para la concejala socialista Trini Amorós, «no se ha hecho absolutamente nada en todo este tiempo, ni siquiera han dado cuenta al Pleno sobre qué trabajos se están realizando». Amorós lamenta que «tampoco han convocado ninguna comisión de urbanismo para abordar este asunto».
Por estos motivos, la concejala socialista apunta que en su grupo están «absolutamente comprometidos con la necesidad de proteger el patrimonio, pero clama al cielo la dejadez del equipo de gobierno, que no ha hecho nada en los últimos tres años».
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