Canarias trata de evitar que Bruselas bloquee la llegada de fondos europeos por las sospechas de fraude que se ciernen sobre las compras de mascarillas vinculadas al caso Koldo que se cargaron al Fondo de Desarrollo Regional (Feder). Por ello el Gobierno canario ha decidido renunciar a la certificación de 10 millones de euros que se habían adelantado para adquirir el material sanitario a la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL, implicada en la trama donde figura el exasesor del exministro José Luis Ábalos. La Comunidad Autónoma ha dado este paso en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Baleares, que también ha descertificado 3,7 millones de euros.
Bruselas cifró en 17,7 millones de euros el impacto que supone el caso Koldo sobre los fondos europeos. La mayor parte de esa cantidad son las compras realizadas por los gobiernos de Canarias y Baleares, aunque es la Comunidad canaria la que se lleva la mayor cuantía con 10 millones de euros bajo sospecha.
La Comisión Europea reclamó aclaraciones al Gobierno español sobre esas cantidades y las compras certificadas, ante lo cual Hacienda decidió que lo mejor era renunciar a ese dinero comunitario para evitar problemas posteriores con la Comisión Europea, ya que ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas se pueden permitir el lujo de sanciones o bloqueo en la percepción de fondos.
Estrecha vigilancia
La Comisión Europea advirtió la semana pasada que seguirá «vigilando detenidamente» la evolución de los acontecimientos y «tomará las medidas adecuadas para asegurar la protección de los intereses financieros de la Unión», porque tiene «cero tolerancia con el fraude».
Así, un portavoz de la Comisión recordó que Bruselas dispone de «muchas posibilidades y herramientas», como interrumpir o suspender los pagos a Estados miembros, imponer «correcciones financieras», adoptar medidas administrativas y recuperar los fondos ya desembolsados.
La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián. / CEDIDA
Investigación
El Ejecutivo regional, según ha manifestado la consejera de Hacienda Matilde Asián, confía en que la renuncia a estos 10 millones de euros desactive parte de la investigación en manos de la Fiscalía Europea después de que la Audiencia Nacional le remitiera el informe de la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF), que desgrana la operativa de las adjudicaciones para la compra de mascarillas por más de 53 millones de euros obtenidas por los empresarios de la trama Koldo en 2020 a varias administraciones públicas, entre ellas la Comunidad Autónoma canaria. Las sospechas de un posible fraude en el uso de los fondos europeos conlleva sanciones como la devolución o la interrupción en el desembolso de los mismos.
Según fuentes consultadas, retirar una certificación de fondos europeos permite poder presentar otros proyectos y no desaprovechar el dinero, ya que, en caso contrario, habría que devolver la cuantía cobrada si se demuestra que ha habido fraude a las arcas europeas. Los gobiernos tienen que justificar en Bruselas en qué se han gastado en función de los proyectos que se han presentado o de las líneas de financiación de actuaciones y programas que son susceptibles de recibir financiación comunitaria.
Fiscalía Europea
La descertificación no es algo tan inhabitual en las administraciones públicas, ya que se realiza con cierta asiduidad porque haya un cambio de prioridades o de proyectos de los que se han presentado a Bruselas, pero que son compatibles con la recepción de financiación comunitaria. Si se justifica el cambio no hay problema en la mayoría de las ocasiones.
Hacienda admite que descertificar fondos se puede hacer tanto a iniciativa del centro gestor como debido a las labores de control y verificación que realiza el órgano fiscalizador. Por ello, renunciar a estos 10 millones de euros no supone necesariamente perderlos, ya que se pueden presentar otros proyectos o certificaciones de gasto equivalentes para que se puedan reintegrar. Sin embargo, en un asunto con sospechas de fraude habrá que esperar lo que dictamine la Fiscalía Europea, sin olvidar este asunto también se encuentra en la Audiencia Nacional.
La «prudencia» ha obligado tanto al Ministerio de Hacienda como a los gobiernos de Canarias y Baleares a tomar esta decisión de renunciar a 17,7 millones de fondos europeos, aunque a día de hoy ninguna autoridad judicial ha establecido que los procedimientos y contratos hayan sido incorrectos o ilegales. La Consejería de Hacienda del Gobierno regional también decidió revocar las certificaciones al constatar la Intervención General de la Comunidad Autónoma que se pagaron las mascarillas por encima del precio del mercado y porque una parte de las mismas eran de una calidad inferior a las que se habían comprado, ya que en vez de FFP2 eran de las llamadas quirúrgicas.
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