El Parlamento Europeo ha aprobado un informe que reclama a la Generalitat de Cataluña que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo para garantizar, al menos, un 25% de la enseñanza en castellano, tanto en las escuelas como en la Universidad. La comisión de Peticiones (PETI) ha instado este martes al Govern y al Gobierno español a que aseguren, también, que se dé el mismo trato al castellano y catalán y se respeten los derechos de las familias y los alumnos en las comunicaciones con los centros.
La votación ha salido adelante con sólo seis votos en contra. Entre ellos, los de los eurodiputados del PSOE, ERC y Podemos, además del de la eurodiputada letona acusada de espionaje a favor de Rusia, Tatjiana Zdanoka.
El Parlamento Europeo acogió las denuncias de varios colectivos civiles de Cataluña, presentadas por primera vez en 2017, y decidió asumir la petición y enviar una misión a Barcelona para conocer la realidad.
Tras la votación, la presidenta de PETI, Dolors Montserrat, ha celebrado la aprobación del informe «ya que lanza un mensaje claro de apoyo europeo al bilingüismo en Cataluña», precisamente en la precampaña electoral del 12-M, «y el acatamiento de las sentencias», es decir, el cumplimiento del Estado de derecho. Esto último ya se lo exigió el comisario de Justicia, Didier Reynders, a Pere Aragonès en una visita del president a Bruselas, en octubre de 2022.
Dolors Montserrat, presidenta del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.
Montserrat, que es también la jefa de la delegación del PP en la Eurocámara y vicepresidenta del grupo de los populares europeos, ha reclamado a la Generalitat y Gobierno de Pedro Sánchez ejecutar las recomendaciones europeas y no ignorarlas. «La Generalitat vulnera los derechos de las familias y Sánchez no hace nada para evitarlo», ha lamentado.
«Hoy empieza el fin del tabú en la política lingüística de los secesionistas en Cataluña», celebraba Maite Pagaza, eurodiputada de Ciudadanos (Renew) que impulsó las peticiones que motivaron la misión de la Eurocámara a Cataluña el pasado diciembre.
Las recomendaciones finales del informe sobre la misión de una docena de europarlamentarios a Cataluña para evaluar el modelo de inmersión lingüística en las escuelas de la región, son durísimas. El documento endurece el tono del primer borrador debatido en esta comisión hace un mes y añade, entre otras advertencias, su preocupación por que el régimen lingüístico catalán limite en la práctica la libertad de circulación europea.
El informe reclama al Govern y al Gobierno acciones para evitar la intimidación a niños y familias castellanohablantes y «entablar un diálogo constructivo» con ellos. «Prometimos que haríamos todo lo posible para desenmascarar el fundamentalismo lingüístico y proteger a las familias y a los niños», celebraba Pagaza.
Maite Pagazaurtundua, eurodiputada de Cs, vota en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.
Montserrat ha proclamado, en una atención improvisada a los medios a la salida de la sesión, que «el informe europeo no va contra ninguna lengua, sino que defiende las dos, catalán y castellano. Que las lenguas convivan en la educación como lo hacen en las calles es garantía de convivencia y también el real reflejo de una sociedad bilingüe«.
Por su parte, la eurodiputada balear Rosa Estaràs, que también participó en la misión, ha celebrado que «hoy es un gran día porque ha ganado la democracia, la Constitución y el Estado de derecho».
El informe
El Parlamento pide «a las autoridades regionales y nacionales que colaboren para poner fin a la violación de los derechos fundamentales de los padres, los niños y las familias». Y reclama a la Comisión Europea, que garantice que España «hace respetar los derechos de los niños hispanohablantes».
A la misión asistieron diputados de los grupos del Partido Popular Europeo (PPE), representantes de los liberales de Renew y los Conservadores y Reformistas del ECR. Pero no acudió ninguno de los eurodiputados socialistas, de La Izquierda (Podemos, Sumar e IU) o de los grupos que incluyen al independentismo catalán o vasco. Éstos calificaron la misión de «farsa» y al mismo Comité PETI de estar «politizado» por parte de los grupos de la oposición españoles, que son mayoría en la Eurocámara.
La recomendación va más allá de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ratificada por el Supremo, que establece la obligación de que al menos un 25 % de la docencia se imparta en castellano. El borrador ya alertaba sobre la «falta de medidas para aplicar esta sentencia judicial». Pero ahora, mediante una enmienda aprobada, «hace un llamamiento a las autoridades catalanas para que no obstaculicen la ejecución de esta sentencia«.
Entre las enmiendas consensuadas al borrador inicial, figura también la advertencia de que dichas medidas necesarias «no pueden implicar en ningún caso la exclusión de una de las lenguas oficiales como lengua vehicular». También señala que las materias no troncales (como la educación física) no pueden equipararse en este cálculo a la enseñanza de asignaturas troncales, como las matemáticas o la historia.
«Los centros educativos de Cataluña deben ofrecer a los alumnos oportunidades adecuadas para que adquieran un buen dominio tanto del catalán como del castellano, así como los conocimientos lingüísticos necesarios para que tengan pleno acceso a todas las oportunidades laborales, sociales y culturales«, insiste el texto.
Los eurodiputados añaden al informe una preocupación por una potencial limitación a la libertad de circulación en la UE.
El documento establece que en Cataluña se «impide a las familias que se trasladan a Cataluña estudiar en castellano, lengua oficial, lo que afecta a sus derechos y restringe sus opciones de búsqueda de empleo en su propio país». Y que, además, esta circunstancia genera «graves disfunciones para los alumnos con necesidades especiales cuya lengua materna es el castellano».
